El Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria BCR SAFI enfrentaron un nuevo revés en el caso de la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo rechazó, el pasado 10 de agosto, el recurso de apelación presentado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) contra la petición de la entidad de suspender la orden de la Sugeval de pagar los $70,8 millones (¢31.860 millones, al tipo de cambio actual) a los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado por la compra del PEP.
“El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso rechazó el recurso de apelación presentado por BCR SAFI (...) Con ello se mantiene en ejecución la resolución SGV-R-179-2024. En dicha audiencia esta Superintendencia asistió y conoció de manera oral la decisión del Tribunal”, confirmó a La Nación la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
La Superintendencia ratificó que, con el fallo judicial, se mantiene la obligación dada a BCR SAFI en octubre del 2024. Desde ese momento, mediante medidas administrativas y judiciales, la entidad estatal ha intentado anular la orden de la Sugeval.
La resolución judicial deja en firme el oficio SGV-R-179-2024 emitido por la Sugeval, y la resolución CNS-1948/12, que fue realizada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
En estos dos documentos, los supervisores obligan al banco público y a BCR SAFI a resarcir a los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, para evitar mayores perjuicios por la compra del PEP.
La Nación consultó al Banco de Costa Rica sobre las acciones que ejecutará a raíz de la nueva resolución judicial y cuándo ejecutará el pago a favor del fondo de inversiones, pero se está a la espera de las respuestas.
En abril pasado, el BCR aseguró que capitalizó a su subsidiaria con ¢19.260 millones para cumplir con el mandato de la Sugeval.
Adicionalmente, informó que cuenta con una provisión por una suma superior a los ¢29.000 millones para hacer frente a la obligación.
La subsidiaria del banco estatal adquirió, en febrero del 2020, el parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, en $70,8 millones. En un informe de Auditoría Interna se determinó que el inmueble se compró con un sobreprecio de $35 millones.
Actualmente, el Ministerio Público investiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial de Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).