Los diputados aprobaron enviar el informe de minoría sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) para que dicha entidades evalúen las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los diferentes hallazgos de la investigación.
Así lo establece, en sus recomendaciones, el documento impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), el cual fue aprobado este lunes en el plenario de la Asamblea Legislativa, con 24 votos a favor y 19 en contra.
La decisión se tomó después de rechazar el informe de mayoría que, en criterio de la oposición, era más complaciente con el gobierno de Rodrigo Chaves.
Entre sus conclusiones, el informe aprobado establece que la comisión no pudo acreditar que la actual presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, cumpla con el requisito de tener “reconocida experiencia y conocimientos” para ejercer ese puesto, por su ausencia de formación y trayectoria en salud, gestión hospitalaria o administración de sistemas de seguridad social.
Además, recomendaron a la Junta Directiva de la CCSS evaluar la pertinencia de la gerencia general.
En cuanto al Caso Barrenador, los diputados concluyeron que urge una rigurosa regulación en los procesos de contratación de terceros para impedir que se den trajes a la medida en los carteles o condiciones contractuales.
Dicho caso, que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, tiene que ver con un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones que habría otorgado la CCSS al adjudicar contratos a cuatro cooperativas de salud y una asociación médica para administrar 138 Ebáis.
Al respecto, los diputados señalaron que la Junta Directiva atendió criterios políticos y no técnicos al adjudicar las contrataciones. Indicaron que la presidenta ejecutiva de aquel entonces, Marta Esquivel, cometió acciones contrarias a la legalidad y la buena administración, por lo que determinaron responsabilidad de ella y los directivos.
También recomendaron al Poder Ejecutivo adoptar una política de respeto absoluto a la autonomía constitucional de la CCSS y no buscar incidir en las decisiones relacionadas con las contrataciones.
Al Ministerio Público, los congresistas pidieron tomar el informe de minoría como insumo técnico para establecer si hay hechos que se puedan considerar actuaciones ilícitas desde el punto de vista penal.
Además, recomendaron a la Contraloría reforzar su vigilancia de los procesos de contratación de alto impacto financiero dentro de la institución, así como evaluar la necesidad de dictar lineamientos para fortalecer la razonabilidad económica y el control previo en adjudicaciones estratégicas.
Fracaso con listas de espera
A criterio de los legisladores, la gestión de las listas de espera de procedimientos médicos ha sido totalmente insuficiente, desarticulada y sin resultados proporcionales a la gravedad de la crisis.
Hubo un incumplimiento en la hoja de ruta establecida para atender la situación y el programa de “cero listas de espera en mamografías” fue un fracaso por culpa de la improvisación política, señalaron los diputados.
Entre las recomendaciones a la CCSS, la Asamblea pidió diseñar un plan nacional de formación y retención de médicos especialistas, con mayor enfoque en Anestesiología, Ortopedia, Oftalmología, Ginecología y Cirugía General, así como una reforma integral del programa de mamografías y tamizajes.
En el informe aprobado, la Asamblea culpa directamente a la Presidencia Ejecutiva de la Caja por ser pasiva y permisiva frente a la deuda del Estado con la CCSS, al tiempo que señaló que el Ministerio de Hacienda no ha tenido intención real de pagar sus obligaciones.
El documento advierte de que, durante la administración Chaves Robles, esa deuda se incrementó en un 63%, al pasar de ¢2,7 billones a ¢4,4 billones, hasta julio del 2025, lo que tiene un impacto profundo en la atención a los asegurados.
No obstante, la comisión concluyó que la afirmación de que la CCSS está quebrada, lanzada desde el gobierno de Chaves varias veces, no tiene respaldo suficiente, pese al impacto de las acciones aplicadas por parte del Ejecutivo.
Finalmente, el informe de minoría concluye que los problemas generados por la nueva plataforma contable de la CCSS (sistema ERP-SAP ) no obedecen a aspectos de complejidad tecnológica, sino por una falla estructural de gobernanza, liderazgo y rendición de cuentas.
La implementación de dicho sistema, aprobada por la Directiva de la CCSS a pesar de alertas técnicas, derivó en problemas como atrasos en la entrega de medicamentos, pérdida de trazabilidad de fármacos, fallas en pagos a proveedores, suspensión de cirugías programadas y la imposibilidad de elaborar estados financieros.
Debido a lo anterior, los diputados solicitaron a la Auditoría interna de la institución y a la Contraloría ampliar o profundizar sus investigaciones.
