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Cuatro meses: ese es el plazo que podría separar a Costa Rica de una parálisis total de la Sala Constitucional, estrado al que acuden miles de ciudadanos para reclamar la defensa de sus derechos en diversas materias, como la salud, el trabajo, las pensiones y el acceso a la información pública. La fecha fatal está determinada por el vencimiento en el nombramiento del magistrado propietario Jorge Araya García, lo cual ocurrirá el 31 de octubre próximo.
Este panorama obliga a la Asamblea Legislativa a tomar una decisión: permitir la reelección automática o rechazarla, y exponer al tribunal a un cierre técnico, ante la ausencia de magistrados sustitutos que puedan suplir las ausencias de los propietarios.
Hoy, la Sala opera sin ninguno de los 12 magistrados suplentes que, por ley, deben estar disponibles para reemplazar a los titulares. Es una ausencia que desde el 16 de diciembre del 2025 mantiene al Tribunal expuesto a que cualquier imprevisto (enfermedad, incapacidad o ausencia temporal) provoque un cierre total.
El vencimiento del nombramiento de Araya convierte esa fragilidad en una cuenta regresiva para la toma de decisiones. La Sala Constitucional requiere la presencia de siete magistrados para poder resolver. Sin ese mínimo, simplemente no puede operar.
La disyuntiva
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, lo plantea sin matices: si llega esa fecha sin que se hayan nombrado suplentes y se decide no prorrogar el mandato de Araya, “la Sala básicamente se paraliza, no podría sesionar”.
Bajo ese escenario, la institución quedaría reducida a funciones mínimas. La presidencia solo podría cursar asuntos y dictar medidas cautelares para resguardar derechos fundamentales, pero no habría posibilidad de resolver de fondo.
“Lo que ocurriría, en concreto, es una parálisis, un cierre total de la Sala Constitucional”, advirtió. “Para que pueda funcionar, requiere de la integración completa. Si falta un propietario, debe estar su suplente”.
El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados propietarios se reeligen automáticamente, salvo que 38 diputados voten en contra de ello. Si la Asamblea Legislativa decidiera no renovar a Araya, tendría que abrir un concurso para elegir a su sustituto, un proceso que puede extenderse por meses.
Ese sería el peor escenario posible: con una vacante en la integración titular y sin suplentes designados, el país quedaría sin claridad sobre cuándo podría volver a operar plenamente la Sala Constitucional.
Planes del gobierno fracasarían
En el plano político, el panorama tampoco facilita una salida rápida. El oficialismo ha defendido la idea de no reelegir a los magistrados propietarios como parte de su propuesta de reforma al Poder Judicial, una postura impulsada en reiteradas ocasiones por el expresidente Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda.
La mandataria Laura Fernández, electa bajo la bandera de la continuidad, ha mantenido esa misma línea discursiva. Sin embargo, la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 diputados, siete menos de los necesarios para bloquear o definir por sí sola votaciones clave.
En otro momento, esos votos podrían haber provenido del Frente Amplio (FA), que tiene justamente siete curules. No obstante, su jefe de fracción, José María Villalta, señaló que su bancada se inclina por permitir la reelección automática de los magistrados propietarios de las distintas salas, ante la falta de acuerdos para nombrar suplentes y el riesgo de paralizar el sistema de justicia.
“Lo que procederá será permitir las reelecciones, con todo el dolor del alma, porque de lo contrario va a quedar toda la justicia de este país paralizada y eso sí sería el peor escenario posible para nosotros”, declaró Villalta, el jueves 28 de mayo, durante la reunión de jefes de fracción.
Mientras tanto, el bloqueo persiste. Tras nueve rondas de votación, los diputados no han logrado designar a ninguno de los nueve magistrados suplentes solicitados por la Corte Suprema de Justicia, a partir de una nómina de 18 candidatos enviada por el Poder Judicial.
El precio de iniciar de cero
El magistrado Fernando Castillo advirtió de que iniciar el proceso de cero no es tan sencillo como lo pretenden hacer ver los diputados de gobierno, ya que un nuevo concurso puede tomar hasta nueve meses. El presidente de la Sala Constitucional aseguró que se trata de un proceso “sumamente riguroso”.
Asimismo, explicó que no se trata de que los diputados rechacen la lista puesta a su consideración sin mayor razonamiento.
“Ellos tienen que dar una justificación objetiva. Tienen que darnos criterios, porque no tiene sentido hacer un nuevo concurso donde probablemente se van a presentar menos personas y probablemente menos calificadas, para que dentro de un año nos vuelvan a decir lo mismo”, explicó.
El principal argumento que han brindado los diputados de Pueblo Soberano es que “no conocen” a los candidatos.
Sin embargo, Castillo advirtió de que deben existir razones objetivas que sustenten ese rechazo, como que no se cumpla la paridad de género o que haya escasez de expertos en algún área del derecho. “Tiene que haber criterios”, subrayó.
Alegó que no contar con esos elementos expone al país a emprender un nuevo concurso, con meses de trabajo, solamente para llegar al mismo punto.
“(...) no tiene sentido hacer ese trabajo, gastar recursos públicos del Estado, que son muy valiosos, para que al final de cuentas, en un año estemos en la misma situación, que no les gusta a nadie de la lista”, destacó.
Avance lento de segundo concurso
En paralelo, avanza otro concurso para completar la lista de candidatos que el Poder Judicial deberá remitir al Congreso para llenar las tres vacantes restantes de magistrados suplentes en la Sala IV.
No obstante, Castillo señaló que ese proceso “va lento”. Mencionó que no se ha podido hacer el estudio de atestados, que es el que más demanda tiempo, “porque la Corte le está dando prioridad a otros nombramientos en los próximos meses”.
Las opciones sobre la mesa en Cuesta de Moras son diametralmente distintas. El oficialismo insiste en solicitar a la Corte una nueva lista de candidatos; en contraste, las cuatro fracciones de oposición, que suman 26 votos, apuestan por alcanzar un acuerdo para elegir al menos a cuatro magistrados suplentes. La decisión sobre los pasos a seguir se tomaría esta semana.
Sin permisos ni vacaciones
Mientras ese límite se acerca y con la amenaza constante de la parálisis total, la Sala IV ha optado por medidas internas para evitar una interrupción abrupta de sus funciones. La prioridad, según Castillo, ha sido sostener la continuidad operativa incluso a costa de restringir la agenda de sus integrantes.
“Tenemos seis meses prácticamente de que, salvo las vacaciones colectivas, no nos autorizan vacaciones, no nos autorizan ningún tipo de viaje al exterior porque la prioridad es el funcionamiento del Tribunal Constitucional”, explicó.
Esa contención; sin embargo, tiene límites. El magistrado reconoció que hay situaciones inevitables, particularmente por razones de salud, que pueden impedir la presencia de alguno de los integrantes. En esos casos, el Tribunal se ve obligado a ajustar su dinámica.
“Hay situaciones que, por razones de salud, algún magistrado o magistrada tiene y entonces lo que hacemos es que un determinado día puede ser que no haya sesión. Pero acumulamos los asuntos de ese día para que se conozcan en la sesión siguiente”, detalló.
