El Poder Judicial descartó la apertura de tres oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante lo que resta del 2026 y el 2027, en puntos considerados estratégicos para la contención de la criminalidad y el tráfico de drogas: las subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas, en Guanacaste, y una oficina policial en Puerto Jiménez, Puntarenas.
La decisión responde a la imposibilidad de ejecutar ¢8.687 millones que fueron incorporados al presupuesto judicial por la Asamblea Legislativa del periodo 2022-2026, con el objetivo de fortalecer al OIJ y al Ministerio Público, ante el aumento de los homicidios y la expansión de grupos criminales en Costa Rica.
Aunque los recursos formaban parte del plan de gastos, el Ministerio de Hacienda no autorizó su utilización y, posteriormente, los excluyó del presupuesto del 2027.
Los recursos provenían de una reasignación de la partida destinada al pago de intereses de la deuda, aprobada mediante mociones impulsadas por las bancadas de oposición. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chaves rechazó la medida y se negó a girar los fondos.
Importancia estratégica
En la sesión de la Corte Plena del lunes 29 de junio, el director interino del OIJ, Michael Soto, enfatizó que las sedes descartadas respondían a necesidades operativas en territorios particularmente vulnerables.
“Ha estado en la voluntad nuestra, del Poder Judicial, de abrir esas oficinas porque hay una necesidad clara, pero no tenemos los recursos”, manifestó a los magistrados.
Soto destacó que la importancia de estas oficinas radica en que atenderán zonas de alta complejidad para la seguridad, donde no solo se registra una intensa actividad delictiva, sino que también existen condiciones que dificultan la respuesta de las autoridades, como la escasa presencia institucional, la amplitud del territorio y la distancia con las sedes del OIJ.
En el caso de La Cruz, indicó que el cantón reviste especial interés por las dinámicas asociadas al narcotráfico y la violencia. Sobre Cabo Velas, advirtió de que existe un “posicionamiento fuerte de estructuras criminales por el tema de drogas, vinculado, lamentablemente, al turismo”.
En cuanto a Puerto Jiménez, señaló que hay una presencia policial “muy limitada” y una marcada ausencia de guardacostas.
Ante consultas de La Nación, Soto subrayó que el Pacífico sur, “es la puerta de entrada del narcotráfico al país”.
Por su parte, en la misma sesión la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó que se pretendía destinar parte de los ¢8.000 millones congelados por el Poder Ejecutivo a la creación de 176 plazas, el alquiler de inmuebles, la adquisición de vehículos y el equipamiento necesario para la operación de las nuevas sedes.
Seguir igual
Consultado por La Nación sobre las alternativas disponibles, ante la imposibilidad de concretar estas aperturas, Soto reconoció que el OIJ deberá mantener el esquema actual de cobertura, pese a las limitaciones logísticas.
“Prácticamente, seguir como estamos haciendo ahorita, se lo digo puntualmente”, manifestó.
En la práctica, esto implica que la delegación de Liberia continuará atendiendo La Cruz, a pesar de las distancias y la dispersión geográfica del cantón. De igual forma, Santa Cruz mantendrá la cobertura de Cabo Velas, mientras que Puerto Jiménez seguirá bajo la jurisdicción de Golfito, “que es un OIJ muy pequeñito”, según Soto.
El magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Alfaro, externó su decepción por la imposibilidad de concretar los proyectos, pese al proceso previo de planificación, al tiempo que llamó la atención sobre la articulación que realizó el OIJ con las comunidades afectadas para avanzar con la propuesta.
En ese contexto, advirtió sobre el impacto de no ejecutar los recursos en un escenario de creciente inseguridad y lamentó que se estuvieran destinando esfuerzos para aplicar recortes a las acciones del Poder Judicial para luchar contra la inseguridad, en lugar de discutir “un acuerdo para establecer una comunicación efectiva con el Poder Ejecutivo para lograr esos ¢8.000 millones para poder abrir estas oficinas y poder dotarlas de personal”.
Comunidades pidieron presencia del OIJ
En cuanto a las gestiones hechas por las comunidades interesadas, Soto indicó que no participó en las primeras etapas del proceso, lideradas por el entonces director Randall Zúñiga, pero que sí tuvo una reunión reciente con vecinos.
“Tuve contacto con una de esas comunidades hacia finales del año pasado, donde nos preguntaban que a partir de cuándo se les iba a abrir la oficina”, mencionó Soto.
Ante la Corte Plena, agregó que la expectativa se había mantenido en el tiempo. “Estas comunidades han estado llamándonos, literalmente, para decirnos cuándo vamos a abrir la oficina. El decirle a estas comunidades que no vamos a abrir, tiene algún tipo de implicación, porque tienen algún tiempo esperando”, advirtió.
En declaraciones a La Nación, Soto relató una reunión directa con habitantes de una de estas zonas y el señalamiento que les habría hecho sobre las expectativas de que estas oficinas se materialicen.
“Les explicaba a ellos, cuando llegaron a la oficina, esto no es que hoy nos dan los recursos y mañana abrimos, es que requiere de toda una programación y una planificación”, expresó.
El jerarca subrayó que, más allá de la demanda social, la decisión de abrir nuevas sedes responde a criterios técnicos, como los análisis estadísticos. Igualmente, explicó que muchas de estas comunidades son alejadas y que la distancia limita la presentación de denuncias.
“Cuando se abre una oficina nueva normalmente incrementa la cantidad de denuncias”, agregó.
La Nación solicitó al OIJ los datos estadísticos que sustentan la apertura de las oficinas, pero la información no había sido suministrada al cierre de esta publicación.
Subdelegaciones y oficinas policiales
Sobre las particularidades entre subdelegaciones y oficinas policiales, el jerarca explicó que, más allá de su denominación, todas las dependencias del OIJ cumplen funciones similares.
“Todas las oficinas de OIJ hacen el mismo servicio que es la atención de casos, la recepción de denuncias y la investigación de los hechos punibles. La diferencia está en la capacidad o cantidad de recursos”, detalló.
En ese sentido, precisó que las delegaciones corresponden a sedes de mayor tamaño, ubicadas generalmente en cabeceras de provincia o cantones de alta demanda, mientras que las subdelegaciones —como las proyectadas en La Cruz y Cabo Velas— operan con menos personal.
Las subdelegaciones podrían contar con entre 15 y 30 funcionarios, indicó.
Por su parte, las oficinas policiales, como la prevista en Puerto Jiménez, cuentan con equipos aún más reducidos. “Son más pequeñas, de 10 a 15 personas aproximadamente”, detalló.