Durante los dos últimos meses, la fracción legislativa oficialista ha acudido a dos espurias tácticas para impedir la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Es difícil exagerar la gravedad de su conducta, e inevitable concluir que forma parte de un plan más amplio para erosionar la independencia y quehacer del Poder Judicial. Por esto, merece condena.
Sin magistrados que sustituyan en sus ausencias a los titulares, la Sala corre el riesgo, cada vez más inminente, de atrofia. Para deliberar y tomar decisiones, este órgano colegiado debe contar con integración plena: siete miembros, sean plenos o suplentes. Al carecer ahora de sustitutos, basta con que solo uno de los titulares se incapacite o se inhiba de conocer algún asunto para que se vuelva inoperante.
Si el oficialismo persiste en su irresponsable actitud, los perjuicios trascenderán por mucho al Poder Judicial. De manera inmediata, sufrirán los ciudadanos, al no poderse resolver sus recursos de amparo, última oportunidad para que cada costarricense haga valer los derechos y libertades consagrados por la Constitución. Entre ellos están el acceso a la salud, al agua potable, a la información pública y a pensiones no contributivas. En conjunto, suman miles cada año, y de ellos puede depender, en muchos casos, la vida o la muerte de un reclamante.
La propia Asamblea Legislativa no escapará a enormes perjuicios. Sin el número necesario para sesionar, será imposible que los magistrados resuelvan las consultas de constitucionalidad que planteen los diputados en torno a proyectos en sus últimas etapas de aprobación. Resultado: quedarán en el limbo y la producción de leyes recibirá un severo golpe.
De la misma forma, a la Sala le será imposible cumplir con otras tres funciones que le impone la ley: resolver las acciones de inconstitucionalidad; aclarar las dudas de constitucionalidad que tengan los jueces sobre normas o actos que deban juzgar o aplicar, y ventilar los conflictos de competencia o atribuciones entre poderes del Estado.
La arremetida oficialista ha tenido dos partes. En abril, al final de la pasada legislatura, y como parte de un evidente acuerdo político, sus ocho diputados, junto a los de Nueva República (PNR), varios del PUSC y algunos independientes, impidieron que el plenario tuviera cuórum, con propósito doble: evitar que se votaran los informes de comisión sobre los cargos por acoso sexual contra el entonces diputado de PNR, Fabricio Alvarado, y que se eligieran nueve magistrados suplentes entre los 18 avalados por la Comisión de Nombramientos.
El expediente de acoso lo heredó la actual Asamblea, pero su presidenta, Yara Jiménez, optó por archivarlo. Sobre las suplencias, los 31 diputados oficialistas han optado por votar en blanco, por lo que ningún candidato ha alcanzado los 38 votos necesarios para ser designado. La excusa no podía ser más frívola: que “no conocen” a los preseleccionados, como si los procesos legislativos tuvieran que detenerse entre dos legislaturas distintas. Según esa “lógica”, no habría podido aprobarse tampoco, por ejemplo, el empréstito para el tren urbano, que quedó listo para segundo debate.
También pretendieron que la Corte Plena enviara una lista con otros candidatos, como si el Poder Judicial fuera subordinado del Legislativo y, para complacerlo, debiera atropellar procesos. Tales listas son resultado de rigurosos procesos de pruebas, atestados y entrevistas a decenas de aspirantes, entre los cuales el máximo órgano judicial selecciona, para proponer a los diputados los que considera más adecuados.
Tal como explicó, en una entrevista con La Nación, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, sus distintas etapas implican meses de trabajo. Por ello, incluso si optaran por esta vía, la parálisis a corto plazo no podría evitarse.
La diputada Abril Gordienko, del PUSC, propuso, como medida de emergencia, escoger al menos cuatro de los nueve suplentes. Si el oficialismo fuera responsable, debería aceptarlo. Por desgracia, son muchas las señales de que su interés es otro: golpear al Poder Judicial.
Recordemos la negativa a girar los fondos adicionales aprobados para más plazas en el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público; la retórica incendiaria contra magistrados y el fiscal general, no solo de su predecesor, sino también de la presidenta Laura Fernández, y su presión indirecta para que se eliminen los procesos penales vigentes contra el expresidente Rodrigo Chaves y otros altos funcionarios aún protegidos por la inmunidad.
La semana pasada, distinguidos académicos en Derecho de la Universidad de Costa Rica expresaron su preocupación porque varias acciones del Poder Ejecutivo “muestran rasgos compatibles con patrones reconocidos de erosión democrática y autoritarismo populista”.
También, llamaron “a la comunidad jurídica costarricense y a toda la ciudadanía republicana a vigilar y estar dispuestas a salir en defensa de las instituciones básicas de nuestra democracia constitucional”.
Lo que está ocurriendo alrededor de los suplentes para la Sala Constitucional hace más relevante su inquietud y más necesario tomar en cuenta su llamado.