Trejos señaló que se trata de un asunto que el banco está manejando en las instancias correspondientes. “Yo vengo y sí me encuentro la situación. Creemos que la tenemos que atender como tiene que atenderlo un banco de este tipo, respetando todos los canales”, afirmó.
En relación con la inquietud que ha generado en los inversionistas la decisión de acudir a instancias legales, el nuevo gerente comentó que respeta la institucionalidad y que la entidad actuará como corresponde.
“Es un tema que por respeto al proceso que estamos siguiendo, me parece que hay que dejarlo que siga en la instancia correspondiente. El banco respeta la institucionalidad y actuaremos como nos corresponde, como un banco serio, como un banco responsable”, expresó.
El 2 de setiembre, el BCR presentó una acción legal contra la orden administrativa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) que obliga a la entidad y a BCR SAFI a aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas del fondo.
Días después, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió de manera provisionalísima la acción judicial y suspendió los efectos de la resolución emitida por la Sugeval el 29 de octubre del año pasado y de otra del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del 27 de junio de 2025, en la que se ratificó el pago.
Ante esto, un grupo de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado expresó su preocupación y solicitó información a la alta gerencia del BCR y su subsidiaria para “garantizar transparencia y trato justo”.
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El fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI colocó participaciones por un valor total de $251,8 millones, las cuales fueron adquiridas por diversos inversionistas. En febrero de 2020, adquirieron el Parque Empresarial del Pacífico por $70,8 millones.
Se trata de unas bodegas industriales que se ubican en un terreno de 540.400 metros cuadrados (m²) en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas. Sin embargo, en setiembre de 2020, un grupo de inversionistas de la SAFI denunció que el monto pagado era mucho más alto que el valor real del inmueble.
La sospecha de los inversionistas quedó confirmada en junio del año 2023, cuando la Auditoría Interna de la entidad determinó que habrían pagado $35,2 millones de más por el PEP.
La suspensión de las directrices instruidas por Sugeval se mantendrá hasta que los tribunales resuelvan en definitiva la medida cautelar. Además del traslado de los fondos, también quedó suspendida una asamblea de inversionistas.
