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En Costa Rica hay cuatro hospitales que solo existen en papeles, maquetas y promesas: el nuevo Hospital de Limón, el Hospital de Cartago, el Hospital de Geriatría y Gerontología y la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños.
Se trata de proyectos que superan en conjunto los $870 millones y que están atrapados en una combinación de licitaciones fallidas, procesos de expropiación y trámites internos que han frenado etapas clave de preinversión e inicio de obras.
El pasado 9 de abril, durante una sesión de junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la presidenta de la entidad, Mónica Taylor, reconoció que la institución no tiene la “capacidad instalada” para completar las fases necesarias desde que se establece la necesidad de un proyecto hasta que se llega a su ejecución en un plazo menor a 10 años.
Esa brecha de tiempo no solo impacta los costos y el interés de las empresas constructoras, sino que también descalza las necesidades que los centros médicos plantean al inicio del proyecto frente a la realidad que enfrentan cuando, finalmente, se logra firmar un contrato.
Limón: un hospital sin oferentes
En Limón, el nuevo hospital fue concebido como una inversión superior a los $200 millones, pero las empresas constructoras terminaron dando un paso atrás. Alegaron problemas de inseguridad en la provincia y riesgos asociados a los cierres constantes en la ruta 32, factores que aumentan la incertidumbre para cualquier obra de gran escala.
Según el gerente de Infraestructura de la CCSS, Jorge Granados, la principal queja de las constructoras no está solo en el entorno, sino en las reglas del juego: al tratarse de un cartel bajo el modelo “llave en mano”, el Reglamento de Contratación Administrativa no permite aplicar reajustes de precios.
En plazos tan extensos, la imposibilidad de ajustar los montos frente al comportamiento del tipo de cambio del dólar y el costo de los insumos se convierte en un riesgo que muchas compañías prefieren no asumir.
Cartago: un proyecto con terreno cuestionado
En Cartago, la historia de tropiezos es distinta, pero igual de prolongada. Aunque la obra, valorada en $394,9 millones y adjudicada a la empresa Van Der Laat y Jiménez S.A., recibió orden de inicio en octubre del año pasado, la constructora no pudo comenzar la fase de diseño porque la CCSS aún no contaba con el anteproyecto que debía servir como insumo principal para los planos al momento del refrendo.
Antes de llegar a ese punto, el proyecto ya había enfrentado un pulso por el terreno. El Gobierno se opuso a que el hospital se levantara en el lote adquirido en El Guarco, alegando problemas ambientales y técnicos sustentados en documentos erróneos.
Estudios posteriores confirmaron la viabilidad del sitio, pero el desgaste ya estaba hecho. A esto se sumó la salida de la primera empresa adjudicada, que se retiró del proyecto alegando fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar y criterios encontrados entre la Caja y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de construir en ese terreno.
Tras cuatro años desde el inicio de la licitación y un nuevo atraso en la fase de diseños, las autoridades sostienen que el hospital se entregaría hasta el 2030.
Hospital de Niños: 14 órdenes sanitarias y una torre en pausa
La Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños fue presentada como una apuesta para fortalecer los cuidados críticos, pero su camino también se detuvo.
El proceso de licitación, que inició en 2024, llevó a una adjudicación en junio anterior a la empresa Estructuras S.A. por cerca de $130 millones, acto que luego fue anulado por la Contraloría General de la República al determinar que la compañía no cumplía con todos los requisitos.
El 24 de marzo, la junta directiva de la CCSS acordó declarar desierto el proceso, esta vez por razones que van más allá del expediente administrativo.
El director del hospital, Carlos Jiménez, expuso ante los directivos que el centro médico acumula 14 órdenes sanitarias y ha sufrido inundaciones debido a deficiencias en los sistemas de manejo de aguas, por lo que la licitación en curso no contemplaba las obras adicionales urgentes que requiere la infraestructura actual.
Informes de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería recomendaron elaborar un nuevo pliego de condiciones y términos de referencia, ajustado al alcance real del proyecto, con el fin de garantizar una solución adecuada a la problemática y al interés público.
El gerente de Infraestructura de la CCSS, Jorge Granados, dijo que la junta instruyó desarrollar un proyecto integral y licitarlo de nuevo, con la expectativa de publicar el nuevo concurso en el segundo semestre de este año.
Hospital Geriátrico: la espera hasta 2038
El nuevo Hospital de Geriatría y Gerontología también se mueve en un horizonte lejano.
La primera fase de este proyecto supera los $145 millones y, según el cronograma conocido el 3 de marzo de 2026, la infraestructura completa estaría disponible hasta el 2038.
Mientras tanto, la Junta de Salud ha advertido que el edificio actual presenta limitaciones estructurales, observaciones en materia de normas de seguridad humana y condiciones de evacuación poco óptimas para la población adulta mayor que atiende.
En este caso, los principales atrasos se atribuyen a los procesos de expropiación de 16 propiedades aledañas al centro médico actual.
Granados explicó que el proyecto se mantiene en etapa de desarrollo y no ha sido licitado precisamente porque es necesario completar primero la adquisición de terrenos.
Una vez que se finalicen las expropiaciones y se cumplan las actividades previstas en el cronograma, se podría sacar la licitación, aunque los plazos dependen directamente de la conclusión de estos trámites.
El gerente también subrayó que los extensos plazos de ejecución de los proyectos, en general, se deben en algunos casos a factores externos como expropiaciones y permisos, y en otros a aspectos internos como la disponibilidad de personal.
¿Qué efecto tiene sobre constructoras?
La Cámara Costarricense de la Construcción advirtió que varios procesos de contratación están resultando infructuosos y atrasan inversiones clave en infraestructura.
El gremio señala que algunos carteles “llave en mano” trasladan a las empresas riesgos que no les corresponden, como la variación en los costos de insumos, las condiciones del mercado internacional y el tipo de cambio.
El director ejecutivo, Randall Murillo, indicó que han recomendado avanzar hacia esquemas de contratación más balanceados, con una distribución clara de responsabilidades y mecanismos de reajuste de precios.
La ausencia de estas herramientas, añadió, desincentiva la participación de constructoras, encarece las ofertas para el Estado y aumenta el riesgo de quiebras empresariales y de que las obras queden inconclusas.
