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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó, la mañana de este jueves, la vivienda del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, como parte de 16 allanamientos por la causa conocida como BCR SAFI.
A Vargas se le investiga por vender inmuebles, supuestamente con sobreprecio, a dos fondos inmobiliarios administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), según la Auditoría Interna de BCR SAFI. Además, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) presume que dichos negocios fueron riesgosos para miles de inversionistas.
Junto al exlegislador, figuran entre los investigados su hijo Humberto Vargas Sotres, así como Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín.
Además, los funcionarios o exfuncionarios del BCR SAFI y el BCR: Álvaro Camacho de la O (exsubgerente general a. i. del BCR), Juan Carlos Bolaños Azofeifa (exgerente de negocios de banca corporativa), Marlon Sequeira Gamboa, Rosnnie Díaz Méndez, Natalia Garro Acuña (jefa de proyectos e infraestructura), Luis Carlos Gutiérrez Chaves (ingeniero), Marco Antonio Carbajal Soto (supervisor), Álvaro Jiménez Villegas, Luis Fernando Arce Saborío (arquitecto), Javier Chinchilla Medina (arquitecto).
El Ministerio Público confirmó que los operativos se ejecutaron en 14 en casas de habitación en San José, Heredia y Cartago y dos oficinas, entre estas, la sede de SAFI y el departamento de Auditoría de la entidad bancaria, ubicada en sus oficinas centrales, en San José. No hubo personas detenidas.
El BCR explicó, por medio de un comunicado de prensa, que las diligencias del Ministerio Público se llevaron a cabo en el edificio CTIC del BCR, ubicado en Aranjuez, y en las oficina del BCR SAFI, situadas en Torre Cordillera, en Rohrmoser. De acuerdo con la entidad bancaria, ninguno de estos edificios brinda atención al público, por lo que no hay afectación para clientes ni para los servicios de fondos.
El objetivo del operativo, confirma la Fiscalía, es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.
En la causa, que se tramita dentro del expediente 21-000209-1218-PE, se investigan los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos.
Compra del Parque Empresarial
La investigación del caso se originó en agosto del 2024, cuando la Junta Directiva de BCR SAFI interpuso ante el Ministerio Público una denuncia por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares, a raíz de un Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna la Sociedad.
Este informe determinó que BCR SAFI pagó $35,2 millones de más por el PEP en febrero del 2020, con el dinero de los inversionistas que pusieron recursos en uno los fondos inmobiliarios bajo su administración. A esta conclusión llegó la Auditoría Interna luego de realizar una investigación sobre la compra de ese inmueble de 540.400 metros cuadrados (m²), ubicado en Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas.
El Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado adquirió el proyecto en $70,8 millones, cuando en realidad su valor era de aproximadamente $34,8 millones (101% menos).
La compra de estas bodegas empresariales se hizo al grupo del exdiputado Vargas Corrales. De acuerdo con la Auditoría, en la operación se incluyeron “edificaciones inexistentes” y se sobrevaloró el perímetro de los predios que eran realmente utilizables, distorsionando “la correcta determinación del valor pericial adecuado al momento de la compra del PEP”.
El Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado adquirió el proyecto en $70,8 millones, cuando en realidad su valor “debió ser de aproximadamente $34,8 millones” (101% menos).
El documento detalla que al momento de la adquisición, tres bodegas de enfriamiento no estaban construidas y, para el área de predios, se consignó que abarcaba 399.000 metros cuadrados (m²), cuando en realidad su extensión era de 89.029 m².
Los auditores también determinaron que el parque empresarial no debió ser comprado en ese momento, porque el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, en su numeral 77, establece que “los fondos inmobiliarios solo pueden invertir en bienes inmuebles construidos”.
El Informe de análisis del efecto de la compra del inmueble PEP, con corte a setiembre de 2024, concluyó que dicha compra representó una pérdida operativa acumulada de $9,4 millones para los inversionistas, desde el momento en que se adquirió el inmueble hasta el tercer trimestre del 2024.
El estudio proyectó que, debido a la falta de nuevos inquilinos, el resultado negativo podría elevarse en $6,65 millones adicionales entre el último trimestre de este año y el cierre de 2026.
Compra de siete inmuebles
Además, la Sugeval señaló que entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con el grupo empresarial de Vargas Corrales compras riesgosas de siete inmuebles para miles de inversionistas de dos fondos inmobiliarios por un monto de $48,8 millones. Los inmuebles están ubicados en Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón, Pavas, en San José; y San Pablo, en Heredia.
La Sugeval detectó “los riesgos potenciales” en el informe SGV-I-83-2024, emitido por la División de Supervisión en junio del 2024. Dicho documento forma parte de la investigación de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción que orquestó los allanamientos este jueves.
La Superintendencia detectó que el grupo empresarial del exdiputado Vargas compró varios de esos inmuebles por un precio mucho menor al que después pactó con BCR SAFI y halló que algunos contratos de compraventa se firmaron previo a las aprobaciones del Banco de Costa Rica.
De acuerdo con el informe, el Comité de Inversiones y la Junta Directiva de BCR SAFI aprobaron las compras sin que se hubiesen realizado los peritajes y avalúos correspondientes.
$70 millones para resarcir a inversionistas
El 29 de octubre del 2024, la Sugeval ordenó a la Junta Directiva del BCR y a BCR SAFI, aportar $70 millones para retirar el PEP del Fondo Inmobiliario No Diversificado. El dinero se debía emplear para pagar pasivos del fondo de inversión, reducir el nivel de endeudamiento y bajar los gastos por intereses.
El objetivo de la medida era restablecer la situación del fondo al momento previo a la adquisición del PEP y evitar mayores perjuicios a los inversionistas. Sin embargo, el 11 de setiembre de este año, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió de manera provisionalísima una acción judicial que presentó el BCR contra la orden de Sugeval.
La entidad solicitó suspender los efectos de la resolución emitida por Sugeval y otra del Conassif, del 27 de junio de 2025, que obligaban al Banco y a su subsidiaria a resarcir a los inversionistas.
En la petición enviada al Contencioso, el BCR argumentó que dichas acciones administrativas producían “daños graves, presentes y futuros, patrimonial y moral” a la entidad si se mantenían vigentes.
Un grupo de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado manifestaron su “indignación y preocupación” tras la decisión del Contencioso Administrativo. En un comunicado, afirmaron que la resolución del Tribunal “profundiza la incertidumbre y la vulnerabilidad” de los ahorrantes y señalaron su indignación y preocupación.
