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La prolongada falta de suplentes de la Sala Constitucional constituye un desafío institucional que no debe minimizarse ni reducirse a un mero resultado del ambiente político. La excusa del oficialismo de que no conocen a las 18 personas de la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es de recibo.
Para conocer a esas 18 candidaturas, podemos buscar las actas, dictámenes y videos de la Comisión de Nombramientos que hizo las recomendaciones, investigar la trayectoria de cada quien y pedir referencias, si es necesario. Lo que sigue es elegir, para no dejar desamparado al pueblo costarricense si la Sala Constitucional no puede sesionar por ausencia de algún titular y el hecho de no tener suplentes.
Las decisiones políticas no pueden desentenderse de los datos. Y estos reflejan una situación que merece atención seria y decisiones responsables por parte de la Asamblea Legislativa: según el último Informe del Estado de la Justicia, entre 2004 y 2024 hubo un incremento del 230% en el ingreso de casos a la Sala Constitucional: pasaron de 10.808 en el año 2000 a 35.625 en 2024. El 93% de casos atendidos por la Sala en 2024 fueron recursos de amparo que, por cierto, se han cuadruplicado en esos 20 años. En 2025, el total de acciones recibidas por la Sala sumó 40.059.
En cualquier momento puede enfermarse o inhibirse alguna de las magistraturas titulares. Según reportó la Sala Constitucional recientemente, solo de diciembre de 2025 al presente, se han dado 89 inhibitorias (cuando un magistrado/a se abstiene de participar en la resolución de un caso debido a un posible conflicto de intereses, para garantizar la imparcialidad y la transparencia de sus fallos).
El análisis sistematizado de esos 86 casos evidencia que aproximadamente el 79% corresponde a recursos de amparo, es decir, procesos directamente vinculados con la tutela de derechos fundamentales de la ciudadanía. No hablamos de expedientes abstractos ni de discusiones teóricas: detrás de cada caso, hay personas esperando respuestas sobre salud, pensiones, acceso a justicia y garantías constitucionales.
La evidencia muestra que los expedientes con mayor cantidad de inhibitorias corresponden a asuntos políticos, legislativos y de control constitucional del Estado, así como a pensiones, Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y seguridad social, con 19 expedientes cada uno. A ello se suman 16 expedientes relacionados con mora judicial y acceso a la justicia, otros 16 vinculados con procedimientos administrativos y debido proceso, y 10 relacionados con derecho a la salud y protección de poblaciones vulnerables.
Aún más revelador es el dato sobre la cantidad de magistraturas que se inhibieron en algún caso. De los 86 casos analizados, 36 tuvieron inhibición del pleno completo de magistrados, ¡36 de 86! Además, existen expedientes con inhibiciones de dos, tres, cuatro y hasta seis magistrados. Esta realidad demuestra la presión que enfrenta actualmente la Sala Constitucional y la necesidad urgente de garantizar estabilidad y capacidad operativa al Poder Judicial.
Es especialmente relevante señalar que los recursos relacionados con salud, seguridad social y pensiones ocupan una parte sustancial de los recursos de amparo. O sea, gran cantidad de quienes buscan la tutela constitucional son adultos mayores, personas enfermas o ciudadanos vulnerables que dependen de resoluciones judiciales oportunas para garantizar derechos esenciales.
Costa Rica posee, por amplio margen, uno de los tribunales constitucionales más utilizados (si no el más) del mundo en relación con su población. Nuestra Sala Constitucional resuelve 16 veces más casos que la Corte Constitucional de Colombia y 54 veces más que el Tribunal Constitucional de España, por citar dos ejemplos entre muchos.
Frente a este panorama, la Asamblea Legislativa no puede continuar postergando decisiones fundamentales para el funcionamiento institucional del país. El nombramiento de magistraturas suplentes no es una concesión política ni una herramienta de cálculo partidario: es una obligación constitucional expresa y una responsabilidad republicana ineludible. Cuando esa obligación se retrasa indefinidamente, el impacto no recae únicamente sobre la CSJ; termina afectando directamente a la ciudadanía y debilitando la confianza en el Estado de derecho.
Además, como parte de su labor legisladora, la Asamblea también presenta consultas a la Sala. Sin suplentes en esta, la emisión de leyes también podría verse indefinidamente bloqueada.
El bloqueo persistente de la votación por parte de la fracción de gobierno es virtualmente un secuestro de los derechos fundamentales de la ciudadanía por parte de quienes deberían velar por ellos. Quienes sistemáticamente acusan al Poder Judicial de estar en mora, hoy están forzando al Legislativo a incurrir precisamente en ello, porque reiniciar el proceso para votar sobre una nueva nómina de candidaturas puede tomar hasta un año más.
Por eso, en la más reciente reunión de jefaturas de fracciones legislativas, propuse que logremos un consenso en al menos cuatro nombres de la nómina actual, para garantizar la continuidad del trabajo constitucional mientras se reinicia un nuevo concurso para cubrir las plazas restantes. El oficialismo se tomará dos semanas para pensarlo.
Hago un llamado respetuoso pero firme para que prevalezca la sensatez, el diálogo y la visión país.
La ciudadanía espera madurez política y acuerdos mínimos. Espera que quienes ocupamos cargos públicos actuemos con responsabilidad y comprendamos que las instituciones del Estado no pueden quedar atrapadas en disputas ideológicas o cálculos coyunturales.
Abril Gordienko López es diputada de la República.
