El suscrito es un ciudadano como muchos otros, adulto mayor que trabajó toda su vida y fue cliente del BCR durante todos sus años laborales. Le confié mis ahorros y mi liquidación al Conglomerado BCR buscando solidez, probidad, el respeto de la banca estatal y, por supuesto, la seguridad del manejo de mis recursos arduamente obtenidos; por eso, los puse en manos de personas profesionales y conocedoras de la materia.
Sí. Pertenezco al grupo de adultos mayores, operadoras de pensiones, asociaciones y cooperativas, que han sido defraudados por el BCR y BCR SAFI, los que gestionaron indebidamente el Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificado (FIIND) pues compraron el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en contravención flagrante a la normativa de rango legal y reglamentaria dictada por los órganos competentes en la regulación de mercado de los fondos inmobiliarios. Una compra que, además, se realizó con un sobreprecio enorme, en detrimento directo del fondo y los inversionistas.
Los hechos y funcionarios involucrados del BCR y de BCR SAFI que cometieron dichos actos en el año 2020 fueron bien identificados por la misma Auditoría Interna del BCR. El informe de Auditoría, que se nos ha negado reiteradamente, pero que ha salido a los diferentes medios, concluyó de manera contundente que, ciertamente, se cometieron actos contrarios a derecho.
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La Procuraduría General de la República, en dictamen vinculante y de manera clara, confirma la responsabilidad solidaria de la SAFI por dicho actuar, ratifica la responsabilidad subsidiaria e ilimitada del BCR como entidad controladora y agrega expresamente que el banco controlador, sea público o privado, deberá responder patrimonialmente en el perjuicio causado al fondo y a los inversionistas.
En consecuencia, nos preguntamos: ¿por qué el BCR y BCR SAFI pretenden judicializar esta debacle en la que nos han metido? ¿Qué ganarán con esa acción judicial?
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Para nosotros, es claro que el caso será resuelto a nuestro favor. Pero, lamentablemente, en Costa Rica la justicia ya no es “pronta ni cumplida”. No dudo de que el Poder Judicial hará justicia y resolverá conforme a derecho, pero ¿cuándo?
Necesario es recalcar que la orden de Sugeval de que se reintegre al fondo el costo del PEP, así como sus gastos asociados, es de carácter técnico y pretende devolver el fondo al estado previo de dicha compra; en otras palabras, pretende sanear el fondo antes de que el daño causado por el PEP lleve al fondo a la quiebra.
¡El BCR y BCR SAFI, tarde o temprano, perderán! En ese momento, deberán cancelar muchísimo más dinero que el que hoy les ha ordenado Sugeval reintegrar al Fondo, pues deberán agregarse gastos judiciales, intereses y daños y perjuicios. Pero, lo peor de todo es que existe la posibilidad real de que muchos de nosotros ya no estemos en ese momento y nunca recibamos justicia. Y, mientras tanto, nos han quitado la seguridad patrimonial en nuestra vejez y la paz que deberíamos tener en nuestra última etapa de la vida.
En consecuencia, los actuales directivos y la administración de BCR y BCR SAFI tienen hoy en su poder una decisión crucial para miles de inversionistas, para el mercado y para la sociedad en general. ¿Van a actuar de manera irresponsable y seguir la judicialización del caso, o asumirán con valentía, honorabilidad, responsabilidad, probidad, transparencia y compromiso con sus clientes, la decisión correcta, que es cumplir la orden dada por Sugeval y ratificada por Conassif, como máximo órgano técnico en la materia?
No hacerlo es provocarle al banco un daño reputacional abismal y mandar el mensaje incorrecto al mercado: el mensaje de que los inversionistas estamos totalmente desprotegidos tanto por uno de los conglomerados más sólidos del país, como por las entidades reguladoras, pues sus regulados no les hacen caso y las irrespetan.
Es hora de que BCR y BCR SAFI tomen las decisiones justas y correctas.
mariobarbaf@gmail.com
Mario Barba Figueroa es un inversionista afectado.