Esa confianza es el activo más valioso de la institución y el sostén de uno de los mayores logros de nuestro Estado social de derecho. No cabe duda de que la confianza se nutre en el día a día con transparencia, rendición de cuentas e información financiera que permita conocer cómo se administra el patrimonio que financian las cotizaciones de tantas personas.
Sin embargo, desde hace un año la CCSS no emite o actualiza sus estados financieros y no se conoce cómo evolucionan sus principales cuentas, ni la creciente deuda del Estado que, hace 12 meses, según el último reporte, alcanzaba los ¢4,4 billones, dinero que, por ejemplo, alcanzaría para construir hasta 24 hospitales como el que se planea para Cartago.
La pérdida de visibilidad sobre las finanzas comenzó el 2 de junio del 2025, cuando entró en operación la plataforma de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP), un sistema informático que integra la información contable, financiera, logística y administrativa de la CCSS.
La inversión superó los ¢27.000 millones, pero, luego de 12 meses, los jerarcas y los informes señalan que el proyecto sigue en “proceso de estabilización”.
Durante los primeros meses provocó trastornos en la gestión de inventarios y el despacho de medicamentos y recetas médicas, así como en el abastecimiento de insumos y en el pago a proveedores. Incluso, hubo un día en que seis hospitales se vieron obligados a cancelar cirugías por falta de insumos.
Pese a tantos y graves tropiezos, la decisión de sustituir decenas de sistemas dispersos por una plataforma integrada como el ERP-SAP fue correcta. Pero, después de un año, el país ya no está para admitir más justificaciones sobre las dificultades propias de una implementación tecnológica. Más bien necesita conocer cuándo la Caja volverá a disponer de estados financieros al día y cuándo concluirá la “estabilización” del costoso sistema.
Gobernar en esas condiciones significa decidir con incertidumbre. Sin información financiera oportuna resulta imposible conocer con precisión cuál es la situación patrimonial de la institución, cuánto posee, cuánto debe, cuánto le adeudan, cuáles obligaciones deberá enfrentar en los próximos años o qué decisiones puede adoptar sin comprometer su sostenibilidad.
Más inadmisible aún es que esa oscuridad financiera termine normalizándose en una institución que administra un presupuesto de ¢7,3 billones —equivalente a más de la mitad del presupuesto del Gobierno Central— y de cuya estabilidad dependen el principal sistema de salud y el régimen de pensiones más grande del país.
La ausencia de información financiera confiable también dificulta una negociación seria con el Ministerio de Hacienda para resolver la creciente deuda del Estado con la CCSS. Sobre todo, en un momento tan delicado como el advertido por la Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2023, conocida por la Junta Directiva el pasado 16 de abril: de mantenerse el impago estatal, el Seguro de Enfermedad y Maternidad comenzaría a enfrentar una situación crítica hacia el 2030 y sus reservas podrían agotarse alrededor del 2036.
Estas circunstancias deben llevar al Gobierno de la presidenta Laura Fernández a garantizar el funcionamiento íntegro de la Junta Directiva. No es momento de prolongar vacíos en su integración ni de convertir la conducción de la CCSS en un escenario de confrontación política. Cuando una institución enfrenta incertidumbre financiera y un proyecto estratégico que aún no alcanza su estabilidad, lo que necesita es un órgano de gobierno que ejerza todas sus competencias.
Entonces, a los tres representantes del Gobierno, los tres del sector patronal y los tres del sector laboral les corresponde la responsabilidad de exigir resultados verificables, cronogramas de cumplimiento, estados financieros oportunos y explicaciones claras sobre el avance del ERP-SAP.
Se hace fundamental que cumplan sin demoras porque ya son muchas las cargas que soportan los asegurados de la CCSS: listas de espera históricas, infraestructura hospitalaria atrasada, investigaciones por presuntas irregularidades en contratos como el del caso Barrenador y, muchos más. Añadir opacidad contable a ese listado solo profundiza el deterioro institucional.
Si trabajadores y patronos cumplen con el pacto que sostiene la seguridad social, la CCSS tiene el deber de honrar el suyo. Eso comienza, ahora, por estabilizar el ERP-SAP y recuperar la transparencia financiera que permita administrar, con plena rendición de cuentas, la confianza de tantos miles de costarricenses.
