La campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, al parecer utilizó una casa vinculada a dos empresarios que participaron en los riesgosos negocios que la BCR SAFI pactó por casi ¢60.000 millones con el grupo empresarial del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales.
Se trata de un inmueble ubicado en San Pedro de Montes de Oca, en donde habría operado el equipo de comunicación de Chaves antes de la segunda ronda del 2022, de acuerdo con el testimonio que ofreció bajo juramento, en el Congreso, el proveedor Remi Osman Mucondo.
Los empresarios que aparecen vinculados a la casa son Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín, quienes son el común denominador en los negocios que el grupo del exdiputado del PUSC emprendió con dos fondos inmobiliarios de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) y que, según presume la Superintendencia General de Valores (Sugeval), resultaron en compras riesgosas para miles de inversionistas.
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Se trata de la compra de siete inmuebles, valorados en $48,8 millones, con “riesgos potenciales”. Las operaciones se realizaron entre mayo del 2018 y junio del 2019.
Ellos también vendieron a BCR SAFI el polémico Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en $70,2 millones, en febrero del 2020, con un supuesto sobreprecio de $35,2 millones, según la Auditoría Interna del BCR.
La casa que la campaña de Chaves presuntamente usó pertenece a una sociedad llamada 3-102-709547 Limitada, en la cual aparece Manrique Gutiérrez Loría como el “propietario de las 100 cuotas nominativas de ¢100 cada una, que conforman la totalidad del capital social, sea la suma de ¢10.000″. Así consta en una certificación notarial en poder de La Nación, con fecha del 21 de setiembre del 2023.
Además, desde el 3 de enero del 2022 y al menos hasta el 20 de setiembre del 2023, Gutiérrez era el beneficiario final de esta sociedad de responsabilidad limitada.
A su vez, Héctor Barrantes Marín figura como gerente de esa misma sociedad.
Por otra parte, Barrantes Marín y Gutiérrez Loría son los representantes legales y apoderados generalísimos de las sociedades anónimas del grupo empresarial del exdiputado Vargas Corrales.
La Nación envió consultas a ambos empresarios sobre su aparente vínculo con la firma propietaria de la casa de San Pedro de Montes de Oca, pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.
El uso de esta vivienda por parte de la campaña de Chaves fue revelado por el proveedor Osman Mucondo, de nacionalidad ucraniana, durante una comparecencia realizada el 28 de agosto del 2023 ante la comisión legislativa que investigó el financiamiento electoral del 2022.
Paralelamente, un trabajador del equipo de comunicación de la campaña de Chaves, quien pidió mantener su nombre en anonimato, confirmó a este diario que para la segunda ronda electoral se trasladaron a ese inmueble de dos pisos y que Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco y entonces coordinador de ese grupo, frecuentaba el lugar.
El gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), por su parte, no reportó el alquiler o donación alguna de este inmueble al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Vínculos con exdiputado
La Sugeval detectó el vínculo entre Barrantes Marín y Gutiérrez Loría con el grupo empresarial del exdiputado del PUSC porque, en algunas sesiones del Comité de Inversiones de BCR SAFI, se dijo que el vendedor era “la desarrolladora de Humberto Vargas”.
En otra ocasión, el exlegislador apareció comprando unas bodegas en la Uruca que después los dos empresarios vendieron a BCR SAFI, en un monto cuatro veces mayor. En otras oportunidades, el hijo del excongresista, Humberto Vargas Sotres, aparecía relacionado con las sociedades vendedoras.
Hasta diciembre del 2020, la dueña de la casa de San Pedro era una sociedad anónima que, para esa época, tenía a Vargas Sotres y a Gutiérrez Loría como presidente y secretario de la Junta Directiva, respectivamente.
Ante los diputados de la comisión legislativa que investigaron el financiamiento de la campaña del 2022, el exdiputado socialcristiano, en compañía de su hijo Vargas Sotres, negó que ese inmueble fuera de su propiedad o de algún miembro de su familia. Negó, además, que hubiese pagado el arrendamiento de la propiedad. Así lo dijo el 25 de setiembre del 2023.
La Nación contactó a Eric Ramos, abogado de Humberto Vargas Corrales, para que se refiriera a los hallazgos de la Sugeval y los vínculos del grupo empresarial; sin embargo, dijo desconocer el contenido del informe: “Es muy lamentable que nuevamente nos enteremos a través de un medio de comunicación de las actuaciones de la Sugeval o de la Fiscalía”.
“Nosotros hemos insistido en que nos permitan acceder al expediente durante más de 24 meses y no ha sido posible. También, es bastante decepcionante que el medio tenga el informe y que pretenda que contestemos preguntas sin que contemos con ese insumo”, aseguró.
Alertas en Sugeval
La Sugeval expuso la participación constante de Barrantes Marín y Gutiérrez Loría en el informe SGV-I-83-2024, emitido por la División de Supervisión en junio del 2024. El documento es parte de una investigación de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción (expediente 21-000209-1218).
La Superintendencia criticó “el uso reiterado de diferentes empresas por parte del vendedor para llevar sus negocios”, lo cual “podría haber generado falta de transparencia en cuanto a las vinculaciones de las diferentes sociedades que intervinieron en la transacción, práctica tolerada por BCR SAFI”. El documento fue el resultado de una denuncia presentada por un grupo de inversionistas.
La Sugeval también cuestionó que la cúpula de BCR SAFI no analizara la participación del exdiputado: “Se podría sugerir que BCR SAFI mantenía constantes negociaciones con el señor Humberto Vargas Corrales a través de diversas sociedades con las cuales mantenía un vínculo.
“No obstante, no se logró obtener evidencia de que esta situación fuera claramente transparentada en los informes de adquisición de los proyectos presentados en el Comité de Inversiones y Junta Directiva, ni que los miembros de estos órganos de decisión solicitaran ampliar el análisis sobre las partes vendedoras”.