Dos personas son el común denominador en los negocios que el grupo empresarial del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, emprendió con dos fondos inmobiliarios administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) y que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) presume que fueron riesgosos para miles de inversionistas.
Se trata de dos hombres de apellidos Barrantes Marín y Gutiérrez Loría, quienes aparecen como los representantes legales y apoderados generalísimos de las sociedades anónimas que vendieron a la subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), por $48,8 millones, siete inmuebles con “riesgos potenciales”, entre mayo del 2018 y junio del 2019 .
Ellos también pactaron la venta del polémico Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en $70,2 millones, en febrero del 2020, con un supuesto sobreprecio de $35,2 millones.
La Sugeval detectó que esas siete ventas estaban ligadas al exdiputado porque en algunas sesiones del Comité de Inversiones de BCR SAFI se dijo que el vendedor era “la desarrolladora de Humberto Vargas”. En otras ocasiones, su hijo, Humberto Vargas Sotres, aparecía vinculado con esas sociedades anónimas, o bien, en otras que figuraban en los contratos como arrendatarias, garantes o prestadores de servicios de remodelación y mantenimiento.
Sin embargo, legalmente él nunca aparecía en ningún documento, en su lugar, sin excepción, figuraban Barrantes Marín y Gutiérrez Loría.
La Sugeval expuso la participación constante de Barrantes Marín y Gutiérrez Loría, en el informe SGV-I-83-2024, emitido por la División de Supervisión en junio del 2024. El documento es parte de una investigación de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción (expediente 21-000209-1218).
Incluso, la Superintendencia criticó “el uso reiterado de diferentes empresas por parte del vendedor para llevar sus negocios”, lo cual “podría haber generado falta de transparencia en cuanto a las vinculaciones de las diferentes sociedades que intervinieron en la transacción, práctica tolerada por BCR SAFI”, se consignó en ese documento, el cual fue el resultado de una denuncia presentada por un grupo de inversionistas.
Carlos Manuel Echeverría, uno de los inversionistas denunciantes, resaltó que la compra de estos siete inmuebles fue el proceso previo a la adquisición del PEP.
“Desde setiembre del 2022, cuando hicimos la denuncia, se ha descubierto toda esta maraña. Practicaron con propiedades más pequeñas antes del Parque Empresarial del Pacífico. Estas sumas son enormes y nos tienen hundidos (a los inversionistas)”, recalcó Echeverría.
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La Nación contactó a Eric Ramos, abogado de Humberto Vargas Corrales, para que se refiriera a los hallazgos de la Sugeval; sin embargo, dijo desconocer el contenido del informe: “Es muy lamentable que nuevamente nos enteremos a través de un medio de comunicación de las actuaciones de la Sugeval o de la Fiscalía”.
“Nosotros hemos insistido en que nos permitan acceder al expediente durante más de 24 meses y no ha sido posible. También, es bastante decepcionante que el medio tenga el informe y que pretenda que contestemos preguntas sin que contemos con ese insumo”, aseguró.
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Dos edificios en Santa Ana
Barrantes Marín figuraba como representante legal de Plaza Barniza S. A., que vendió en $4,09 millones el Edificio Madrid, en Santa Ana, en mayo del 2018. Además, Vargas Sotres aparecía como el vendedor. En esa negociación, Arugam S. A., presentada por Gutiérrez Loría, era la arrendadora y, al mismo tiempo, proveía las remodelaciones y pagaba el mantenimiento a la compañía HVC Finanzas y Construcciones S. A.
Ese mismo día, en esa misma venta, Gutiérrez Loría representó a la firma 3-101-713672, S. A., que vendió en $2,41 millones el inmueble CE Santa Ana 01. Al final, los $6,5 millones que BCR SAFI pagó por esos dos edificios se depositaron en la cuenta bancaria de Plaza Barniza S. A.
Las bodegas en La Uruca
El tercer inmueble, unas bodegas en La Uruca, fueron vendidas por la sociedad anónima 3-101-764345, en setiembre del 2018, en $26,5 millones. Esa empresa estaba representada, otra vez, por Barrantes Marín y Gutiérrez Loría.
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En esa venta, Arugam firmó un contrato de garantía por salida anticipada de los arrendatarios y también proveyó los servicios de remodelación, mantenimiento y seguridad. El hijo de Humberto Vargas estaba vinculado a esa compañía, que posteriormente cambió a Arugam Limitada, bajo la representación legal de Barrantes Marín. El pago de esa transacción se hizo a una cuenta a nombre de otra sociedad: 3-101-719329 S. A.
Estos tres inmuebles fueron adquiridos por el Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado.
Las tres ferreterías
Otras tres edificaciones, unas ferreterías ubicadas en Ciudad Colón y Pavas, en San José; y en San Pablo, en Heredia, fueron venidas por $8,5 millones, en diciembre del 2018, por la firma: 3-101-757753, S. A., y como en los casos anteriores, estaba representada por ellos dos.
Al mismo tiempo, Arugam, representada por Gutiérrez Loría y Vargas Sotres, aparecía con un contrato de garantía ante una eventual salida anticipada del arrendador. BCR SAFI giró el pago de esa negociación a otra sociedad anónima: 3-101-719329 S. A., la cual hasta ahora no aparecía en el panorama.
Centro comercial en Heredia
El sétimo y último inmueble analizado por Sugeval, se trató del centro comercial Heredia 2000, ubicado en San Pablo de Heredia, el cual se vendió el 6 de junio del 2019. En este caso la venta la hizo la firma Heredia Dos Mil S. A., representada por los mismos dos hombres. Mientras el arrendatario era, una vez más, Arugam S. A. A esta última compañía se hizo el pago de $7,6 millones.
Estos últimos cuatro inmuebles fueron adquiridos por el BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria FCI.
Actualmente, de las siete propiedades, dos ya fueron vendidas por BCR SAFI (Edificio Madrid y CE Santa Ana 01), mientras que aún mantiene cinco en un portafolio de inmuebles, aunque los inquilinos arrastraban, al cierre del año pasado, una morosidad de $654.148, según los estados financieros de ambos fondos.