Un grupo de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, solicitó información a la alta gerencia del Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria para “garantizar transparencia y trato justo”.
Los inversionistas afectados expresaron su preocupación por un comunicado emitido el 2 de setiembre, en el que el BCR informó sobre una acción judicial contra una resolución de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
La orden administrativa del supervisor obliga a la entidad y a su subsidiaria, BCR SAFI, a aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas del fondo por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
“La judicialización del caso por parte del BCR ante el Tribunal Contencioso Administrativo dejaría en estado de indefensión a cientos de personas que confiaron sus ahorros en la entidad bancaria”, se lee en un comunicado del grupo.
La solicitud está dirigida al gerente general del BCR, Julio César Trejos; a la presidenta del BCR, Mahity Flores; al gerente general de BCR SAFI, Douglas Montero; y al presidente de la Junta Directiva de BCR SAFI, Luis Emilio Cuenca Botey.
En el documento, los inversionistas exigieron una copia del escrito de interposición de la acción judicial, la identificación del despacho donde fue presentada, la hora y fecha de presentación y el número de expediente asignado.
“En defensa de nuestros derechos constitucionales y en procura de la transparencia que debe regir en la relación con los clientes, solicitamos esta información. Es fundamental para garantizar la simetría informativa y la debida protección de los intereses de quienes hemos depositado nuestra confianza en el Banco de Costa Rica y en su SAFI”, manifestó Rodrigo Alberto Carazo, vocero del grupo de afectados.
El 17 de julio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) comunicó la ratificación de la orden dictada por Sugeval en 2024, al declarar sin lugar la apelación presentada por el Banco y por BCR SAFI.
El pasado 2 de setiembre, la Junta Directiva del BCR indicó en un comunicado que acatar la medida significaría trasladar más de $70 millones en fondos públicos a un patrimonio privado.
El Banco afirmó que esta acción legal no representa una confrontación con los entes reguladores, sino un “ejercicio legítimo de defensa institucional en aras del respeto a la legalidad que debe imperar en el manejo de fondos públicos”.
