El Banco de Costa Rica (BCR) presentó una acción legal contra la orden administrativa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) que obliga a la entidad y su subsidiaria BCR SAFI a aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
El 17 de julio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) comunicó la ratificación de la orden dictada por Sugeval en 2024, al declarar sin lugar la apelación presentada por el Banco y por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (BCR SAFI) contra la medida, tal como publicó La Nación.
Con estos recursos se deberá retirar el PEP del Fondo Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI. El parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, fue adquirido por $70 millones, pero se investiga si en la compra se pagó un sobreprecio.
El objetivo de la medida es restablecer la situación del fondo de inversión al momento previo a la adquisición del PEP, efectuada en febrero de 2020, a fin de evitar perjuicios a los inversionistas.
La Junta Directiva del BCR explicó, en un comunicado, que acatar esta medida implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado.
La entidad indicó que la directriz “impone una responsabilidad cuya legalidad debe ser analizada por los Tribunales de Justicia”. Añadió que hará uso de los mecanismos jurídicos disponibles para aclarar la situación..
El Banco afirmó que esta acción legal no representa una confrontación con los entes reguladores, sino un “ejercicio legítimo de defensa institucional en aras del respeto a la legalidad que debe imperar en el manejo de fondos públicos”.
Además, la entidad señaló que BCR SAFI realiza gestiones para optimizar el Fondo Inmobiliario No Diversificado con el propósito de mejorar los rendimientos para los inversionistas.
Previamente, el Conassif rechazó los argumentos del BCR y BCR SAFI contra la orden de Sugeval. La información consta en el oficio CNS-1948/12, del 27 de junio, del cual este diario tiene copia.
Uno de los alegatos de la subsidiaria del BCR fue que la orden emitida por la Sugeval era “desproporcionada y poco razonable”, al imponer “cargas gravosas” sin “valorar otras alternativas menos gravosas”.
Conassif ratificó que se trata de una orden administrativa emitida por la Sugeval para “garantizar la continuidad de la sociedad administradora y proteger a los inversionistas actuales y potenciales”.
El Consejo descartó que el procedimiento fuera desproporcionado o poco razonable y afirmó que no constituye una sanción anticipada. También manifestó que este tipo de proceso no requiere notificación previa para ejercer el derecho de defensa, como ocurre en un procedimiento sancionador.
El órgano aclaró que las órdenes son actos administrativos definitivos dictados en el marco de las potestades de supervisión prudencial de Sugeval, independientes de cualquier otro procedimiento, por lo que no tienen conexión con otros procesos.
El Consejo concluyó que había razones suficientes para que Sugeval emitiera la orden administrativa, ante la “inacción de la SAFI y su controladora” respecto a la situación de este fondo de inversión. También reiteró que el dinero debe emplearse para pagar pasivos del fondo, reducir el endeudamiento y bajar los gastos por intereses.
El Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado adquirió el PEP en $70,8 millones, cuando en realidad su valor debió ser de aproximadamente $34,8 millones, según una auditoría interna del BCR SAFI.
