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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa una de sus peores crisis institucionales por el fiasco en la implementación de un sistema informático de $45 millones que prometía modernizar su gestión y terminó entorpeciendo su funcionamiento. La plataforma de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), desarrollada por la empresa SAP, se concibió para integrar finanzas, logística y administración, pues se trata de una herramienta vital para potenciar la eficiencia en la gestión y en el servicio.
El desastre –hay que dejarlo claro– no obedece a errores técnicos en el ERP, sino a una cadena de malas decisiones y advertencias desoídas. Solo entre noviembre del 2024 y mayo del 2025 hubo al menos cinco alertas de gerencias, consultores externos y la Auditoría Interna, según las cuales el proyecto no estaba listo para operar. Aun así, la Presidencia Ejecutiva y la Dirección Plan de Innovación insistieron en ponerlo en operación el pasado 2 de junio, un lanzamiento “forzado”, como lo calificó este 11 de noviembre un informe de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
Las consecuencias son terribles. La institución lleva meses sin estados financieros confiables, acumulaba deudas por más de ¢35.000 millones con proveedores al cierre de octubre, enfrentó atrasos en cirugías y entrega de medicamentos, y perdió control sobre algunos inventarios y activos. La cadena de suministros se volvió incierta. Incluso, la confusión generada por el propio sistema provocó el caso del supuesto robo de 21.000 ampollas de fentanilo en el Hospital México, algo que nunca ocurrió, pero que expuso el nivel de desorden en los registros. Todo ello degeneró en “impactos que amenazan la continuidad de las operaciones” de la CCSS, sentenció la Contraloría.
En medio de la grave situación, ninguna autoridad da la cara por los sobrecostos, las pérdidas económicas y el deterioro operativo que enfrenta la entidad. Menos aún, por el enorme daño reputacional que deja esta crisis gestada desde la improvisación. En ese contexto de silencio, resulta aún más desconcertante que la abogada y presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, se atreviera a calificar de “exitosa” la activación del ERP, como lo dijo el martes 11 de noviembre ante una comisión de diputados. Su afirmación la desvirtúan los informes de auditoría y de la CGR. Ese discurso triunfalista refleja una desconexión con la realidad institucional y una preocupante falta de autocrítica en quienes deberían rendir cuentas con transparencia ante los asegurados.
Más aún, porque fue la propia Taylor quien el 30 de mayo instruyó a las gerencias Médica, Administrativa, Logística, de Infraestructura y Tecnología, y Financiera para que “todos, sin excepción” usaran el ERP desde el 2 de junio. Era una tragedia anunciada. Cuatro días antes de la orden, el 26 de mayo, la Gerencia de Logística le había avisado a Taylor y a la Junta Directiva sobre el alto riesgo de desabastecimiento, colapso operativo y peligro para los pacientes, al no estar garantizada la continuidad logística ni la trazabilidad de los insumos médicos. De hecho, esa gerencia había sido clara: no existía plan de contingencia, según indica la reconstrucción cronológica del órgano contralor.
Incluso, dos semanas antes del lanzamiento, una firma asesora alertó de que ejecutar la salida en vivo a mitad de año fiscal implicaba riesgos de pérdida de control sobre movimientos y saldos, así como reprocesos contables. Además, reportó que en ese momento apenas había un avance del 76%, con interfaces sin certificar y cargas de datos incompletas, lo que comprometía la fiabilidad de la información financiera.
En medio de esa cadena de advertencias ignoradas, la Junta Directiva actuó como un espectador. Se limitó a conocer informes y aceptar explicaciones, pese a las reiteradas comunicaciones sobre los riesgos de implementar el ERP sin las condiciones necesarias. Tal pasividad resulta injustificable en un órgano conformado precisamente para fiscalizar y exigir cuentas, máxime cuando, en el 2023, fue la propia Junta la que modificó el modelo de gobernanza del proyecto, desplazando a los liderazgos técnicos y concentrando la toma de decisiones en la Presidencia Ejecutiva y en la Dirección Plan de Innovación. Esa decisión, según la Contraloría, implicó subordinar la gestión técnica de este millonario proyecto a un “mando político-administrativo”. En la práctica, se desmantelaron los contrapesos funcionales y especializados que habrían podido evitar el fracaso que hoy sacude a la institución.
La crisis del ERP debe crear un antecedente en la CCSS. Nunca más un proyecto de esta envergadura puede quedar subordinado a mandos políticos, y menos permitirse a los jerarcas ignorar las recomendaciones técnicas. La Junta Directiva tiene ahora la obligación ética y legal de asumir su papel y actuar con la firmeza que no tuvo antes. Debe demandar explicaciones, identificar a los responsables y garantizar que cada pérdida, cada error y cada omisión tengan consecuencias. El daño causado es demasiado grande para ser diluido en discursos complacientes.
