En este caso, que se tramita bajo el expediente 21-000209-1218-PE, la Fiscalía indaga presuntas irregularidades en la venta de nueve inmuebles a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).
El Ministerio Público imputa en esta causa al exdiputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales. Junto al exlegislador, figuran entre los investigados su hijo Humberto Vargas Sotres, así como Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín.
Además, los funcionarios o exfuncionarios del BCR SAFI y el BCR: Álvaro Camacho de la O (exsubgerente general a. i. del BCR), Juan Carlos Bolaños Azofeifa (exgerente de negocios de banca corporativa), Marlon Sequeira Gamboa, Rosnnie Díaz Méndez, Natalia Garro Acuña (jefa de proyectos e infraestructura), Luis Carlos Gutiérrez Chaves (ingeniero), Marco Antonio Carbajal Soto (supervisor), Álvaro Jiménez Villegas, Luis Fernando Arce Saborío (arquitecto), Javier Chinchilla Medina (arquitecto).
El Ministerio Público llevó a cabo, la mañana de este jueves, 16 allanamientos con el objetivo de ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.
De las 16 diligencias, 14 se llevaron a cabo en casas de habitación en San José, Heredia y Cartago y dos en oficinas, entre estas, la sede de SAFI y el departamento de Auditoría de la entidad bancaria, ubicada en sus oficinas centrales, en San José.
Otra de las viviendas allanadas este jueves corresponde a la del exdiputado Vargas, quien figura como sospechoso de vender inmuebles, supuestamente con sobreprecio, a dos fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI.
Uno de los casos que investiga el Ministerio Público corresponde a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares, por el que el BCR SAFI, en apariencia, pagó $35,2 millones de más en febrero del 2020, con el dinero de los inversionistas que pusieron recursos en uno los fondos inmobiliarios bajo su administración.
La compra de estas bodegas empresariales se hizo al grupo del exdiputado.
Asimismo, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) señaló que entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con el grupo empresarial de Vargas Corrales compras riesgosas de siete inmuebles por un monto de $48,8 millones.
La Superintendencia detectó que el grupo empresarial del exdiputado compró varios de esos inmuebles por un precio mucho menor al que después pactó con BCR SAFI y halló que algunos contratos de compraventa se firmaron previo a las aprobaciones del Banco de Costa Rica.
Además de la casa del exlegislador, la Fapta allanó la vivienda de su hijo, Vargas Sotres, como parte de las diligencias.
