El Tribunal Contencioso Administrativo acogió de manera provisionalísima la acción judicial que presentó el Banco de Costa Rica (BCR) contra la orden administrativa SGV-R-179-2024 emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que obligó a la entidad pública a aportar $70 millones a los inversionistas de un fondo de BCR SAFI.
La entidad solicitó suspender los efectos de la resolución emitida por Sugeval el 29 de octubre del año pasado y otra del Conassif, del 27 de junio de 2025, que obligan al Banco y a su subsidiaria, BCR SAFI, a resarcir a los inversionistas de uno de sus fondos inmobiliarios para evitar mayores perjuicios por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
En la petición enviada al Contencioso, de la cual tiene copia La Nación, el BCR argumentó que dichas acciones administrativas producen, de mantenerse vigentes, “daños graves, presentes y futuros, patrimonial y moral” a la entidad.
Como parte de esta medida, se suspende la ejecución del plan ordenado por Sugeval para el traslado los $70 millones al fondo inmobiliario y la convocatoria a la Asamblea de Inversionistas para informar sobre el plan de adquisición del inmueble, la cual había sido previamente convocada, pero debe ser suspendida, indicó el BCR.
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La oficina de prensa de Sugeval explicó que están trabajando en responder a la resolución judicial sobre la medida cautelar dictada, en apego al ordenamiento jurídico que “fundamenta las competencias y actuaciones que han ejercido”.
“Esta Superintendencia es respetuosa de las decisiones judiciales que se toman, pero en este caso, considera que la dilación en encontrar solución a los problemas financieros que enfrenta el fondo solo irá en perjuicio de los inversionistas”, indicó Sugeval.
En un comunicado de prensa, la entidad bancaria señaló que esta medida fue acogida de manera provisionalísima, lo que implica la suspensión de todas las acciones solicitadas en relación con el PEP, inmueble incluido en el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
La suspensión de las directrices instruidas por Sugeval se mantendrán hasta que los Tribunales resuelvan en definitiva la medida cautelar. Tanto el BCR como BCR SAFI reiteraron su respeto por el orden judicial, institucional y regulatorio del país.
En un comunicado de hecho relevante, BCR SAFI informó que adicional a la solicitud de medida cautelar presentada por el BCR, la subsidiaria presentó el 9 de setiembre otra solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso.
La gestión tiene como fin el otorgamiento de una medida cautelar provisionalísima para que se declare la suspensión de los efectos de las resoluciones SGV-R-179-2024 y la SGV-R-198-2024, emitidas por la Sugeval, así como la resolución CNS-1948/12 del 27 de junio de 2025 del Conassif.
La solicitud judicial de BCR SAFI es distinta e independiente de la presentada por el BCR, por lo que ambos procesos son tramitados bajo expedientes judiciales diferentes, de acuerdo con el hecho relevante.
‘Quiebra técnica’
Como parte de la argumentación presentada ante el Tribunal, el Banco citó un informe del 29 de agosto de 2025, suscrito por la Jefatura de Informes, Factibilidad y Costos de la Gerencia de Contabilidad General y Presupuestos del BCR.
Según la entidad, el documento advierte de los “graves daños” que generaría la aplicación de la orden de Sugeval, ratificada por Conassif, respecto al PEP. Además, se plantean tres escenarios:
El primero es la compra del PEP por parte del BCR. En este caso, la subsidiaria devolvería los ¢22.000 millones de capital ya aportados como contingente, y el Banco completaría el monto necesario para adquirir el activo, cuyo valor estiman en $82,5 millones.
El BCR señaló que este trámite impactaría sus utilidades y patrimonio ajustado, ya que debería registrar el ajuste por la revaloración del activo, pues su valor es menor al del monto que se pagaría.
El segundo escenario consiste en una nueva capitalización de ¢21.200 millones por parte de BCR SAFI para adquirir el PEP. El informe lo califica como inviable, porque el ajuste por revaloración generaría pérdidas que dejarían a la administradora en quiebra técnica, lo cual obligaría al BCR a capitalizarla.
“Al entrar la subsidiaria en quiebra técnica, esta no podría operar; por lo que el Banco deberá capitalizar a la subsidiaria de forma inmediata”, se lee. Una quiebra técnica ocurre cuando las pérdidas superan 50% del capital, lo que impide cumplir con los compromisos financieros.
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El tercer escenario también contempla una capitalización de ¢21.200 millones por parte de BCR SAFI para que la subsidiaria del banco compre el PEP, más un aporte adicional para evitar la quiebra técnica.
Aunque esto mantendría a la subsidiaria en operación, representaría un “costo económico alto para el banco”, pues asumiría la pérdida al consolidar sus estados financieros. La afectación potencial en las utilidades se estimó en ¢13.066 millones.
“Ninguno de los escenarios que la Sugeval exige deben estar incluidos en el plan de acción, resulta inviable. Todas las opciones presentan daños graves que debe asumir el Banco de Costa Rica”, argumentó la entidad.
El pasado 2 de setiembre, la Junta Directiva del BCR indicó en un comunicado que acatar la medida significaría trasladar más de $70 millones en fondos públicos a un patrimonio privado.
El Banco afirmó que esta acción legal no representa una confrontación con los entes reguladores, sino un “ejercicio legítimo de defensa institucional en aras del respeto a la legalidad que debe imperar en el manejo de fondos públicos”.