Como uno de los perjudicados por la ya muy conocida estafa de la subsidiaria del Banco de Costa Rica, BCR SAFI, vinculada al escandaloso caso del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) –apenas la punta del iceberg–, he leído con atención la excelente entrevista que La Nación publicó el pasado 2 de octubre al nuevo gerente del BCR.
El señor Julio César Trejos, actual cabeza del conglomerado y, por tanto, responsable institucional de las consecuencias derivadas del actuar de esa subsidiaria (según lo ha determinado de manera vinculante la Procuraduría General de la República), no tiene culpa alguna en la estafa. Sin embargo, está asumiendo un riesgo personal innecesario al defender actuaciones pasadas que no le corresponden. Sus respuestas, más evasivas que esclarecedoras, se asemejan a las de un político, no a las de un banquero.
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Para explicar por qué pienso así, retomo –con autorización de su autor– un comentario compartido en un grupo de inversionistas afectados. Su autor, don Javier Romero, expone con precisión el razonamiento que a continuación detallo, dirigido principalmente a los directores del BCR, a quienes el señor Trejos ha salido a defender, como ciertamente le corresponde, aunque los hechos digan otra cosa.
- Los actuales directores ocultan o dilatan las acciones de sus empleados. Traban, apelan y judicializan procesos ya ratificados por Sugeval, Conassif y la Procuraduría, cuyo fin es rescatar el fondo.
- Hace aproximadamente un año, presentaron una denuncia débil ante la Fiscalía, aparentemente solo para aparentar cumplimiento. Sorprende que no acusaran a nadie, pese a que el informe de auditoría interna es claro y señala nombres concretos de funcionarios, varios de ellos despedidos sin responsabilidad patronal.
- Son los mismos directores quienes enviaron el caso a la vía judicial, aunque Sugeval y Conassif ya habían ordenado –en cumplimiento de la ley– trasladar $70 millones al Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado (FIIND), financiado por los inversionistas de BCR SAFI, y retirar de allí el PEP para detener el desangre que amenaza con llevar al fondo a la ruina.
Todo indica que los directivos están actuando según intereses ajenos al banco, o sin dimensionar las consecuencias de sus actos. “Patear la bola” hacia adelante será mucho más costoso, no solo en términos financieros y reputacionales, sino también para la credibilidad del sistema financiero nacional.
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Que un actor financiero estatal de gran peso desacate resoluciones de los entes supervisores es un hecho inédito y grave. ¿Quién invertirá en Costa Rica si las entidades pueden ignorar a sus propios reguladores? ¿Qué pasaría en Estados Unidos si a la SEC (Security and Exchange Commission) se la “brincaran con garrocha”, como aquí lo hace el BCR con Sugeval y Conassif?
Es necesario que la ciudadanía entienda con claridad algunos puntos esenciales:
- Postergar el cumplimiento de lo instruido por Sugeval y avalado por Conassif –tras una consulta del propio BCR– perjudica directamente al Banco y, por extensión, a todos los costarricenses, sus verdaderos dueños. La Junta Directiva actúa desalineada de su mandato, pues el Poder Judicial, con toda lógica, respaldará los criterios técnicos emitidos por tres instancias de primer orden: Sugeval, Conassif y la Procuraduría General de la República.
- ¿Por qué la Junta Directiva no resuelve el problema y, por el contrario, agrava los daños financieros y reputacionales del banco? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? ¿Debe valorarse su remoción para que nuevas autoridades pongan orden y restauren la confianza?
- Un dato revelador: entre 2015 y 2024, solo el FIIND generó al BCR ingresos superiores a $80 millones, producto de intereses por préstamos y administración del fondo. Falta aún cuantificar lo recibido por comisiones de correduría de seguros y de bolsa. Allí está el dinero que parece dolerle tanto a la actual Junta Directiva.
Reitero lo dicho desde el inicio: el PEP es solo la punta del iceberg. Lo que yace debajo –la falta de transparencia, la impunidad y la desconexión entre las autoridades bancarias y los inversionistas estafados, muchos de ellos adultos mayores– amenaza con hundir no solo un fondo, sino la confianza pública en las instituciones financieras del Estado.
cmecheverria@yahoo.com
Carlos Manuel Echeverría Esquivel es un exfuncionario público jubilado y un inversionista perjudicado.