Esto no es un escándalo financiero más. Es la radiografía de cómo una de las instituciones más emblemáticas del Estado utiliza su poder para pisotear a los ciudadanos que debía servir y proteger, incluyendo a pensionados y adultos mayores. El caso que enfrenta al Banco de Costa Rica (BCR) y su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) contra los reguladores y más de 1.500 inversionistas y sus familias, plantea una pregunta tan simple como desoladora: ¿cómo es posible que un banco estatal haya planificado cómo proteger su propio dinero, pero fuera tan brutalmente imprudente con los ahorros que se le confiaron? La respuesta, encontrada en sus propios documentos, revela una doble moral que merece ser expuesta.
Para entender la profundidad del cinismo, no hace falta buscar en fuentes externas. Basta con analizar los planes internos que el propio BCR presentó en su intento de judicializar el caso y evitar cumplir con la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval). En sus propias palabras, el Banco expone una lógica que prioriza su bienestar (utilidades) financiero por encima de la responsabilidad que tiene con quienes creyeron en su marca.
En un “informe” de su “Gerencia de Contabilidad General y Presupuestos”, el BCR diseñó meticulosamente a su conveniencia tres posibles escenarios para cumplir la orden de Sugeval. Cada plan, lejos de buscar una solución justa, se lee como un ejercicio de control de daños para el Banco. Veamos:
Escenario 1: El BCR compra el desastre. El Banco adquiriría directamente el problemático Parque Empresarial del Pacífico (PEP). El resultado sería un impacto directo en sus utilidades y una reducción en los aportes parafiscales que, por ley, debe entregar. En resumen, una disminución en sus utilidades.
Escenario 2: La SAFI se sacrifica (en apariencia). La subsidiaria BCR SAFI compraría el PEP. Sin embargo, el propio Banco admite que esto la llevaría a una “quiebra técnica”, ya que las pérdidas superarían el 50% de su capital social, dejándola inoperante.
Escenario 3: El rescate costoso. Para evitar la quiebra de la SAFI –que le corresponde por ser el ente controlador–, el BCR realizaría una doble capitalización. Esta opción es calificada internamente como un “costo económico alto para el Banco”.
El nivel de detalle con que el BCR evaluó cada decimal de impacto sobre sus utilidades es admirable. Demuestra una capacidad de análisis financiero sofisticada y una profunda preocupación por proteger sus arcas. La ironía es brutal.
Esta misma diligencia brilló por su ausencia cuando, utilizando el dinero de los inversionistas, la SAFI pagó $70 millones por un inmueble inconcluso y numerosos problemas asociados. Hoy, ese mismo activo, según un avalúo de la empresa Logan ordenado por la propia SAFI, está valorado en aproximadamente $28 millones. La diferencia de $42 millones no es una “mala inversión”; es el precio de la negligencia (por decir lo menos) pagado con los ahorros de otros.
Resulta indignante que el Banco ahora se presente como una víctima de las órdenes del regulador, cuando su actuar fue el origen de la crisis. Los más de 1.500 inversionistas no le entregaron su dinero a una entidad desconocida, sino a una “empresa profesional” que se vendía con el prestigio y el respaldo de la marca “BCR”, como entidad estatal. Esa confianza fue la que se traicionó.
Para evadir su responsabilidad, el BCR ha tejido una telaraña de excusas y medias verdades. Desmontemos una por una.
La supuesta “quiebra técnica” de la SAFI es el primer fantasma que el BCR agita para asustar a los jueces, una falacia conveniente.
El Conglomerado Financiero BCR es el tercero más grande del país. Más importante aún, el dictamen C-212-2024 de la Procuraduría General de la República es contundente: el BCR tiene responsabilidad subsidiaria e ilimitada sobre su SAFI. Además, la Procuraduría dictaminó que exigir a una casa matriz que respalde a su subsidiaria no es una medida “irrazonable, antojadiza, arbitraria o abusiva”.
El Banco acudió a los tribunales alegando un peligro inminente. Sin embargo, su propio cronograma, presentado a los inversionistas, revela la verdad: planeaban iniciar los primeros pagos recién en octubre de 2026. ¿Cuál es la urgencia de detener un pago que no pensaban hacer hasta dentro de más de un año? La acción judicial es una táctica dilatoria y temeraria. El verdadero objetivo de la demora es aún más cruel, como lo denuncian los representantes de los afectados: ganar tiempo “para que muchos de los inversionistas que hoy exigen soluciones fallezcan en el proceso y disminuya la presión”.
El verdadero “peligro en la demora” no lo enfrenta el Banco, sino el Fondo de Inversión (FIIND). Un informe independiente es devastador: el PEP le genera al fondo pérdidas mensuales estimadas en $300.000 mensuales, lo que lo llevará a una inevitable quiebra a corto plazo. Los afectados son más de 1.500 inversionistas, entre ellos cientos de adultos mayores que dependían de estos ingresos para sus pensiones, y los principales fondos de pensiones del país: Jupema, Popular Pensiones y BN Vital, que administran los ahorros de miles de trabajadores.
El BCR alega que cumplir la orden de Sugeval le causaría un “grave daño reputacional”. Este argumento es, como mínimo, una burla. El daño a su reputación es autoinfligido. Pero no se trata solo de procrastinar soluciones. La evidencia más demoledora es que su propia Auditoría Interna no solo advirtió de las anomalías en diciembre de 2021, sino que sugirió valorar la interposición de una denuncia penal ante el Ministerio Público. La administración del BCR esperó 32 meses, hasta agosto de 2024, para hacerlo. Esto no es negligencia, es una decisión consciente de sentarse sobre la evidencia de posibles delitos.
Este desfile de falacias solo subraya una verdad incómoda: el Banco está más preocupado por su estado de resultados que por su deber legal como ente controlador de su subsidiaria.
En última instancia, el caso expone una asimetría moral inaceptable: un cuidado quirúrgico para las finanzas (utilidades) del Banco y un abandono absoluto de los deberes hacia quienes le confiaron sus ahorros.
El BCR se escuda en la necesidad de proteger “fondos públicos” para justificar su negativa a reparar el daño que su mala gestión causó a un fondo “privado”. Esta distinción es una cortina de humo. Cuando un banco estatal participa en el mercado, se somete a las mismas reglas que todos. Su obligación era actuar con la misma diligencia para todos, no solo para sí mismo.
El BCR nos ha demostrado que sabe perfectamente cómo proteger el dinero. Es hora de exigirle que recuerde a quién pertenece ese dinero, a quién le debe lealtad y a quienes les debe, por ley, mostrar responsabilidad y ética.
Las cuentas no se piden en los tribunales para ganar tiempo; se rinden ante los ciudadanos para recuperar la confianza perdida.
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Luis Guillermo Elizondo Ugalde es un inversionista afectado.