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Los inversionistas afectados por la millonaria y todavía opaca compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) recibieron el lunes una buena noticia: la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó una operación por $70,8 millones destinada a reparar el perjuicio sufrido por quienes confiaron sus ahorros al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), subsidiaria del banco estatal.
Para estos inversionistas comienza a cerrarse un angustioso capítulo de incertidumbre, pérdidas y reclamos. En este desenlace, debe reconocerse la rigurosa actuación de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que ordenó retirar el PEP del fondo, y de los tribunales Contencioso Administrativo y de Apelaciones, cuyas resoluciones mantuvieron vigente la medida protectora, pese a los recursos del BCR y BCR SAFI.
Se trata de 1.514 cuentas de inversión. Unas pertenecen a personas y otras, a fondos de pensiones, por lo que el perjuicio alcanza indirectamente a miles de afiliados. Para dimensionar el escándalo financiero, basta recordar que la Auditoría Interna del BCR concluyó en 2023 que el fondo administrado por BCR SAFI habría pagado un sobreprecio de $35,2 millones al adquirir el PEP por $70,8 millones, en 2020, a un grupo del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales.
La decisión adoptada el lunes por los directores del Banco implica que el complejo de bodegas, situado en Esparza, Puntarenas, a 4,5 kilómetros de puerto Caldera, dejará el fondo y pasará a ser propiedad de BCR SAFI, que pagará $70,8 millones por el inmueble. Según el comunicado, “esta operación no representa, ni representará, una afectación para los clientes del Banco ni para la prestación de sus servicios” y tampoco “genera un impacto en las utilidades o el patrimonio del BCR”.
Esas afirmaciones dejan mucho por explicar. Que la compra no produzca un nuevo impacto en las utilidades o el patrimonio cuando se concrete –en octubre– no significa que carezca de costo. En abril, el BCR capitalizó a su subsidiaria con ¢19.260 millones y dijo contar con una provisión superior a ¢29.000 millones para cumplir con la orden de Sugeval. Esto indica que el efecto financiero habría sido reconocido contablemente y atendido de antemano.
Pero una provisión no hace desaparecer una pérdida; únicamente permite reconocerla anticipadamente en los estados financieros. La capitalización tampoco es dinero caído del cielo: constituye un aporte patrimonial del banco a su subsidiaria. Aunque los clientes no sufran una afectación directa ni se reduzcan los servicios, esos recursos quedarán comprometidos en BCR SAFI, que recibirá un inmueble cuyo valor recuperable aún debe determinarse.
En realidad, la carga no desaparece; se traslada. El perjuicio deja de recaer sobre los ahorrantes, como corresponde, pero el inmueble y su riesgo financiero pasan a una subsidiaria del BCR.
Por eso, afirmar que la operación no tendrá impacto no disipa las dudas sobre su verdadero costo económico. La Junta Directiva debe explicar cuánto vale actualmente el PEP, qué ingresos puede generar, cuál será el plan para aprovecharlo o venderlo y cuánto dinero espera recuperar. También debe transparentar el costo total para el conglomerado y distinguir entre los intereses y gastos acumulados, los recursos aportados a la subsidiaria y las obligaciones ya reconocidas mediante provisiones. El tratamiento financiero no exime al Banco de rendir cuentas.
Además, falta esclarecer por qué las alarmas no se activaron a tiempo para cuestionar o impedir la compra del PEP; cómo se incorporaron al fondo terrenos sin construir, pese a las restricciones normativas, y por qué los estudios técnicos, avalúos, comités de inversión, gerencias y juntas directivas no detectaron ni frenaron las aparentes irregularidades.
Identificar quiénes propusieron, impulsaron y facilitaron el negocio, así como reunir pruebas sobre eventuales responsabilidades penales, es tarea que le corresponde a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Ya el Ministerio Público investiga a 14 personas por la presunta comisión de los delitos de sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública.
Aunque la complejidad de la causa representa un desafío considerable, no debe servir de pretexto para prolongarla indefinidamente. El Ministerio Público debe actuar con celeridad y rigor hasta esclarecer cómo se gestó el negocio y, si las pruebas lo justifican, llevar ante los tribunales a quienes corresponda. El caso exige justicia pronta y cumplida.
Por ahora, los inversionistas comienzan a vislumbrar el resarcimiento que merecen, pero el país aún espera verdad y justicia.
El escándalo del PEP no estará cerrado hasta esclarecer cómo se gestó la operación, cuánto dinero podrá recuperarse y quiénes deberán responder. Trasladar la pérdida al conglomerado estatal alivia a los afectados, pero no salda la deuda con la justicia.
