En poco más de una semana, las cámaras de seguridad han expuesto la cara más temeraria de la conducción en el país y sus consecuencias mortales. Los videos parecen escenas de un circo romano moderno: choques, atropellos, vehículos que viajan como proyectiles y maniobras negligentes en vías de alto tránsito. Es el resultado de una creciente negligencia de conductores distraídos en el celular, bajo los efectos del alcohol o excitados por la velocidad irresponsable.
Otro video captó a una decena de execrables motociclistas que, por realizar piruetas en la ruta 27, bloquearon el paso de una ambulancia que viajaba de emergencia desde la zona sur hasta el Hospital Nacional de Niños con un paciente de un año que, dichosamente, sobrevivió.
El recuento podría continuar, pues las cámaras no cesan de captar escenas de imprudencia, negligencia y violencia en nuestras carreteras. Solo el año pasado, las muertes en carreteras superaron a los homicidios: 873 asesinatos frente a 903 en accidentes de tránsito; de ellas, 572 de los decesos ocurrieron en el sitio del percance.
En promedio, 75 personas pierden la vida cada mes, la mortalidad más alta desde 2011, pues superó el récord de 887 fallecimientos de 2023. Grave, también, es el número de lesionados. El Instituto Nacional de Seguros (INS) lo cuantificó en 52.266 heridos (143 por día, en promedio) en 46.949 accidentes (6.359 más que en 2024). El costo de la atención médica subió a ¢60.167 millones, unos $120 millones, financiados por el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), póliza que se cancela todos los años con el pago del derecho de circulación (marchamo).
Con semejante panorama, no es de extrañar que Costa Rica tenga la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito más alta de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 18 decesos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Colombia (16) y Estados Unidos (12).
Frente a cifras tan alarmantes, ni el gobierno ni los diputados pueden limitarse a ser simples observadores. Una crisis de esta magnitud exige respuestas drásticas, sobre todo porque las dimensiones de las carreteras siguen siendo prácticamente las mismas mientras el parque vehicular crece aceleradamente. Solo entre 2024 y 2025 se sumaron 174.000 vehículos a la flota nacional, que ya alcanza los 2.087.356 automotores.
Esta presión vial obliga a adoptar medidas rigurosas para regular la convivencia y contener los riesgos. Cierto, se requieren más oficiales de Tránsito para vigilar las carreteras (de los 1.043 de hace una década, hoy quedan 682), pero el cambio más urgente deben hacerlo los conductores.
La licencia no puede seguir siendo un trámite rápido ni un permiso de por vida: debe convertirse en un privilegio, en una verdadera certificación de responsabilidad frente a la vida. Obtenerla debería implicar pruebas más estrictas que acrediten no solo conocimiento de la ley y las señales, sino habilidades para conducir en condiciones de riesgo, manejo defensivo y plena conciencia de que cada decisión marca la diferencia entre regresar a casa o provocar una tragedia.
Paralelamente, se hace necesario revisar la ley de tránsito, porque las multas perdieron eficacia para disuadir conductas como el uso del celular al volante, el consumo de alcohol o el exceso de velocidad. No hay temor.
Por eso, y por la ausencia de oficiales en las vías, es común observar a automovilistas y motociclistas revisando su teléfono, respondiendo mensajes o manteniendo conversaciones mientras manejan. La distracción se volvió cotidiana.
Los miles de lesionados y la alta mortalidad demandan decisiones de los técnicos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Pero, insistimos: si las carreteras siguen siendo las mismas y el número de vehículos es cada vez mayor, el único espacio donde aún es posible reducir el riesgo está en la conducta de los conductores.
