En vísperas de la llegada de un nuevo gobierno, el informe oficial de la comisión legislativa que investigó presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe servir como un manual de lo que no debe repetirse en los próximos cuatro años. El texto, aprobado el lunes en plenario por 24 votos contra 19, apunta los riesgos de una conducción errática, de decisiones alejadas del criterio técnico y de una politización que debilita la capacidad de concretar soluciones en favor de los pacientes.
A partir de lo que ya quedó documentado, el gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, tiene la oportunidad de corregir el rumbo a partir del 8 de mayo. Eso implica no solo reconocer los problemas, sino asegurar una administración idónea y blindar la toma de decisiones frente a cualquier interferencia política. El informe legislativo, producto de 16 meses de indagaciones e interrogatorios, debe aprovecharse para evitar que los mismos errores sigan produciendo las mismas consecuencias en los asegurados.
El diagnóstico de los diputados confirma una situación crítica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El mayor impacto se refleja en que ya subió a 1.250.000 el número de pacientes atrapados en listas de espera, con el agravante de una imparable escasez de especialistas que renuncian para migrar al sector privado. Es crítica por la inversión a cuentagotas en hospitales, clínicas y equipos; también porque la deuda de Hacienda con la institución subió de ¢2,7 billones a ¢4,4 billones (63%) en este mandato. Y es grave porque, pese a la magnitud de estos y otros problemas, los altos mandos no han demostrado capacidad ni liderazgo para concretar soluciones.
Antes de continuar, hay que aclarar que los siete legisladores de la comisión investigadora rindieron dos informes: uno de mayoría, aprobado por cuatro miembros, y uno de minoría, con los votos de tres. Sin embargo, el plenario legislativo respaldó el de minoría.
Las diferencias entre los dos informes son importantes. El de mayoría optó por diluir responsabilidades al atribuir la crisis a factores estructurales y acumulados. El de minoría, por el contrario, es contundente al señalar que decisiones adoptadas durante este mandato han incidido directamente en el empeoramiento de la situación.
La indagación confirmó que la CCSS arrastra problemas de larga data, pero también que una parte sustancial de la crisis radica en las competencias de sus jerarcas, tanto de antes como de ahora. Esto repercute en la ineficacia para reducir las eternas listas de espera; en el fracaso de la implementación del costoso sistema ERP, concebido para modernizar la gestión financiera, administrativa y logística, e incluso en el origen del escándalo por presunta corrupción en la contratación a grupos cooperativos de la atención en 138 Ebáis, caso conocido como Barrenador.
Hay hechos que no deben repetirse, como, por ejemplo, que quede en duda la idoneidad de la persona designada en la Presidencia Ejecutiva. El informe es categórico al señalar que “no fue posible determinar” si la abogada Mónica Taylor, quien laboraba en el despacho del mandatario, Rodrigo Chaves, antes de su nombramiento, en enero de 2025, cumple con el requisito establecido en el artículo 6 de la ley constitutiva de la CCSS, el cual exige a quien ocupe ese cargo contar con “reconocida experiencia y conocimientos en el campo correspondiente a la institución”. Eso, pese a que tiene la responsabilidad de administrar un presupuesto de ¢7,3 billones en salud y pensiones, y conducir un aparato institucional de más de 60.000 funcionarios, 29 hospitales, 188 áreas de salud y 1.589 Ebáis.
En el acongojante problema de las listas de espera, vuelve a aparecer el problema de capacidad y falta de requisitos, pues se atribuye la falta de soluciones no solo a deficiencias estructurales, sino a “desorganización administrativa”, “fallas de liderazgo, improvisación programática y posibles interferencias políticas”. Las deficiencias en aptitud las refleja, además, el hecho de que ocho personas han pasado en esta administración por la coordinación de la unidad contra las listas de espera, una rotación que impide dar continuidad a las estrategias y debilita cualquier intento de solución sostenida.
La historia se repite en la Junta Directiva. A algunos de los que fueron nombrados se les achaca haber “desoído” la recomendación técnica de la Junta de Adquisiciones de declarar infructuosa la licitación de los 138 Ebáis por motivaciones de precio, razonabilidad y marco normativo. No lo hicieron. En su lugar, buscaron un criterio “alterno favorable” y a partir de esa resolución se desencadenó el escándalo por presuntos sobreprecios por hasta ¢12.000 millones, los arrestos y la investigación judicial.
Dos datos que asustan: por la Directiva, conformada por nueve directores, han pasado 40 personas, y por la Presidencia Ejecutiva, otras cuatro, lo cual compromete la planificación a largo plazo y socava procesos estratégicos.
La prueba que enfrenta el próximo gobierno es crucial. No solo es fundamental que respete la autonomía de la CCSS, que se abstenga de toda injerencia en decisiones técnicas y que se asegure de que la conducción recaiga en las personas correctas. Eso marcará la diferencia entre prolongar la crisis o comenzar a salir de ella.
