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La auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinó que el nombramiento de Mónica Taylor podría ser incompatible con la ley y trasladó el caso a la Contraloría General de la República (CGR) para su valoración.
El eventual vicio legal se originaría en que Taylor mantiene un nombramiento en propiedad en el Ministerio de Hacienda, situación que, según una denuncia presentada ante la CCSS, contravendría la prohibición que impide a los miembros de la Junta Directiva de la institución de seguridad social ser funcionarios o empleados de los supremos poderes.
Así consta en un oficio remitido el 6 de noviembre de 2025 a la contralora general, Marta Acosta, por parte de Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS.
El documento sostiene que el artículo 7 de la Ley Constitutiva de la CCSS prohíbe que “los miembros o empleados de los supremos poderes”, así como los empleados de la institución, puedan integrar su Junta Directiva.
A ello se sumaría —según expone Sánchez— que dictámenes de la Procuraduría General de la República (PGR) y un voto de la Sala Segunda de 2008 han establecido que un permiso sin goce de salario, como el que mantiene Taylor, no extingue el vínculo jurídico con la institución de origen y que las licencias o permisos no constituyen una desvinculación definitiva de la plaza que se ocupa.
Taylor mantiene un permiso sin goce de salario vigente entre el 7 de junio de 2022 y el 7 de mayo de 2026. Originalmente, la autorización se giró para que esta asumiera como asesora de Rodrigo Chaves Robles en la Presidencia de la República.
Conclusiones de la auditoría
Según el auditor, “la conjunción disyuntiva ‘o’ amplía el alcance de la prohibición a cualquiera de las dos categorías (jerarcas o empleados), reforzando la finalidad de resguardar la independencia y la autonomía de la CCSS frente a los poderes del Estado”.
Sánchez alegó que la Ley General de la Administración Pública enumera las carteras ministeriales que integran el Poder Ejecutivo y que, dentro de esa nómina, se encuentra Hacienda, por lo que este forma parte de uno de los supremos poderes de la República.
Agregó que los dictámenes de la Procuraduría y la jurisprudencia de la Sala Segunda han coincidido en que la condición de funcionario público subsiste aún en los casos de permisos sin goce de salario, lo que podría implicar eventuales incompatibilidades previstas en la Ley Constitutiva de la CCSS.
Sánchez también informó sobre una solicitud que estaría en trámite ante la Procuraduría, sobre el alcance de los artículos 6 y 7 de la Ley Constitutiva de la CCSS. El primero de los numerales establece que la Junta Directiva es la máxima instancia de dirección institucional, mientras que el segundo contempla las limitaciones para formar parte del órgano.
El auditor informó sobre el envío de la denuncia a la Contraloría a la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), ante una consulta de ese despacho legislativo sobre el avance en el análisis del caso.
No obstante, aclaró que tal gestión no supone un adelanto de criterio ni pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del nombramiento, “valoración que corresponde exclusivamente a los órganos constitucional y legalmente habilitados para conocer y resolver sobre esa materia”.
En junio, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) dio a conocer que presentó una denuncia contra el Consejo de Gobierno ante la Procuraduría de la Ética Pública por el presunto nombramiento ilegal de Taylor.
