De la reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial mucho se podría decir, desde la innecesaria exhibición –una vez más– del presidente de la Corte por sus años en la magistratura, hasta la intervención de la presidenta de la Sala Tercera para desmentir parte del relato de la presidenta Fernández, que insiste en descargar las culpas de la crisis de seguridad en otro brazo del Estado.
Quizá más llamativa fue una conferencia de prensa, posterior y a solas, de la jefa de Estado; los ataques, la hostilidad y, nuevamente, las descalificaciones personales que siempre sobran nos hacen preguntarnos si, de verdad, este espectáculo divisivo y violento es el que necesita el país.
Dicho lo cual, si hubo algo que debería encender todas las alarmas, fue el reclamo directo y sin ambages que públicamente hizo Fernández por las investigaciones que pesan sobre funcionarios del anterior y del actual gobierno. Fue simplemente inaudito.
Pero es que los reclamos de Fernández se estrellan contra la realidad. Es falso que investigar suponga perseguir a funcionarios del Ejecutivo. Lo que está pasando ahora ha sucedido siempre. Dos de nuestros expresidentes estuvieron presos.
En la actualidad, otros dos están a la espera de que, en un caso, concluya la fase de instrucción por el caso UPAD, y el segundo tiene un juicio programado por decisiones políticas respecto a Bancrédito. Ninguno, ni siquiera cuando se allanó Casa Presidencial –un hecho histórico por donde se quiera ver– ha recurrido al victimismo o al tono lastimero: ¿por qué tendríamos que creer que los sumarios contra los políticos de otras agrupaciones sí son fruto de la acción honesta de la justicia, pero los que se siguen contra los amigos están alimentados por dudosas y espurias motivaciones?
Hace unos años, el rey emérito de España fue señalado por haber recibido millones de euros, a título personal, de Arabia Saudí. Si bien se iniciaron varias investigaciones, los tribunales estimaron que un monarca estaba constitucionalmente protegido por un velo de irresponsabilidad y, por tanto, no podía ser procesado en la vía penal.
Esa es la diferencia: aquí no hay reyes ni reinas, y cualquier funcionario debe rendir cuentas ante las instancias judiciales. Por mucho que algunos, conforme pasa el tiempo, no dejen dudas de que las coronas no estorban tanto si quien las usa es uno de los nuestros.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.