Tres de los principales administradores de fondos de jubilación del país reprocharon al Banco de Costa Rica (BCR) y a BCR SAFI por poner en riesgo las pensiones de miles de personas.
BN Vital, Popular Pensiones y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) acusaron al banco estatal y a su subsidiaria, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (BCR SAFI), de incumplir con el mandato de aportar $70 millones para sacar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) y resarcir a los inversionistas por la compra de este inmueble.
“Si un banco estatal decidió crear una subsidiaria para administrar fondos de inversión —lo que le genera ganancias, como es el caso del BCR— debe también asumir las responsabilidades que esto implica”, aseveraron en el oficio.
El pronunciamiento se dio luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió de forma temporal la orden dada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) al Banco de Costa Rica y a su subsidiaria de proporcionar los recursos.
El documento está firmado por Róger Porras, gerente de Popular Pensiones; Marco Vargas, gerente de BN Vital; y Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema. El también lo suscriben Carolina Elizondo y Fernando Mayorga, representantes de inversionistas individuales.
En este se hace una fuerte crítica al BCR y BCR SAFI por decisión de acudir a la vía judicial, por su negativa a aportar los recursos al Fondo Inmobiliario No Diversificado, propietario del PEP.
El banco público detalló a La Nación por escrito tiene un compromiso con el adecuado resguardo y gestión de los fondos y ahorros de los inversionistas y clientes.
“Las pensiones de los costarricenses bajo ninguna circunstancia se comprometen ni están en riesgo”, recalcó la entidad.
El fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI colocó participaciones por un valor total de $251,8 millones, las cuales fueron adquiridas por diversos inversionistas.
Del total, los fondos de pensiones contribuyeron con $82,6 millones de los aportes para la jubilación de 2,3 millones de personas, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Mientras que los inversionistas individuales adquirieron participaciones por $92,9 millones. Los restantes $76,3 millones se reparten entre asociaciones solidaristas, cooperativas y bancos.
Cuestionamientos
El documento difundido por los principales inversionistas del fondo inmobiliario del BCR SAFI planteó cinco aspectos que consideraron claves para sus intereses.
- Resolución de Sugeval: Ordena reintegrar al fondo el costo del Parque Empresarial del Pacífico y sus gastos, tras constatarse un supuesto incumplimiento en la administración.
- Responsabilidad del BCR: Si BCR SAFI carece de recursos, el Banco, como propietario, debe cubrirlos.
- Sustento legal y técnico: La resolución se basa en el marco regulatorio del mercado de valores, un dictamen de la Procuraduría General y pruebas de la Auditoría Interna del BCR, que provocaron despidos de funcionarios.
- Impacto social: El fondo agrupa recursos de adultos mayores, operadoras de pensiones, cooperativas y asociaciones solidaristas, lo que amplifica la afectación a miles de costarricenses.
- Llamado al BCR: Los inversionistas pidieron a la entidad abstenerse de recurrir a procesos judiciales para dilatar el caso y cumplir lo ordenado, en aras de la transparencia y la confianza en el sistema financiero.
Respuesta del banco
En respuesta a los argumentos de los inversionistas, el BCR subrayó que no puede utilizar fondos públicos para la compra de un inmueble de naturaleza privada. Sin embargo, reiteró que será respetuoso de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.
“Tanto BCR SAFI como el Banco, han actuado siguiendo el debido proceso, judicializando las actuaciones sobre cuya legalidad se tienen dudas“, argumentó la en entidad.
Adicionalmente, confirmaron que continuarán con el proceso en las instancias judiciales y que acatarán la decisión de los jueces.
Proceso lleva varios años
En febrero del 2020, el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado compró el Parque Empresarial del Pacífico por $70,8 millones.
Se trata de unas bodegas industriales ubicadas en un terreno de 540.400 metros cuadrados (m²) en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.
Sin embargo, en setiembre del 2020, un grupo de inversionistas de la SAFI denunció que el monto pagado era mucho más alto que el valor real del inmueble.
La sospecha de los inversionistas quedó confirmada, en junio del 2023, cuando la Auditoría Interna de la entidad confirmó que se pagaron $35,2 millones de más por el PEP.
La compra de estas bodegas empresariales se hizo al grupo del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, ingeniero eléctrico de 64 años que ejerció el cargo entre 2014-2018 por la provincia de San José.
De acuerdo con la Auditoría Interna de BCR SAFI, en la operación se incluyeron “edificaciones inexistentes” y se sobrevaloró el perímetro de los predios que eran realmente utilizables, distorsionando “la correcta determinación del valor pericial adecuado al momento de la compra del PEP”.
La Sugeval investiga, desde setiembre del 2022, la compra del PEP para el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado.