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En los últimos cinco años, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagó ¢35.000 millones en incapacidades de más de seis meses a 6.618 personas. En promedio, cada año gastó ¢7.000 millones en ese rubro y a cada persona le pagó ¢5,3 millones.
De esas incapacidades prolongadas, el 16% corresponde a personas que esperan una valoración de la dirección calificadora de invalidez, un 41,7% está en lista de espera quirúrgica y el restante 42,3% obedece a un componente multicausal.
Ese último porcentaje es al que la CCSS busca prestar mayor atención para evitar fraudes por incapacidades, pues médicos de la institución ya han sido sancionados por estas acciones, según detalló Paula Villalobos Solano, coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades.
“No estamos siendo capaces de garantizarle a la población que todas son procedentes o acorde a literatura internacional, (por ello) requieren un nivel de supervisión técnica y mayor de revisión en tiempo real para ver cuáles son casos de riesgo versus los que no”, afirmó Villalobos durante la sesión de la junta directiva de la CCSS, el pasado 16 de abril.
Revisar con ‘ojo clínico’
Ante este escenario, la Gerencia Médica de la Caja y la Comisión Central Evaluadora plantearon una estrategia de reorganización funcional de las comisiones evaluadoras de licencias e incapacidades.
Con los cambios, ya no serían 135, sino solo 18 y tendrían destinadas 72 plazas fijas. Actualmente, esas comisiones son atendidas por médicos que realizan la labor durante un día por recargo.
Esto además de hacer que se pierdan 1.700 horas de atención al mes, explicó Villalobos, no permite que las irregularidades se detecten en tiempo real.
El plan es que de esas 18 comisiones, tres estén en hospitales nacionales y se encarguen de revisar “con ojo clínico” las incapacidades prolongadas que tengan componentes multicausales, porque justo en estos centros médicos es donde se concentra la mayoría de esos permisos.
Allí, médicos especialistas y demás personal serían los encargados de esa revisión y de refutarlas cuando detecten que podría haber un riesgo o una irregularidad.
“De este 42,3% que es por motivos multifactoriales, no es que haya una irregularidad detectada per se, sino que es un grupo muy heterogéneo y por eso es necesaria la revisión. En ese gran macro se ha dificultado la identificación de casos de riesgo y, por eso es necesaria la transformación hacia comisiones de tiempo completo”, recalcó Villalobos en una entrevista con este medio.
En términos absolutos, las incapacidades por múltiples factores le representaron a la CCSS más de ¢14.800 millones en los últimos cinco años y según la funcionaria, ese monto “amerita un aumento en supervisión y auditoría médica en tiempo real”.
“Un médico debe ser el que la revise, evalúe y dictamine si técnicamente una incapacidad es procedente o no”, afirmó la doctora en la sesión con la cúpula de la institución y agregó que si bien, actualmente se detectan fraudes, están llegando tarde: uno o dos meses después, cuando ya el subsidio se pagó.
