El expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves, afirmó este martes que la derogatoria del reglamento para la tercerización de servicios, realizada en febrero del 2023, abrió el portillo a la polémica adjudicación otorgada a cooperativas para la administración de 138 Ebáis.
“Si el reglamento tuviera un vigente aún, nunca se podría haber elaborado el contrato que se hizo”, declaró Ramos ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga, entre otros asuntos de la CCSS, las supuestas irregularidades cometidas con estos contratos.
El denominado Caso Barrenador también se encuentra bajo investigación del Ministerio Público por presuntos sobreprecios de ¢12.400 millones anuales.
Ramos relató que durante su gestión al frente de la CCSS (de mayo a setiembre del 2022 ), fue muy evidente lo controversial del contrato. Aseguró que el tema era tratado en distintos niveles dentro de la entidad y “probablemente” a lo externo. “Esto jamás pudo haber sido algo que llegó de sorpresa a la Junta Directiva”, manifestó.
“El germen, o por decirlo de alguna manera, el conflicto que había a nivel contractual, tenía que ver con la forma en que el contrato de la cooperativa se apegaba o no se apegaba al reglamento de tercerización”, aseveró ante los legisladores.
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Comentó que al ver a las cooperativas tan “intranquilas” con los términos del cartel, su equipo procedió a contactar al personal técnico de la CCSS que se encarga de la redacción de tales aspectos y que este grupo le indicó que la elaboración de los requisitos se hacía con base en el reglamento.
“Esta gente nos dijo: ‘Vean, nosotros estamos constreñidos por el reglamento, estamos elaborando el cartel acorde al reglamento. Si usted quiere un cartel diferente tiene que tener un reglamento diferente’. Entonces, de ahí nació un poco de esa inquietud, de que claramente el reglamento es el centro de este tema”, narró.
Ramos reconoció que el ordenamiento requería ser actualizado, para facilitar las alianzas público-privadas. No obstante, cuestionó el hecho que luego de terminara su gestión se procediera a anular la normativa, pero sin emitir una nueva que lo sustituyera.
Aseguró haberle comentado al presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre los obstáculos que representaba el reglamento para cualquier proceso de tercerización y la necesidad de revisar su redacción, pero aclaró que el señalamiento no se lo hizo en referencia al contrato de las cooperativas.
Finalmente, la Política y Reglamento para la provisión de servicios por medios de proveedores externos (terceros) fue derogado por la Junta Directiva de la Caja, en la sesión del 27 de febrero del 2023. Así consta en el artículo 9 del acta de la sesión Nº 9315.
En aquel momento, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, alegó que ante la existencia de la Ley General de Contratación Pública “resulta necesario ajustar la normativa institucional, ya que se cuenta con una norma de mayor rango cuya aplicabilidad es obligatoria”.
La jerarca argumentó que la mencionada legislación ya indica los requisitos a cumplir en caso de requerir efectuar una contratación de servicios a terceros.
Esquivel permanece suspendida de sus funciones por un periodo de seis meses, como medida cautelar dictada por el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, el pasado 10 de octubre, mientras que la Fiscalía avanza con las investigaciones del Caso Barrenador.
Otras siete personas también están imputadas en esa causa. Se trata de la gerente general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez; tres directivos y tres exintegrantes de la Junta Directiva. A todos se les investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Medida contraviene recomendaciones de la Contraloría
El exjerarca manifestó que la derogatoria del reglamento le generó sorpresa, porque considera que la decisión se contrapone a las mejores prácticas de gobierno corporativo que la Contraloría General de la República (CGR) le comunicó a la CCSS con anterioridad, en el sentido de que la Junta Directiva debería dedicarse a la reglamentación de los procesos y no involucrarse en la adjudicación de las contrataciones.
“Lo que procedía, si había algún tema con el reglamento, era modernizarlo, reformarlo, modificarlo, pero no derogarlo, porque entonces perdés el marco que te protege a la hora de tomar una decisión en la Junta Directiva de adjudicar, que no es lo que debes estar haciendo desde el punto de vista de gobernanza moderna”, manifestó Ramos.
La diputada liberacionista Andrea Álvarez, presidenta de la comisión investigadora, cuestionó que la derogatoria del reglamento fuese aprobada por la cúpula de la CCSS que sustituyó a los cinco directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno, por un presunto conflicto de interés al aprobar un aumento salarial retroactivo para los empleados de la entidad. Ramos también fue destituido por respaldar el ajuste.
“Esta derogatoria fue tomada por una Junta Directiva ilegítima”, afirmó Álvarez
La destitución de los directivos fue anulada por la Sala Constitucional, el 27 de junio del 2023, al declarar con lugar un recurso de amparo en contra de la medida.
Ramos es el primero de un grupo de más de 70 personas convocadas para comparecer ante el foro legislativo, que cuenta con diez meses para escucharlos a todos y rendir un informe, a más tardar, el 8 de agosto de 2025, fecha establecida para dictaminar. El caso se sigue bajo el expediente número 24.617.
Entre los convocados figuran Marta Esquivel, y el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
Durante la sesión de este martes, se hizo presente a la barra de público un grupo de personas, que desplegó pancartas a favor del gobierno y de Marta Esquivel. En al menos dos oportunidades, fueron llamados al orden por la diputada Álvarez, ya que sus manifestaciones verbales interrumpían el avance de la sesión.
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Los diputados aprobaron la creación de una comisión investigadora de las irregularidades en la Caja, el lunes 7 de octubre. El grupo lo componen siete miembros.
Esta comisión deberá investigar presuntas anomalías relacionadas con las listas de espera, la deuda del Estado con la institución y la contratación de Ebáis a la cooperativas, del llamado Caso Barrenador.