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Integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desarrollaron una “estrategia para ejercer control sobre el nuevo cartel” de licitación para administrar 138 Ebáis en 10 áreas de salud, de acuerdo con lo investigado por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Eso, según dice, ocurrió entre febrero de 2023 y julio de 2024.
El proceso licitatorio culminó el sábado 6 de julio con la decisión de la Junta Directiva de conceder la adjudicación a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones durante 10 años, pese a que existían criterios técnicos que cuestionaban precios “excesivos” en las ofertas. También hubo recomendaciones de la Junta de Adquisiciones, emitidas desde el 2 de mayo, para declarar infructuoso el proceso debido a los altos costos.
Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, indicó que la actuación de los directivos habría provocado una adjudicación con un incremento anual del 33% con respecto a lo que cuestan, en la actualidad, los servicios de administración dados por esas mismas cooperativas y la asociación médica. El perjuicio económico anual, según las estimaciones de la Fiscalía, sería de ¢12.400 millones por año.
En el escrito presentado por la Fiscalía a un juez para solicitar la orden de allanamiento, se indica que Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, y el resto de los directivos imputados, en “plena coordinación y de común acuerdo, llevaron a cabo acciones mediante las cuales ejercieron un control activo sobre la elaboración del cartel” de licitación.
Además, el Ministerio Público argumenta en el documento que los directivos “emitieron acuerdos que les permitió (sic) vigilar el proceso de elaboración del pliego”. Incluso, se debía enviar versiones de borrador a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva para “su análisis previa publicación”, lo cual excede las competencias y funciones de los directivos.
“Los encartados utilizaron maniobras tendientes a dirigir la contratación, de modo que produjeron un resultado determinado lesivo al interés público”, afirmó la Fiscalía en la solicitud de allanamiento remitida al Juzgado Penal de Hacienda, la cual fue aprobada y se ejecutó el lunes 23 de setiembre.
Las aseveraciones de la Fiscalía están sustentadas en decenas de documentos públicos, análisis de actas de la Junta Directiva de la CCSS, testimonios e informes telefónicos que evidencian comunicaciones y reuniones entre los directivos y los representantes de los contratistas.
Un aspecto destacado por la Fiscalía fue el testimonio de Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, quien afirmó que no es usual que se traslade el cartel de licitación a los miembros de la Junta Directiva. “Aún menos cuando ellos (directivos) se van a avocar el acto de adjudicación”, enfatizó Vega en una entrevista realizada con uno de los fiscales que lleva el caso.
La participación de los directivos llegó al punto de que, el 20 de marzo de 2023, según la Fiscalía, les entregaron a los cinco funcionarios encargados de redactar el cartel de licitación un “documento sin firma con una serie de recomendaciones que la Junta Directiva quería que se contemplaran para la elaboración del cartel, las cuales pretendía quitar controles y beneficiar a los proveedores”.
La entrega de tal documento se les atribuye a los imputados Roberto Quirós Coronado, exrepresentante de los patronos en el máximo órgano de la CCSS y exabogado de una de las cooperativas interesadas en los millonarios contratos; Juan Ignacio Monge, exdirectivo representante del Gobierno; Isabel Camareno, actual directora en representación del Gobierno; y Marta Esquivel, presidenta ejecutiva.
El pasado jueves, al llegar a los Tribunales de Justicia en Goicoechea, San José, donde se da la audiencia en que un juez definiría si impone medidas cautelares, Marta Esquivel manifestó: “Desearía poderles dar declaraciones, pero como ustedes entienden estamos en un proceso y hay que respetar el proceso, el respeto al Poder Judicial; y les prometo que cuando esto termine, más bien estoy deseando dar declaraciones y, si tengo que hacerlo uno por uno con ustedes, créanme que lo voy a hacer”.
Roberto Quirós es otro de los imputados que habló brevemente a los medios de comunicación. “En este momento no puedo dar ninguna declaración por recomendación de mi abogado y por respeto al procedimiento que se está llevando a cabo (...). La opinión pública merece conocer cuál es la verdad de lo que ha acontecido en el ejercicio de la función pública”, comentó.
Tomar el control de la licitación
La palabra control se repite 28 veces en la justificación hecha por la Fiscalía ante el juez que autorizó allanar 17 viviendas y 11 oficinas el lunes 23 de setiembre, entre las que destacan la de la presidenta ejecutiva, directivos, exdirectivos y varios funcionarios de la CCSS. Como parte de ese operativo, los agentes judiciales detuvieron a ocho personas, pero la investigación también incluye a otros funcionarios y a los gerentes de las empresas contratistas. En total, son 16 los investigados.
En su exposición, la Fiscalía desarrolla cómo los directivos “aprovecharon” su cargo para anular concurso, “influyeron” sobre nuevo cartel de licitación y desplazaron al órgano técnico para decidir el acto de adjudicación.
En ese último punto, según el Ministerio Público, jugó un papel importante Isabel Camareno Camareno, representante del Gobierno en la Junta Directiva de la CCSS, pues ella fue quien propuso, el 14 de marzo de 2024, desplazar a la Junta de Adquisiciones y asumir el acto de adjudicación.
“(...) Con pleno conocimiento de la participación activa que tuvo la Junta Directiva de la CCSS durante la elaboración del cartel, contrario a las disposiciones de control interno y lineamientos de política de probidad de esa institución, faltó a su deber de probidad y solicitó que la adjudicación se llevara a la Junta Directiva”, destacó en la solicitud de allanamiento.
Agregó que esa acción violó la regulación vigente, ya que el Reglamento de Distribución de Competencias de la CCSS establece que es la Junta de Adquisiciones, integrada por los gerentes institucionales, la encargada de otorgar esas contrataciones.
Además, manifestaron que evidencia “la posible intención de influir sobre el dictado del acto final”. Antes de ser representante del Gobierno en la Junta Directiva de la CCSS, Camareno también lo fue por el sector cooperativo, que tiene una plaza en la Junta.
La Fiscalía citó otro ejemplo del control ejercido por los directivos en el proceso licitatorio: la anulación de un concurso iniciado en marzo del 2021 para renovar los contratos de administración de los 138 Ebáis. Este procedimiento ya había superado seis rondas de objeciones ante la Contraloría General de la República.
El 20 de marzo del 2023, los imputados de apellidos Quirós, Monge y Camareno presentaron una moción para anular ese proceso “sin que se precisara algún vicio de nulidad”. Un punto importante es que, según los fiscales, cuando la Junta Directiva frenó la licitación iniciada en marzo del 2021, solo había una objeción pendiente de resolver. Esa decisión, añadieron las autoridades, muestra la “intencionalidad de favorecer a los proveedores”.
¿Qué cambios pidieron?
El primer cambio solicitado por los imputados, según los fiscales, fue extender el plazo de la contratación sin tener los análisis técnicos, jurídicos y financieros que lo justifiquen. El artículo 104 de la Ley General de Contratación Pública señala que el plazo ordinario de una contratación no podrá superar los cuatro años, considerando las prórrogas. Para adjudicar por plazos mayores, la entidad debe justificar la decisión desde el inicio de la licitación y, además, deberán exponer “las razones de la necesidad de una vigencia mayor sustentada en los estudios técnicos, financieros y jurídicos”.
Eso no sucedió en la millonaria contratación de las 10 áreas de salud. Lo único que existe es un documento firmado por Marino Ramírez Carranza, exgerente médico de la CCSS que, según señaló la Fiscalía, no tiene las características exigidas por la legislación mencionada.
El 20 de marzo del 2023, el mismo día en que anularon el procedimiento iniciado en marzo del 2021, Quirós expresó su deseo de ampliar la contratación a 10 años. “De manera antojadiza para ese momento sugirió que ‘metieran de una vez 10 años’, lo anterior sin contarse con los requisitos legales establecidos en la norma”, afirma la Fiscalía.
Adriana Chaves, funcionaria de la Gerencia de Logística, también rindió declaración ante el Ministerio Público y aportó mensajes de texto del exgerente médico, enviados a su teléfono celular, en los que le pedía publicar el cartel de licitación un sábado. Ese tipo de peticiones exceden las competencias y funciones de un directivo.
También se describe en la solicitud de allanamiento que la presidenta ejecutiva enviaba oficios que contenían observaciones al pliego cartelario hechas “a mano”, lo cual también excede las competencias de la jerarca.
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Múltiples advertencias
La Fiscalía hizo énfasis en que los directivos fueron alertados, en varias ocasiones, de la inconveniencia de adjudicar las áreas de salud en las condiciones financieras que se plantearon.
El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas provino del Área de Contabilidad, el 8 de abril de 2024, el cual advirtió que de los ¢29.200 millones por año que venía pagando la CCSS por los 138 Ebáis, el desembolso subiría a ¢53.300 millones por año sin que existiera una mejoría en el servicio, en el alcance o en algún otro rubro.
El segundo criterio que describió como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial, el 7 de mayo, en el cual se reiteró que los montos ofertados eran excesivos.
También, entre el 2 y 8 de mayo del presente año, la Junta de Adquisiciones, órgano integrado por los gerentes, ratificó que los análisis de costos elaborados apuntaban un exceso en los precios. El pasado 20 de junio, el gerente de Logística, Esteban Vega de la O, volvió a exponerle a los directivos que el criterio de razonabilidad de precios establecía que las ofertas eran excesivas, pero la advertencia no fue atendida y continuaron adelante.
Finalmente, el sábado 6 de julio fue el día en que adjudicaron basados en un informe firmado en solitario por María Gutiérrez Brenes, entonces directora de Proyección de Servicios de Salud y nombrada en la gerencia general interina desde el 17 de setiembre.
El caso llegó a la Fiscalía el 10 de julio, cuatro días después de la aprobación en Junta Directiva. La denuncia la planteó el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez Carrillo.
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