“Si el Estado no logra estabilizar sus finanzas y garantizar un flujo constante de recursos, el modelo solidario de seguro de salud podría enfrentar afectaciones en la prestación de los servicios. Es un tema bastante serio”.
Así de contundentes fueron las palabras de la contralora general, Marta Acosta Zúñiga. La deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impacta directamente el seguro de salud y esto podría poner en jaque la prestación de varios servicios a futuro.
De este seguro —que se maneja de forma independiente de las pensiones— sale todo el presupuesto para infraestructura y recurso humano de hospitales y clínicas, así como los medicamentos para las diferentes enfermedades y los procedimientos quirúrgicos.
De este fondo también se cubren las licencias por maternidad, cuido de pacientes en fase terminal y subsidios por incapacidad.
Acosta lanzó esa advertencia, el jueves anterior, cuando presentó un informe a la Junta Directiva de la CCSS sobre las deudas del Estado con esa institución, en los últimos 17 años.
Entre el 2008 y diciembre del 2024, la deuda de la CCSS con el seguro de salud pasó de ¢348.000 millones a ¢3,5 billones. “Esto representa un incremento de diez veces”, enfatizó Acosta.
Pasó de representar el 1,1% del producto interno bruto (PIB) del país al 7%.
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Durante su presentación, Acosta definió la situación como una deuda país con la solidaridad.
“El fenómeno se ha visto como una deuda financiera, pero en realidad es una deuda con las personas, especialmente con las más vulnerables (...). Los riesgos de la sostenibilidad del Gobierno se convierten en riesgo para la cobertura universal”, insistió la jefa de la Contraloría.
La situación es más crítica en momentos en que el envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas son cada vez más comunes en Costa Rica. Ocasionando que se requieran servicios y tratamientos más especializados, que pueden ser más caros.
“Este crecimiento sostenido de esta deuda es reflejo de un desbalance estructural entre los pagos y los cobros. La morosidad estatal compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud. El ritmo de los pagos no ha sido suficiente para contener el incremento de la deuda”, aseguró la jerarca.
Según su criterio, para que el Gobierno pueda atender el 100% de estas obligaciones tendría que destinarse el equivalente al 1% del PIB.
Financiamiento con dos modelos, ambos en problemas
Acosta recordó que el seguro de salud se divide en dos. Por un lado, está el modelo contributivo, que es el tripartito, donde aportan el trabajador, el patrono y el Estado. A este modelo pertenecen los asalariados y los pensionados.
El otro modelo es subsidiado y se divide en dos grupos. El primero, son los trabajadores independientes, quienes ponen un porcentaje que varía según su ingreso y el Estado lo complementa.
El otro lo constituyen los asegurados por el Estado, que no están en condiciones de aportar.
A esto se le añade que, producto del envejecimiento poblacional y de personas en situación de informalidad, la base de contribuyentes es cada vez menor.
La informalidad afecta de dos formas. Por un lado, porque son personas que no aportan al seguro de salud y, por otro lado, porque obligan al Estado a destinar más fondos para cubrirlos. El 37% de la población laboral está en informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La morosidad también golpea. Durante el primer trimestre del 2024 llegó al 1,95% del monto facturado por la Caja.
A esto se le añade la situación fiscal del país. El endeudamiento del Gobierno central golpea directamente la situación con la CCSS. Acosta detalló que desde el 2007 existe una brecha entre egresos e ingresos, y que esta situación se ha resuelto con endeudamientos, lo cual limita la capacidad del Gobierno para pagarle a la CCSS.
Si esto se atiende mediante recortes a otros servicios, podría comprometerse el modelo. El desafío, dijo la contralora, es muy grande, porque podría poner en jaque otros servicios muy bajos.
Mayor deuda con los más vulnerables
Acosta apuntó que la deuda es mayor con los sectores más vulnerables, que reciben aseguramiento por parte del Estado, como las personas en pobreza, pobreza extrema y la niñez.
La proporción de la deuda estatal en el modelo tripartito es solo del 1,6%. El desbalance se presenta en el modelo subsidiado. Esto se debió, en parte, por un ajuste que realizó la Junta Directiva de la Caja en la base mínima contributiva.
El Estado pasó de pagar el 82% en el 2008 al 22% en el 2023.
“Esto se hizo para atender un desbalance en las pensiones, pero vincular variables de esta manera genera efectos encadenados que repercuten en otros sectores”, afirmó Acosta.
Futuro poco optimista
La Contraloría General de la República (CGR) diseñó proyecciones para tres escenarios según las amortizaciones que se realicen a la deuda, en ninguno se logra saldar la deuda, pero en varios escenarios aumenta a niveles insostenibles.
No se toman medidas para reducir la morosidad. En este caso, la deuda podría alcanzar un 14,5% del PIB para el 2040.
“Esto generaría una presión insostenible en las finanzas públicas y limitaría la capacidad del Estado para atender otras prioridades estatales y sociales”, dijo la contralora.
Los otros escenarios implican adquirir compromisos y aumentos graduales en los pagos. Esto podría llevar la deuda al 12,8% o al 11,6%.
“Lo anterior permite decir que se requiere de voluntad política que involucra a múltiples actores. Se requiere un modelo de financiamiento sostenible”, destacó Acosta.
Para la contralora, esto puede lograrse si se concatenan tres estrategias: una gobernanza efectiva con transparencia y rendición de cuentas, el diseño de un sistema de financiamiento, y la gestión presupuestaria eficiente.
Irresponsabilidad de Hacienda
Por su parte, Martha Rodríguez González, representante de los sindicatos ante la Junta Directiva, aseguró que esta situación, en parte responde a una irresponsabilidad del Ministerio de Hacienda.
“Hay una responsabilidad penal del ministro de sufragar esos recursos”, enfatizó. “En el 2024 el Gobierno pasó cero colones para el primer nivel de atención”, añadió.
Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la institución, señaló que las fuentes de financiamiento deben reflexionarse y buscar cómo acercar a trabajadores independientes que están en la informalidad o morosidad.
“El modelo debe respirar de una manera distinta”, apuntó.
¿Qué dice el gobierno?
La Nación buscó una reacción del Ministerio de Hacienda, a través de su oficina de prensa, pero no se obtuvo una respuesta a la hora de publicar este artículo.
Sin embargo, el ministro de esa cartera, Nogui Acosta Jaén, se refirió al tema la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Allí, el jerarca afirmó que el Gobierno tiene la intención de realizar un nuevo abono a la deuda del Estado con la institución.
“Este año, si las condiciones macroeconómicas lo permiten, tenemos el compromiso de trasladarle más de ¢65.000 millones a la CCSS", declaró.
De este monto, ¢27.000 millones estarían destinados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS. Para el seguro de salud se abonarían ¢38.000 millones.