El grupo empresarial del exdiputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le cobró $26,2 millones a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) por un complejo de bodegas que, seis meses antes, había adquirido en $6,6 millones.
Así lo reveló un informe de la División de Supervisión de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), emitido en junio del 2024, en el que se recalcó que se trató de una compra riesgosa para los miles de inversionistas que pusieron sus recursos en dos carteras financieras del BCR SAFI: el Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado y el Fondo de Inversión del Comercio y la Industria.
Los $26,2 millones representan “un valor que prácticamente cuadruplica el monto convenido por el señor Vargas con el anterior dueño”, expone el oficio SGV-I-83-2024, del cual tiene copia La Nación.
Así se hizo la compra previa de las bodegas
Las bodegas se ubican en La Uruca, en San José. El 19 de setiembre del 2018, una sociedad denominada 3-101-764345, S. A., representada por dos hombres de apellidos Barrantes Marín y Gutiérrez Loría, le compró el inmueble a la firma Industria Cerámica Costarricense S. A., representada por un hombre de apellidos Fernández Boyle. Seis meses después, esta firma le vendió el bien a BCR SAFI.
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Según la Sugeval, el 23 de mayo del 2018, el exdiputado Vargas Corrales y el representante de Industria Cerámica Costarricense firmaron una promesa de compraventa. En el documento, se consignó que el precio acordado fue de $6,6 millones, más un $1 millón en remodelaciones.
“Dicho precio coincide con el rubro ‘estimación o precio’ consignado en las consultas al Registro Nacional”, detalló el informe de Sugeval, la cual analizó otras seis compras hechas al Grupo HVC Inmobiliario, de Humberto Vargas, entre mayo del 2018 y junio del 2019, y que también fueron catalogadas como riesgosas.
“(Los $26,2 millones es) un valor que prácticamente cuadruplica (3,97 veces) el monto convenido por el señor Vargas con el anterior dueño”.
— Informe SGV-I-83-2024 de Sugeval.
Pese a que la promesa de compraventa estaba en el expediente de la transacción hecha por el BCR SAFI, la Superintendencia no halló prueba de que este hubiese sido considerado “como parte de los elementos de análisis para establecer el valor de referencia del inmueble”.
La Sugeval tampoco encontró evidencias de que el tema se comentara en el Comité de Inversiones ni en la Junta Directiva de BCR SAFI.
De hecho, las valoraciones periciales y financieras de la propiedad —hechas por peritos externos— se emitieron tras la aprobación de la compra de la propiedad, denominada BC Uruca 02.
“Es claro que tanto la Sociedad Administradora como el valuador externo tenían acceso a información que debió incorporarse como insumo en la estimación del valor del activo, así como en la negociación del precio de compra, además de revelarse a los órganos tomadores de decisión”, se consignó en el oficio de Sugeval.
Según la Superintendencia, remitió el documento a la Dirección Jurídica, previendo que también fuera enviado al Ministerio Público —como al final ocurrió—, para que esos órganos ahondaran en los hallazgos, pues “no se identificaron elementos o indicios que pudieran evidenciar la existencia de un sobreprecio en el valor de compra de los inmuebles”.
Consultada por el informe, la Sugeval respondió este miércoles 12 de marzo que ejecutaron las acciones dentro de sus competencias, sin que pueda darse mayor detalle a las consultas en virtud de la prohibición de divulgar información establecida en la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
Solicitud de acceso al expediente
La Nación contactó a Eric Ramos, abogado de Humberto Vargas Corrales, para que se refiriera a los hallazgos de la Sugeval; sin embargo, dijo desconocer el contenido del informe: “Es muy lamentable que nuevamente nos enteremos a través de un medio de comunicación de las actuaciones de la Sugeval o de la Fiscalía”.
“Nosotros hemos insistido en que nos permitan acceder al expediente durante más de 24 meses y no ha sido posible. También, es bastante decepcionante que el medio tenga el informe y que pretenda que contestemos preguntas sin que contemos con ese insumo”, afirmó.
Diferentes versiones sobre remodelaciones
Si bien en la promesa de compraventa se estableció que el grupo empresarial de Vargas Corrales iba a realizar reparaciones por $1 millón, lo cierto es que la Superintendencia encontró diferentes versiones sobre el monto a invertir en ese rubro.
“Tanto la Sociedad Administradora como el valuador externo tenían acceso a información que debió incorporarse como insumo en la estimación del valor del activo“.
— Informe SGV-I-83-2024 de Sugeval.
El 29 de junio del 2018, tres meses después de la compraventa, en una sesión del Comité de Inversiones, Marlon Sequeira Gamboa, quien entonces fungía como gerente interino de Negocios y Proyectos, aseguró que al inmueble se le estarían realizando remodelaciones por un monto aproximado de $8 millones (el 30,5% del precio de compra)”.
Posteriormente, en el anexo 2 del acuerdo de compra con BCR SAFI, se fijó que los trabajos costarían $3,2 millones y, al final, solo se retuvo un monto de $659.000 como garantía por esas mejoras.
El mora con BCR SAFI
Las dos personas que representaron a la sociedad vendedora son las mismas que, mediante otra sociedad anónima, le vendieron a BCR SAFI el polémico Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en $70,2 millones, en febrero del 2020, con un supuesto sobreprecio de $35,2 millones.
En el contrato de compraventa de las bodegas BC Uruca 02 se consignó que los inmuebles tendrían arrendatarios garantizados: Industria Cerámica Costarricense (el anterior dueño) y Priority Car SRL.
Además, se firmó un acuerdo de garantía por salida anticipada, en el cual la firma Aguram S. A. (después se transformó a Aguram Limitada) se haría cargo del pago del alquiler en caso de impago por parte de los arrendatarios. Esta firma es representada por Humberto Vargas Sotres, hijo del exdiputado Vargas Corrales, y por Barrantes Marín, quien también figuraba en la empresa vendedora.
Aguram no solo figuraba como garante en este proyecto, sino que también aparecía como proveedor de los servicios de remodelación, mantenimiento y seguridad.
Al cierre del 2024, este inmueble acumulaba impagos de inquilinos por casi $249.000, según los estados financieros del fondo inmobiliario.
Otros riesgos potenciales
Estas bodegas forman parte de un paquete de siete inmuebles que BCR SAFI compró, entre mayo del 2018 y junio del 2019, al grupo empresarial de Vargas Corrales, por un monto de $48,8 millones.
La Sugeval detectó que, semanas antes de esas adquisiciones, el grupo empresarial había comprado varios de esos inmuebles por un precio mucho menor al que después pactó con BCR SAFI. En otros casos, halló que algunos contratos de compraventa se firmaron previo a las aprobaciones de la cúpula del fondo de inversión.
Esos “riesgos potenciales” fueron detectados en el informe SGV-I-83-2024, emitido por la División de Supervisión en junio del 2024. El documento es parte de una investigación de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción (expediente 21-000209-1218).
De acuerdo con el informe, el Comité de Inversiones y la Junta Directiva de BCR SAFI aprobaron las compras sin que se hubiesen realizado los peritajes y avalúos correspondientes.
Los inmuebles, además, estaban en remodelación y algunas no eran obras terminadas. Además, los edificios superaban la antigüedad recomendada de cinco años para compra de propiedades del reglamento interno para las inversiones de BCR SAFI, según se detalla en el documento en poder de este diario.