El impago sostenido del Gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) amenaza la estabilidad del Seguro de Salud. De mantenerse la morosidad estatal, la situación empezaría a ser crítica en el 2030 y las reservas se agotarían hacia el 2036.
Así consta en el informe Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2023, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja. El documento fue presentado a la Junta Directiva de la institución en la sesión ordinaria N.° 9598, el pasado 16 de abril.
Según este análisis, la persistente morosidad del Estado es el principal factor de riesgo para la sostenibilidad del Seguro de Salud, que cubre la atención integral médica, así como las prestaciones sociales y en dinero a los asegurados directos y sus beneficiarios.
“El análisis actuarial identifica como principal riesgo para la sostenibilidad del Seguro de Salud la persistencia de la morosidad estatal y el crecimiento de la deuda acumulada, factores que incrementan la presión sobre la liquidez y reducen la resiliencia financiera”, señala el documento.
La participación del Estado en el financiamiento del Seguro de Salud es significativa, al representar, en promedio, el 17,3% de los ingresos del periodo 2015-2023. Para este último año, la deuda estatal ascendía a ¢2,9 billones. A mayo del 2025 ascendió a ¢4,4 billones
Seguro clave
El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) es fundamental porque posee carácter universal y garantiza cobertura a toda la población residente del país. Opera bajo un esquema de reparto y se financia con un aporte del trabajador del 5,50% del sueldo, del patrono con un 9,25% y de la contribución estatal de un 0,25% de los salarios de todos los trabajadores.
El Estado también cancela otros aportes e impuestos directos por la atención médica de niños, trabajadores independientes, personas en condición de calle y privados de libertad.
Dentro de los servicios que cubre este seguro se incluyen: asistencia médica especializada, quirúrgica, ambulatoria y hospitalaria, servicio de farmacia, laboratorio clínico, acciones de prevención y curación, y asistencia social, entre otros.
En el 2023, el Seguro de Salud registró un total de 1.932.686 asegurados directos activos. Se trata de asalariados, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, individuales y colectivos.
Al incorporar a los 566.920 pensionados y a las 534.621 personas aseguradas por el Estado, la población total asegurada ascendió ese año a 3.033.927, lo que representa un crecimiento de 2,7% respecto al 2022.
La Constitución Política establece, en su artículo 177, que en caso de insuficencia de recursos, el Gobierno deberá asumir el costo vía Presupuesto Nacional.
Escenarios futuros
El estudio actuarial contempla dos escenarios con los resultados financieros del balance entre ingresos y gastos, considerando las provisiones y reservas del seguro.
Uno de ellos parte de los ingresos reglamentarios, que suponen el cumplimiento pleno de las contribuciones corrientes —incluidas las del Estado—, pero no incorporan el pago de la deuda estatal acumulada. Bajo este escenario, el régimen sería sostenible durante todo el plazo de análisis de 15 años.
El segundo escenario solamente considera los ingresos efectivos, es decir, la recaudación ajustada por niveles de morosidad en el pago de las contribuciones. Bajo este panorama, la suficiencia financiera del seguro se debilitaría a partir del 2030, aunque se extendería hasta el 2035 mediante el uso de reservas. Pero las provisiones se agotarían en el 2036.
Para ese año, la estimación sería un déficit de ¢7.999 millones. La situación sería aún más crítica para 2037 y 2038, pues la diferencia sería de -¢147.845 millones y -¢278.512 millones, respectivamente.
En consecuencia, la incorporación de la morosidad reduce el horizonte de viabilidad financiera respecto a la previsión de pagos reglamentarios, en el cual se mantiene el equilibrio durante todo el plazo de análisis, es decir, del 2024 al 2038.
“Este incumplimiento (del Estado) constituye un riesgo estructural y uno de los factores que más incide en el horizonte de sostenibilidad proyectado”, manifiesta el estudio, que señala que el impago estatal a la CCSS incide de forma directa sobre el flujo efectivo de recursos y, por ende, sobre la dinámica de acumulación y desacumulación de reservas.
El estudio actuarial concluye que la principal vulnerabilidad del Seguro de Salud no es estructural, sino operativa y financiera, pues la sostenibilidad del seguro se mantiene condicionada al cumplimiento efectivo de su financiamiento.
“La conclusión que se saca de estos dos escenarios es que el factor que está haciendo esta diferencia es la morosidad (...) destacando la morosidad del Estado, que es la más alta”, dijo Carolina González, encargada de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.
El desequilibrio no se vincula directamente con el portafolio de inversiones ni con las presiones del gasto asociadas al envejecimiento de la población por encima de 65 años —que pasaría de cerca del 10% en 2023 a 18% en 2038—, sino con la brecha entre los ingresos reglamentarios y los efectivamente recaudados, afectada por la morosidad que disminuye los recursos.
“Tenemos costos de los proyectos que son significativos, son altos, pero bajo el enfoque reglamentario, los ingresos son suficientes para esos costos tan altos de los proyectos. La diferencia es la morosidad”, manifestó González.
Sobre el cambio demográfico, el estudio advierte de que este incrementará la demanda de servicios de salud y los costos asociados, al tiempo que reducirá el ritmo de crecimiento de los ingresos por contribuciones.
A raíz de este panorama, la CCSS estima una desacumulación progresiva de las reservas, ya que el resultado financiero sería negativo a partir del 2030 en el escenario efectivo, con lo cual tendría que recurrir a las provisiones para financiar el déficit anual.
“Se estima que la reserva se podría agotar en el 2036. Lo deseable es no llegar a ese momento, sino, por supuesto, tomar decisiones para que no se llegue a un agotamiento de la reserva”, afirmó González.
En los primeros años del periodo, el balance anual permanecería positivo, aunque con una tendencia decreciente, al pasar de ¢152.697 millones en el 2024 a ¢68.193 millones en el 2029.
En el 2030, el balance se tornaría negativo, lo cual obligaría a utilizar las provisiones. El año 2035 sería el último año en el que habría saldos positivos, al agotarse las reservas (¢1,7 billones a diciembre del 2023).
La Nación envió consultas por correo electrónico al Ministerio de Hacienda y la CCSS desde el pasado 23 de abril. Sin embargo, al cierre de esta información, no se obtuvo una respuesta.
Pagos aliviarían carga
La valuación actuarial confirma que, bajo el supuesto de cumplimiento pleno y oportuno de las obligaciones contributivas, incluidas las estatales, el Seguro de Salud mantendría su sostenibilidad financiera durante todo el horizonte de proyección.
“Esto evidencia que el esquema de financiamiento es estructuralmente suficiente desde una perspectiva técnica financiera y actuarial (...) por lo tanto, la sostenibilidad del seguro se mantiene condicionada al cumplimiento efectivo del marco de financiamiento”, se lee en el documento.
El análisis enfatiza que, si se diera el pago correcto de las contribuciones cada año, el sistema no tendría problemas, ya que el balance anual entre ingresos y gastos sería positivo en todo el horizonte y la reserva ascendería hasta los ¢11 billones en 2038.
“Bajo el escenario reglamentario, el Seguro de Salud no solo cubre sus obligaciones anuales, sino que consolida una trayectoria de fortalecimiento patrimonial”, se indica en el informe.
El objetivo de esta valuación consiste en proyectar la situación financiera actuarial del Seguro de Salud. La división a cargo construyó proyecciones financieras y demográficas para el periodo 2024-2038, con base en información a diciembre del 2023.