“¿Es verdad que la Junta Directiva (de la CCSS), cuando ustedes presentaron el informe de contabilidad de costos, se los rechazó?“, preguntó la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina.
Su interlocutora era Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y una de los seis comparecientes de este martes ante la comisión que investiga a esa institución.
Picado fue consultada sobre un estudio elaborado por su oficina que advertía sobre la existencia de sobreprecios en una licitación para contratar la administración de 138 Equipos Básicos de Atención en Salud (Ebáis).
“Hay un acuerdo de Junta en que se toma la decisión de apartarse del criterio técnico. Es correcto”, respondió Picado.
“¿Es común que la Junta Directiva considere apartarse del criterio técnico, cuando la función de ustedes es dar ese criterio?“, insistió Alfaro.
“No sé, lo desconozco porque no estamos en muchos de los procesos presentados en Junta Directiva. Pero sí fue impresionante para nosotros el que se haya dado en esta ocasión”, respondió la funcionaria.
“¿No les había sucedido antes?“, repreguntó la diputada frenteamplista.
“No, a nosotros no”, respondió Picado Vidaurre.
En la segunda comparecencia del 2025 que forma parte de las investigaciones de esta comisión legislativa sobre anomalías en la CCSS, acudieron tres funcionarios del área de Contabilidad de Costos de esa institución, dirigidos por Picado, y dos de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS, encabezados por Adriana Chaves Díaz.
Además, fue convocado Víctor Calvo Murillo, quien se identificó como funcionario de la Dirección de Red de Servicios de Salud, de la Gerencia Médica de la CCSS. Los seis respondieron por casi dos horas las preguntas de los diputados.
En su intercambio con la legisladora Rocío Alfaro, Azyhadee Picado confirmó que ella y el departamento que dirige tienen la facultad de generar estudios técnicos de razonabilidad de precios para las diferentes gerencias de la Caja.
“Desconozco si la Dirección (de Proyección de Servicios de Salud) lo tiene de igual forma”, afirmó Picado.
La Dirección de Proyección de Servicios de Salud era dirigida por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, quien fue la que presentó a la Junta Directiva de la CCSS, en una sesión extraordinaria, el estudio de razonabilidad de precios que sirvió de base para adjudicar la administración de 138 Ebáis y diez áreas de salud, el 6 de julio del 2024.
Actualmente, María de los Ángeles Gutiérrez figura entre los funcionarios y exfuncionarios de la CCSS que son parte de las investigaciones judiciales por el Caso Barrenador.
El acuerdo del 6 de julio se tomó a pesar de que existían recomendaciones para declarar infructuoso este proceso. La Junta se apartó de ese criterio.
En aquel momento, los directores consideraron que los datos presentados por Gutiérrez y su equipo eran un insumo suficiente para acreditar la pertinencia técnica, financiera y administrativa en satisfacción del interés público.
Junta de CCSS no dio razones para rechazar criterio
Luego de la comparecencia de los funcionarios de la Caja, varios diputados externaron este martes su criterio en relación con el manejo de esta multimillonaria licitación, ahora en proceso de escrutinio judicial y político.
“Los costarricenses tienen que tener claro que, siendo el departamento (de contabilidad de costos) el que tiene la capacidad técnica y la potestad técnica de hacer los estudios de razonabilidad, se le impidió continuar con el estudio técnico que habían presentado, y se le trasladó a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud para hacer, a mi juicio, un estudio a la medida”, manifestó la frenteamplista Rocío Alfaro.
Cuando Alfaro le consultó a Picado si la Junta Directiva le dio al Área de Contabilidad razones para rechazar su criterio, la funcionaria respondió que no, “ninguna razón”, ni verbal ni por escrito.
Por su parte, Adriana Chaves confirmó que la Junta Directiva solicitó integrar una comisión más. Entre otros, este grupo estuvo integrado por Chaves, Picado y funcionarios de la Dirección Jurídica de la CCSS.
“Si bien no puedo referirme al fondo del estudio y lo que se verificó (...), efectivamente formamos parte y, como bien lo señaló el director jurídico (Gilberth Alfaro Morales), no avalamos el estudio”, enfatizó Chaves.
Por su parte, la liberacionista Andrea Álvarez consideró que la comparecencia de este martes confirma la existencia de arbitrariedades en la elaboración del cartel para la administración de los Ebáis y en su adjudicación.
“Al final, la Junta Directiva basa su decisión en un análisis que no le correspondía. Nuevamente, el gobierno apartándose de los criterios técnicos”, enfatiza Álvarez.
Más de 70 personas están convocadas a comparecer ante la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la Caja. Este foro cuenta con diez meses para escucharlas a todas y rendir un informe, a más tardar, el 8 de agosto de 2025. El caso se sigue bajo el expediente número 24.617.
Entre los convocados figuran Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la CCSS, y el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quienes aún no han sido llamados. Ya asistieron, entre otros, el expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos Chavez; el auditor interno, Ólger Carrillo Sánchez; el director jurídico, Gilberth Alfaro Morales; y la contralora general de la República, Marta Acosta.