En Alajuelita los vecinos viven aterrados por la escalada de violencia que dejó 45 homicidios en el año recién concluido, casi un muerto por semana. En cuestión de tres años, los homicidios crecieron un 800%, pues en el 2021 y el 2022 solo hubo cinco crímenes de ese tipo.
La oleada parece continuar, pues solo entre el 20 y el 23 de enero seis jóvenes con edades entre los 15 y 26 años fueron asesinados, y se presume que sus muertes están asociadas a líos del narco.
En los últimos dos años, son 68 los ultimados en ese cantón josefino, en su gran mayoría por problemas relacionados con bandas dedicadas a la distribución y venta de drogas. El distrito de San Felipe, que es el segundo en extensión y el más poblado de Alajuelita, registró 24 asesinatos en el 2024, más de la mitad de los ocurridos en el cantón.
En Tejarcillos de San Felipe, una joven madre salvadoreña, quien por temor prefirió no dar su nombre, relató que se vino de su país porque había asesinatos día y noche, y daba miedo salir a las calles. Sin embargo, afirma que Costa Rica está casi igual.
Ella tiene varios años viviendo en ese poblado y, mientras departía con dos de sus hijas la mañana del miércoles, afirmó que la situación “está horrible porque hay demasiados muertos”. Dice que, como ella no anda en malos pasos y conoce la zona, todavía puede salir a las calles, pero reconoce que incluso para quienes no la deben, el peligro está a la vuelta de cada esquina.
El triple asesinato del 20 de enero ocurrió en el mismo distrito donde ella reside. Ese mismo día, a media mañana, hubo otro tiroteo que dejó dos heridos colaterales en una alameda cercana a su casa y a las 12:40 p. m. mataron a otro muchacho a 105 metros del parque de Alajuelita. Los pistoleros huyeron en medio de un contingente policial y lo mismo ocurrió la madrugada del 23 de enero en Concepción, cuando motorizados mataron a balazos a Bryan García, de 26 años, y dejaron heridas a otras dos personas sin relación con el conflicto.
En medio de un operativo reforzado entre la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Policial (OIJ) y la Policía Municipal de Alajuelita, la noche del jueves un quinceañero fue la sexta víctima de una semana violenta. De esos seis homicidios, cuatro ocurrieron en San Felipe, uno en Concepción y otro en el distrito Central.
Tejarcillos es una de las zonas más conflictivas, queda a dos kilómetros del parque de Alajuelita. Ahí se accede por calles pavimentadas que en lo alto se ramifican hacia callejuelas de tierra y sin aceras, que se adentran zigzagueantes a las montañas, algunas de ellas pobladas de ranchos.
Conforme se gana altura, se ven los edificios de la capital, que contrastan enormemente con los humildes caseríos de San Felipe, ubicados a solo siete kilómetros de San José.
Década de altibajos en Alajuelita
Homicidios crecieron un 800% en tres años
FUENTE: OIJ, Municipalidad de Alajuelita e INEC. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Calladito más bonito
Frente a la escuela de Tejarcillos, los pobladores se negaban a dar declaraciones por temor a represalias. Uno de ellos, que barría las hojas secas en el cordón de caño, se negó a hablar. Cerca de él, un pensionado que laboró en el campo de la seguridad dijo que ahí se vive en una pura zozobra. El hombre conversaba entre dientes para disimular que daba declaraciones mientras, con un machete, elaboraba un bejuco a partir de la rama de un árbol. Afirmó que la Policía prefiere no asumir riesgos ante las bandas criminales y se hace la desentendida ante la proliferación de delitos relacionados con drogas.
Según él, las organizaciones pagan a los mismos policías por su silencio y para que los dejen traficar sin problemas. “Como los policías ganan mal, muchos de ellos optan por recibir el pago y hacerse los desentendidos ante lo que ocurre”, aseveró.
En medio de taxistas piratas, se alejó rápidamente cuando un hijo llegó a buscarlo.
En San Felipe, a un kilómetro del parque de Alajuelita, una joven nicaragüense, dueña de un local comercial, expresó que balas perdidas producto de tiroteos cercanos han ingresado a su establecimiento.
Con diez años de vivir cerca de la clínica de Alajuelita, al llegar a nuestro país abrió su negocio en San Felipe, con la intención de salir adelante. Sin embargo, además de enfrentar balaceras, también fue víctima de un asalto al local.
Comentó que por la inseguridad, la gente ya no quiere salir durante las noches, lo que afecta directamente al comercio. Como medida de precaución, suele modificar los horarios de apertura y cierre de su negocio. Además, ha instalado cámaras de seguridad tanto dentro como al frente del establecimiento, lo que le permite observar quién se acerca y quién entra.
A sus hijos, narró, prefiere no llevarlos ni a San Felipe ni al parque de Alajuelita, por seguridad, ya que no solo personas de bien lo frecuentan. Explicó que, en caso de una riña o un ajuste de cuentas, quienes estén cerca podrían resultar afectados.
Pobreza extrema y asentamientos muy cerca de la capital
De acuerdo con Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las disputas que se libran en la zona son por territorios entre bandas narco y los jóvenes son quienes ponen su sangre. En Tejarcillos, indicó, hay varios asentamientos humanos, como el conformado por familias provenientes del desaparecido precario Triángulo de Solidaridad, que estaba entre Llorente de Tibás y Calle Blancos, y que se terminó de desalojar en setiembre del 2019 para dar paso a la carretera de Circunvalación norte.
“Son regiones muy sobrepobladas, con condiciones de pobreza extrema y muy bajo índice de desarrollo humano, por lo que muchas personas distribuyen drogas como forma de salir adelante en la vida. Muchos jóvenes no razonan al integrarse a bandas que luchan por territorios para organizaciones que les facilitan hasta las armas de fuego para usarlas en las violentas disputas”, dijo Soto.
En Tejarcillos hay células de narcotráfico que se extienden hacia otros lugares del cantón, incluso a su parte central, donde a pleno día del lunes ocurrió el asesinato cerca del parque.
El OIJ está tras pistas de Jesús Rosales Pérez, alias Chus, nicaragüense de 35 años al que se relaciona con el triple homicidio ocurrido la madrugada del 20 de enero, el cual también dejó tres heridos. Una disputa a lo interno de la célula de la llamada banda de Los Lara, que controla las ventas de drogas en el asentamiento de Los Pinos, sería la causa del tiroteo que Chus habría ordenado para tratar de recuperar el mando perdido.
Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita, ha vivido gran parte de su vida en esta comunidad, incluso fue vicealcaldesa durante los ocho años previos a su elección. Ella calificó de lamentable lo que actualmente ocurre en su cantón y en todo el país, aunque declinó profundizar en la problemática y prefiere hablar de los esfuerzos positivos.
La funcionaria adelantó que la próxima semana tendrá una reunión con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, para buscar una estrategia permanente que devuelva la tranquilidad a la gente, con más presencia policial y operativos. Ese cantón de 98.000 habitantes, solo tiene 14 policías municipales en dos turnos de 8 horas, así que no se cubre ni el día completo.
El establecimiento de un parque industrial en Alajuelita, así como nuevos centros comerciales, ofrecen oportunidades de empleo que tanto faltan en la zona, pero requieren entornos seguros.
La criminóloga Tania Molina considera que las bandas asentadas ahí, como la de Los Lara o Los Myrie, desafían a la Policía con tiroteos a cualquier hora del día, incluso en zonas concurridas.
“Esos grupos están instrumentalizando a las víctimas colaterales. No les importa si va pasando un niño, una mujer embarazada, un adulto mayor o un bus cargado de pasajeros. Más bien se sirven de esa violencia colateral”, explicó.
Para ella, todas las personas que presencian esas escenas de fuego cruzado a pie o en vehículo también son víctimas de la inseguridad. En su criterio, las bandas usan esa violencia para crear terror y enviar mensajes tanto a sus propios miembros como a los rivales, dejando en claro quién manda en ese territorio.
Este jueves el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, y el subdirector del OIJ, Michael Soto, anunciaron una acción conjunta, como la realizada en noviembre del año pasado, que tuvo resultados positivos durante los 22 días en los que se implementó.
Se trata de un análisis criminal en lugares estratégicos e investigaciones de fondo para capturar y presentar ante la justicia a personas involucradas en los tiroteos recientes. La idea es desacelerar la escalada de violencia.
Erick Lacayo expresó que en Alajuelita la mayor parte de la población es gente honesta y trabajadora, por lo que ya comenzaron labores conjuntas que mantendrán por un tiempo en materia de contención y prevención para minimizar la incidencia delictiva.
Colaboró el periodista Yiren Altamirano.