El documento recibió 19 votos a favor y 24 en contra, poco antes de las 6:30 p. m. de este lunes. De inmediato, el plenario votó el informe de minoría, que fue apoyado con 24 votos a favor y 19 en contra.
El principal argumento contra el documento, firmado por un diputado chavista, una socialcristiana, una fabricista y un independiente, es que no señala ningún responsable sobre la crisis de esa institución, pese a sus más de 400 páginas.
Daniel Vargas, María Marta Carballo, Olga Morera y Luis Diego Vargas impulsaron un reporte de la investigación sin exigir cuentas a funcionarios y jerarcas específicos por la situación crítica de la institución.
En contra del informe expusieron sus argumentos Rocío Alfaro y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA); Paulina Ramírez y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre otros.
Las congresistas señalaron, sobre todo, los problemas que -alegaron- ignoró el informe de la mayoría, como los relacionados con el caso Barrenador, los problemas con la plataforma ERP y el desmedido aumento de la deuda del Estado con la Caja, que durante la administración de Rodrigo Chaves ha duplicado su tamaño, de ¢2,7 millones a ¢4,4 billones.
El informe, apoyado por los ocho diputados de gobierno, también tuvo votos de los seis legisladores de Nueva República, uno del PUSC y tres independientes: Gilberth Jiménez, Luis Diego Vargas y Leslye Bojorges, así como la liberacionista Carolina Delgado.
En tanto, el informe de minoría, impulsado por las liberacionistas Andrea Álvarez y Dinorah Barquero, y la frenteamplista Rocío Alfaro, tuvo apoyo de cinco legisladores del Frente Amplio (FA), 14 del PLN, dos de la Unidad y tres independientes.
“La información que compilaron en el informe de mayoría se hizo con una estrategia de no identificar a ningún responsable, como si se hubieran dado hechos naturales, datos sin fuente”, dijo Alfaro.
El jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, reforzó esa crítica, al decir que son personas las responsables de las decisiones en la CCSS y sujetas a sanciones, por lo que no apoyarían el informe del gobierno.
La fabricista Olga Morera y los oficialistas Daniel Vargas y Ada Acuña alegaron que el informe de minoría, más crítico, se basaba en opiniones y no en hechos, lo que rechazaron los diputados firmantes de ese documento.
