A través de una carta enviada a Taylor, la semana pasada, Aguilar le señaló que, ya para junio de 2025, los datos de la institución revelaban que la deuda estatal superaba los ¢4 billones, específicamente, estaba en ¢4,4 billones.
“Eso representó un incremento del 61% durante la administración de Rodrigo Chaves. Esa deuda venía incrementándose a un ritmo de ¢55.000 millones mensuales", señaló la liberacionista.
Esos impagos del Estado, en particular al IVM, empujaron al régimen de pensiones a un punto de crisis, según lo indicó el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, a este medio en mayo, pues afirmó que ese régimen no habría recurrido a sus reservas si el Estado hubiese cumplido con sus aportes de ley.
En la misiva, Aguilar le pidió a Taylor entregarle los datos más recientes de la deuda del Estado con la Caja, específicamente fecha, datos absolutos y relativos, cuánto corresponde al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y cuánto al seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
Adicionalmente, la congresista pidió detalles sobre la situación actual de los estados financieros de la institución, y si los retrasos o la inexistencia están produciendo una afectación en la trazabilidad de la deuda estatal.
A mediados del año pasado, la deuda había superado por ¢4 billones, es decir, era 2,5 veces más que los ¢1,7 billones que se registraban en 2019.
Datos de la Contraloría General de la República, en setiembre del año pasado, establecían que el 82% de la deuda corresponde al seguro de salud, por la atención de personas en indigencia, adultos mayores en pobreza, menores de edad y privados de libertad.
El 18% restante corresponde a la deuda histórica del Estado al fondo del IVM y al Régimen No Contributivo (RNC), que son las pensiones de los adultos mayores en pobreza extrema.
En octubre del año pasado, el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez, advirtió sobre la ausencia de información clave en relación con la deuda estatal.
En un oficio de Sánchez, señaló que no se contaba con reportes sobre la deuda estatal correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y setiembre de 2025.
En su carta, Ángela Aguilar puntualizó que el informe del auditor acusó que la implementación del sistema ERP-SAP, que entró en funcionamiento el 2 de junio de 2025, fue lo que generó la ausencia de datos actualizados sobre la deuda estatal.
Por esta razón, la legisladora pidió que Taylor le informe si la preocupación de Ólger Sánchez se mantiene vigente, en el sentido de la inexistencia de los reportes sobre la deuda estatal correspondientes al segundo semestre de 2025.
Adicionalmente, la diputada Aguilar advirtió que el despacho de la excongresista Paulina Ramírez, también del PLN, hizo gestiones desde enero pasado para tener información actualizada sobre la deuda estatal, gestiones que fueron reiteradas en dos ocasiones, y desatendidas por la CCSS.
La congresista del PLN también le pidió a la jerarca de la Caja responder si se han realizado reuniones con el Ministerio de Hacienda para conciliar la deuda.
