La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó el lunes que su subsidiaria BCR SAFI compre el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en $70,8 millones.
La decisión permitirá pagar al Fondo Inmobiliario No Diversificado la adquisición del polémico inmueble, hecha en marzo del 2020, resarcir a los inversionistas y normalizar la situación financiera de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).
“Con esta operación, prevista para octubre de este año, el inmueble dejará de formar parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado y pasará a incorporarse a los activos del BCR SAFI. La decisión fue tomada por la Junta Directiva General del BCR en sesión del 17 de agosto y permite avanzar en las acciones definidas para la atención de la resolución SGV-R-179-2024″, informó el banco estatal.
La institución pública enfatizó que la transacción no tendrá efectos adversos en el banco.
“Esta operación no representa, ni representará una afectación para los clientes del Banco ni para la prestación de sus servicios. Asimismo, de acuerdo con el tratamiento financiero previsto para la operación, no genera un impacto en las utilidades o el patrimonio del BCR”, se indicó en un comunicado.
La decisión del BCR se genera tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de rechazar, el pasado 10 de agosto, el recurso de apelación presentado por su subsidiaria para comprar el PEP, tal como publicó La Nación.
La institución pública detalló que, una vez que el PEP se incorpore a los activos de su subsidiaria, definirá el plan de acción para su aprovechamiento, potencial del inmueble, así como las oportunidades de generación de valor que este pueda representar.
La subsidiaria del banco estatal adquirió, en febrero del 2020, el parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, en $70,8 millones. BCR SAFI compró la propiedad ese año con un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica.
Con la decisión tomada este lunes, la Directiva del BCR autorizó que su subsidiaria le pague el dinero prestado, hace seis años, para la compra del PEP.
En abril pasado, el BCR aseguró que capitalizó a su subsidiaria con ¢19.260 millones para cumplir con el mandato de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Adicionalmente, informó que cuenta con una provisión por una suma superior a los ¢29.000 millones para hacer frente a la obligación.
Un informe de Auditoría Interna del Conglomerado del BCR determinó que el inmueble se compró con un sobreprecio de $35 millones.
Actualmente, el Ministerio Público investiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial de Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Orden de Sugeval detonó compra
En octubre del 2024, la Superintendencia emitió el informe SGV-R-179-2024 en el cual se ordenó al BCR y su subsidiaria retirar el PEP del Fondo Inmobiliario No Diversificado.
El pago de los $70,8 millones se debe emplear para pagar pasivos del fondo de inversión, reducir el nivel de endeudamiento y bajar los gastos por intereses. El objetivo de la medida es restablecer la situación del fondo al momento previo a la adquisición de la propiedad ubicada a menos de cinco kilómetros de Puerto Caldera, en Puntarenas.
“Que se realicen las gestiones necesarias para que el costo financiero incurrido para la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico sea eliminado del Fondo de Inversión y sea asumido por la Sociedad Administradora; sin embargo, si por razones de suficiencia patrimonial, no es posible para BCR SAFI llevar a cabo esta acción, entonces Banco de Costa Rica en su condición de controladora deberá asumirlo en forma subsidiaria”, argumentó la Superintendencia, en el oficio de 24 páginas.
Por esa razón, el Banco de Costa Rica tendrá que proporcionar el dinero para la adquisición.
Como parte de las justificaciones de la decisión, la Superintendencia indicó en el oficio que la subsidiaria del banco estatal adquirió un terreno sin construcción contrario a la normativa del mercado de valores, según la cual, los activos autorizados en un fondo inmobiliario deben estar construidos.
De hecho, la propia BCR SAFI lo reveló en el informe de Auditoría Interna AUD-SAFI-030-2023, el cual luego utilizó para denunciar penalmente a exfuncionarios en el Ministerio Público.
El BCR y su sociedad se opusieron a la orden primero en la vía administrativa y luego en la judicial. Sin embargo, sus argumentos fueron rechazados.
Entre los fundamentos que el banco público cuestionó estuvo la responsabilidad solidaria.
La Superintendencia aseguró que el Banco de Costa Rica sí cuenta con responsabilidad de las actuaciones de su subsidiaria, lo cual sustentó en un reciente dictamen de la Procuraduría General de la República que ratificó la obligación del banco sobre su sociedad anónima.
“El BCR en su condición de entidad controladora mantiene un deber de velar por el buen funcionamiento de sus subsidiarias. En el asunto en valoración, esta responsabilidad debe concretarse mediante acciones claras y contundentes ante el conocimiento de los hechos acontecidos y que han afectado el correcto funcionamiento del referido fondo de inversión propietario del PEP”, se señaló en el informe.
Sugeval también recordó al BCR y a BCR SAFI que de las 1.514 cuentas abiertas a inversionistas en dicho fondo inmobiliario hay varios fondos de pensión, lo cual incluye a miles de afiliados. La afectación económica es relevante y tiene un impacto amplio.