La Fundación Otto Solera pone en evidencia un problema que Costa Rica no puede seguir normalizando: la fragilidad de los controles sobre inversiones que manejan recursos esenciales para el desarrollo social. Las pérdidas derivadas de decisiones de BCR-SAFI, como la compra del Parque Empresarial del Pacífico o la venta de activos estratégicos, se convirtieron en un golpe directo al tejido comunitario que depende de organizaciones de bien social como la nuestra.
Mucho se habla de efectividad y modernización en el sector financiero, pero poco se habla de cuáles son los mecanismos reales para evitar que errores, omisiones o decisiones cuestionables terminen afectando a organizaciones que, precisamente, sostienen al país allí donde el Estado no llega. Cuando estas decisiones generan una devaluación significativa del capital invertido, la responsabilidad no puede diluirse en tecnicismos.
La Fundación Otto Solera no solo administra recursos; administra esperanza para cientos de personas. La suspensión de programas debido a la pérdida de capital no es un asunto privado. Es un asunto público. Es la manifestación más clara de que las fallas en la supervisión y la gestión financiera pueden transformarse, en cadena, en fallas en la protección de derechos fundamentales de las clases más desprotegidas del país.
Por eso, el llamado de la Fundación debe convertirse en un punto de inflexión en el manejo financiero de fondos privados. Se requiere claridad absoluta en el manejo de los fondos, identificación de responsables y reparación urgente. Pero también se necesita algo más profundo: una revisión sistémica de los estándares de gobernanza financiera cuando lo que está en riesgo no es solo el rendimiento de una inversión, sino la continuidad de servicios sociales esenciales.
La transparencia no puede ser una concesión, debe ser una obligación. La rendición de cuentas no puede ser un gesto, debe ser un deber. Y la supervisión no puede ser reactiva, debe ser preventiva.
Por todo ello, los responsables de este desafortunado escenario financiero deben ser encausados por la Fiscalía, ante la justicia, y deben sentarse las responsabilidades y las penas que merecen. Estamos cansados de tanta impunidad y exigimos justicia pronta y cumplida.
Si permitimos que las organizaciones sociales sigan siendo vulnerables a decisiones ajenas y opacas, estaremos aceptando, de forma tácita, que los derechos de las poblaciones más vulnerables sean negociables. Y Costa Rica no puede darse ese lujo.
Luis Arias Acuña es jubilado y catedrático universitario.