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Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pidió tiempo para referirse a la investigación que sigue en su contra la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de 138 Ebáis durante 10 años. Según dijo, es necesario respetar el proceso judicial.
La jerarca dio unas breves declaraciones a la prensa, la mañana de este jueves, a su llegada a los Tribunales de Justicia de Goicoechea. Asistió para continuar, por tercer día consecutivo, en la audiencia de medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó en contra de Esquivel y los otros siete investigados.
“Desearía poderles dar declaraciones, pero como ustedes entienden estamos en un proceso y hay que respetar el proceso, el respeto al Poder Judicial; y les prometo que cuando esto termine, más bien estoy deseando dar declaraciones y, si tengo que hacerlo uno por uno con ustedes, créanme que lo voy a hacer”, expresó Esquivel.
La Fiscalía pidió inhabilitar a Esquivel del cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS por un lapso de seis meses, mientras continúan las pesquisas.
La misma medida solicitó para la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes y tres directores: Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, representantes del sector patronal; así como María Isabel Camareno Camareno, delegada del gobierno de Rodrigo Chaves.
Adicionalmente, se pidió para todos los señalados el cumplimiento de estas cinco medidas por un plazo de seis meses: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la Fapta, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Los otros investigados son los exdirectores Roberto Quirós Coronado y Jorge Luis Araya Chaves, ambos, también designados por el sector patronal, y Jorge Porras López, quien renunció el pasado 19 de setiembre como representante del Estado, pero su salida se hizo efectiva hasta este miércoles 25.
Para este jueves, se espera que los abogados defensores terminen de presentar sus argumentos contra las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Una vez concluido este proceso, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinará si acoge o no las peticiones del Ministerio Público.
Esquivel y el resto de los imputados quedaron en libertad la noche del martes luego de haber sido detenidos en la mañana del lunes. El Juzgado ordenó la liberación de los investigados en vista de que la FAPTA no solicitó la medida de prisión preventiva contra ellos.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
