Esto fue revelado por la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-BIS-0647, fechado el martes 11 de noviembre, tras una investigación sobre la puesta en marcha del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).
La indagación se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la crisis generada por la implementación del sistema, señalando que la plataforma fue activada sin garantizar previamente las condiciones mínimas de operatividad y desempeño.
Según el órgano fiscalizador, la puesta en marcha del ERP-SAP, sin haberse solventado sus fallas y deficiencias, provocó que, solo en el primer mes, los incidentes reportados aumentaran en casi un 2.000%.
Luego de investigar su puesta en marcha, la Contraloría concluyó que el ERP-SAP se implementó de forma “forzada”, lo que desencadenó una crisis institucional y, según el órgano fiscalizador, se abrió la posibilidad de un colapso en los servicios.
Entre las afectaciones financieras que enfrenta la CCSS al cierre de octubre, la CGR identificó que existen 9.704 cuentas por pagar a proveedores, que ascienden a un total de ¢35.323 millones. De acuerdo con los cálculos de la Contraloría, esto equivale a un 47,10% del monto facturado mensualmente.
Al respecto, La Nación informó el 10 de setiembre sobre una deuda que la Caja mantenía con la empresa VMA Seguridad Electrónica de San José, proveedora de servicios de seguridad y limpieza en distintas sedes, por ¢1.828 millones más intereses al 22 de agosto.
En ese momento, la compañía advirtió de que, de no recibir el pago, suspendería los servicios. Sin embargo, tras un abono parcial de la CCSS, confirmó que la continuidad de la prestación ya no estaba en riesgo.
Una situación similar ocurrió con Dos Pinos. Este diario publicó el 25 de setiembre que hospitales y clínicas acumulaban desde febrero millones en facturas pendientes debido a atrasos asociados al nuevo sistema contable.
La cooperativa pidió con urgencia la cancelación de los montos para finales de setiembre y alertó que, sin el debido pago, suspendería la entrega de lácteos, embutidos y carne. Aunque la empresa mantuvo su compromiso de continuidad, la Gerencia Financiera reconoció a La Nación un pendiente de más de ¢200 millones.
Además de las deudas con proveedores, la Contraloría General de la República señaló que aún hay 24.932 facturas sin registrar en el ERP-SAP, por un total de ¢31.751 millones.
El órgano fiscalizador también identificó 12 facturas pendientes de cobro al Estado, correspondientes al régimen de Salud, Enfermedad y Maternidad (SEM), por ¢50.222 millones, así como 98 facturas cobradas con retraso al Estado por los regímenes SEM y de Invalidez, Vejez y Muerte, que ascienden a ¢253.917 millones.
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Diferencias en saldos y atrasos en cierres contables
La Contraloría también concluyó que persisten diferencias en la conciliación de datos de activos, lo que generó un saldo faltante de ¢498.000 millones.
Esta brecha fue detectada por la Auditoría Interna en el oficio AD-AFINPE-0092-2025, del 9 de octubre, donde alertó sobre un faltante millonario en los registros financieros y en la información de activos (bienes muebles, equipos médicos y mobiliario) por fallas en la migración al ERP-SAP.
Los hallazgos surgieron al comparar los registros de mayo, bajo el sistema anterior, con los de junio ya migrados.
A esto se suma que la CCSS arrastra cinco meses de retraso en la publicación de sus estados financieros, debido a inconsistencias que afectan la trazabilidad contable y la confiabilidad de la información, así como una diferencia en inventarios de medicamentos y suministros por ¢18.178 millones.
Ante el desorden generado, la Contraloría señaló que la institución tuvo que destinar ¢923 millones para contratar 113 plazas temporales encargadas de registrar 2,2 millones de recetas pendientes, gestionar inventarios de medicamentos y completar pagos y cierres contables.
