El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) confirmó que el Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria BCR SAFI deben aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Con estos recursos, deberá retirarse el PEP del Fondo Inmobiliario No Diversificado, el cual está a cargo de la BCR SAFI. El parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, fue adquirido por $70 millones, pero se investiga si en la compra se pagó un sobreprecio.
El objetivo de la medida es restablecer la situación del fondo de inversión al momento previo a la adquisición del PEP, efectuada en febrero del 2020, a fin de evitar mayores perjuicios a los inversionistas.
La decisión se detalla en el oficio CNS-1948/12, del pasado 27 de junio. El Consejo declaró sin lugar la apelación presentada por el Banco y por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) contra la orden emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), el 29 de octubre del 2024.
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“Al no existir elementos fácticos y jurídicos nuevos que ameriten su revocatoria (orden de Sugeval), lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos, así como el incidente de nulidad interpuesto y, en consecuencia, ratificar en todos sus extremos la resolución SGV-R-179-2024 del 29 de octubre del 2024 dictada por la Sugeval“, se precisa en el documento, de 45 páginas, del cual tiene copia La Nación.
El Consejo también ratificó que el dinero debe emplearse para pagar pasivos del fondo de inversión, reducir el nivel de endeudamiento y bajar los gastos por intereses. Según el Conassif, la medida administrativa no es desproporcionada, poco razonable ni gravosa, como argumentaron el BCR y su subsidiaria.
En ese sentido, el Consejo ratificó que esta es una orden administrativa de la Sugeval “con el fin de garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales”.
Este miércoles 27 de agosto, el BCR comunicó que, en el marco de sus obligaciones y derechos, continúa analizando cuidadosamente el contenido y las implicaciones de la resolución.
“Nuestra prioridad es velar por la estabilidad, la seguridad de los fondos públicos y el interés de nuestros clientes e inversores, siempre actuando conforme a la legislación vigente. Una vez que se concluya este análisis, se comunicarán las decisiones correspondientes”, indicó la entidad financiera.
‘No es una sanción’
Como parte de los argumentos presentados por BCR SAFI, se alegó que la orden de la Sugeval constituía “una sanción anticipada”, emitida sin audiencia previa y en violación de las garantías del debido proceso.
Sin embargo, el Conassif aclaró que dicha instrucción responde a un proceso de supervisión técnico-administrativo desarrollado por la Sugeval, por lo que no puede considerarse como una sanción anticipada. También negaron que se trate de una condena, si no más bien de una medida preventiva para reducir riesgos.
“La orden de excluir el activo identificado como PEP del portafolio del fondo, no constituye por sí misma una sanción ni puede asimilarse a una condena administrativa. Es una medida de naturaleza preventiva y correctiva, dirigida a mitigar un riesgo identificado por el supervisor en aras del interés público”, explicó el Consejo en su razonamiento.
El Consejo consideró que "había motivos suficientes para que la Sugeval emitiera la orden administrativa", ante la “inacción de la SAFI y su controladora” en relación con la situación de este fondo de inversión.
Sobre la supuesta vulneración a los principios de imparcialidad y objetividad, alegada por el BCR, el Conassif recalcó que las órdenes impartidas por Sugeval son “el resultado de un proceso técnico de supervisión, no de una valoración subjetiva”.
El Consejo aclaró que la orden emitida no se trata de una medida cautelar, sino que es parte del ejercicio de las potestades de supervisión prudencial de la Superintendencia. Añadieron que el procedimiento tampoco está vinculado ni tiene conexión con un proceso sancionador tramitado bajo el expediente J60/0/175 por presuntas infracciones en la adquisición del PEP.
Polémica compra
El Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado adquirió el PEP en $70,8 millones, cuando en realidad su valor debió ser de aproximadamente $34,8 millones, según una auditoría interna del BCR SAFI.
La propiedad se encuentra ubicada en Esparza, en Puntarenas, y tiene una extensión de 540.400 metros cuadrados (m²). La compra de este inmueble se efectuó en marzo del 2020.
En setiembre del 2022, un grupo de inversionistas presentó una denuncia contra BCR SAFI ante la Sugeval por esta compra. Entre los cuestionamientos se incluyen el valor de compra de la propiedad y otras supuestas anomalías. El caso también se investiga en el Ministerio Público.
El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado fue creado por BCR SAFI en setiembre del año 2000, y su moneda operativa son los dólares. Se denomina inmobiliario porque se especializa en la compra de propiedades para alquiler, aunque también puede invertir una parte de su cartera en títulos valores.
