Durante la sesión de la mañana, 13 magistrados votaron a favor de la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva, mientras que ocho se pronunciaron en contra y hubo una abstención, correspondiente a la magistrada de la Sala Constitucional, Anamari Garro.
Del total del recorte aprobado, ¢8.687 millones corresponden a recursos que fueron incluidos por la Asamblea Legislativa durante el trámite del Presupuesto Nacional 2026, pero que el Ministerio de Hacienda se negó a girar, por lo que no pueden ser utilizados por el Poder Judicial. Según el Ejecutivo, esos fondos se destinarán al pago de intereses de la deuda. Ese monto representa el 63,15% del total de la disminución.
En contraste, la Corte rechazó bajar el presupuesto para 2027, que el Poder Ejecutivo debe presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.º de setiembre. En este caso, 19 magistrados votaron en contra de la solicitud de Chaves, dos a favor y la magistrada Garro se abstuvo.
Para ese plan de gastos, el director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow Hing, había presentado una propuesta de reducción por ¢6.378 millones.
Entes técnicos hacen advertencias
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó a los magistrados que el 63% del presupuesto del año en curso se encuentra en ejecución, ya fue separado o está comprometido.
“Este es el mejor esfuerzo institucional ante la situación que enfrentamos. Más allá de esto no resulta viable, estaríamos afectando más el quehacer institucional debido a que los recursos son escasos”, expresó la funcionaria.
Por su parte, Pow explicó que la formulación del presupuesto es una tarea que toma entre nueve a diez meses, por lo que efectuar un recorte como el pretendido por Hacienda en menos de una semana suponía “un ejercicio bastante complejo”.
Asimismo, advirtió que una reducción en los recursos generaría una caída en la capacidad operativa institucional actual, en la celeridad judicial y en el acceso a la justicia.
Ante una consulta de la magistrada Patricia Vargas, de la Sala de Casación Penal, el director de Planificación calificó de “bastante elevado” el riesgo del cierre de despachos, en caso de que se hagan mayores reducciones presupuestarias al Poder Judicial.
Magistrados: Déjennos trabajar
La solicitud de reducción planteada por Hacienda fue criticada por diversos magistrados, principalmente los integrantes de la Sala de Casación quienes señalaron que esto pondría en desventaja al Poder Judicial, frente a los grupos criminales a los que debe enfrentar, y que al final del día, serían estas organizaciones delicuenciales las que se beneficiarían de los recortes.
Uno de los que se manifestó en esta línea fue Rafael Segura, de la Sala de Casación Penal, quien aseguró que una medida de esa índole tendría como consecuencia que no se investiguen ni persigan los delitos cometidos, “pues no habrá Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no habrá atención a las víctimas, ni defensa pública”, declaró.
“Queremos seguir trabajando, déjennos trabajar”, reclamó.
Por su parte, Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, calificó de “curioso” que en febrero, antes de las elecciones, “teníamos una economía jaguar, fuerte para Costa Rica, y resulta que dos o tres meses después esta economía no llega a gatito”.
Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, expresó que “los límites políticos a lo que debe ser el respeto al Poder Judicial se perdieron y se fueron perdiendo desde el gobierno en el que yo fui presidente de la Corte (2018-2022), pero no tan grave como ahora”.
En su criterio, la solicitud de reducción presupuestaria se enmarca dentro de la propuesta que promovido por el gobierno de Laura Fernández para suspender garantías individuales, y que bajo ese contexto, “¿para qué se necesita el Poder Judicial".
Cruz también adelantó que, bajo su criterio, “esta petición tiene serios vicios de constitucionalidad”.
Mientras que Gerardo Alfaro, de la Sala Casación Penal, criticó que “todos los días se nos exigen respuestas más rápidas, más eficaces y más cercanas. Nos reclaman mayor acceso, mayor transparencia, mayor efectividad; esa exigencia es legítima, pero no puede pedirse más justicia mientras se reducen las herramientas para brindarla”.
El magistrado indicó que el presupuesto no es un privilegio, es una garantía funcional para la democracia, al ser la condición que les permite “actuar con libertad, imparcialidad y eficacia, frente al poder político, a los intereses económicos y las estructuras criminales”.
