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Rodrigo Chaves llega al final de su gestión como presidente, tras cuatro años en los que reiteró, una y otra vez, el compromiso de saldar “deudas históricas” y cumplir las promesas que por años otros no habían podido lograr.
Sin embargo, varios compromisos heredados y otros tantos de su propia cosecha engrosan la lista de asuntos pendientes que Chaves delegará a su sucesora, Laura Fernández, a partir de este 8 de mayo.
En su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa, el lunes 4 de mayo, el presidente enlistó como propias obras que recibió avanzadas, resaltó logros de planes impulsados en su administración y repartió culpas por aquellas promesas no pudo concretar.
En su interlocución, Chaves reconoció que se quedaron sin cumplir proyectos como la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, el proyecto para permitir la minería en Crucitas, la regulación de las pensiones de lujo y la creación de las jornadas laborales 4x3.
“No por falta de voluntad del Ejecutivo, sino por la resistencia de quienes se aferran a sus privilegios”, aseveró en el plenario legislativo. Sin embargo, el gobernante omitió en su discurso una serie de promesas que lanzó al inicio de su gestión y que tampoco llegó a ejecutar.
Así lo evidenció un análisis realizado por La Nación, sobre el nivel de cumplimiento de 35 metas o promesas planteadas por el mandatario durante su gobierno, conforme a los siguientes parámetros:
—Avance bajo o nulo (rojo): cuando se determinó que las acciones tomadas por el gobierno (si es que se tomaron) tuvieron efectos mínimos o inexistentes sobre la promesa o meta.
— Avance medio (amarillo): cuando se determinó que las acciones tomadas lograron resultados intermedios o están encaminadas a un mayor nivel de cumplimiento.
— Avance alto o completo (verde): cuando se determinó que las acciones tomadas propiciaron el cumplimiento de la promesa o están cerca de hacerlo.
De las 35 propuestas estudiadas, nueve se consideran con un avance alto o completo, 13 con un avance medio y 13 con un avance bajo o nulo. A continuación, el detalle de cada una:
Reducir precio del arroz
Avance completo
El precio del arroz en Costa Rica reportó, entre mayo del 2022 y marzo anterior, una variación de -9,75%. Desde setiembre anterior se empezaron a registrar tasas negativas, según el índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre agosto del 2022 y el mismo mes del 2025, los precios locales del arroz subieron pese a que a nivel internacional hubo una reducción. Sin embargo, el panorama futuro es de un incremento externo en el costo de este producto a raíz del alza en los costos de los combustibles y fertilizantes por la guerra en Oriente Medio.
Reducir precios de medicamentos
Avance nulo
Los precios de los medicamentos aumentaron un 8,3% desde mayo del 2022 hasta marzo del 2026, según los datos del INEC.
En 18 de los 19 tipos de medicamentos y preparaciones farmacéuticas a las que da seguimiento mensual el INEC hubo un incremento de entre un 2,7% y un 24,4%. Solo las medicinas para tratar la tos tuvieron una baja de 3,9%. Entre las alzas destacan los medicamentos para tratar la osteoporosis (24,4%), las alergias (20,7%), las infecciones (14,3%) y los nervios (11,6%), entre otros.
Desempleo y ocupación
Avance medio
La tasa de desempleo es de 6,7% en el trimestre móvil que finalizó en febrero y se ha mantenido por debajo del 10% desde julio del 2023, según las estadísticas del INEC.
Sin embargo, el número de personas ocupadas hasta febrero del 2026 alcanzaba las 2,16 millones de personas: un crecimiento de solo 0,14% en los últimos cuatro años. En términos absolutos, hasta febrero pasado se registraban 3.060 personas ocupadas más a nivel nacional.
Deuda pública
Avance medio
El endeudamiento público del Gobierno Central se incrementó en el 2025 y cerró en 60,4% del producto interno bruto (PIB), lo cual generó el retorno a la restricción presupuestaria, para el 2027, con el escenario más restrictivo de la regla fiscal.
En términos absolutos, la deuda gubernamental pasó de ¢28,2 billones al cierre del 2022 a ¢31,6 billones en febrero anterior, es decir, se incrementó en un 12%, según los datos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la porción del endeudamiento en dólares se ha visto influida por la baja sostenida en el precio del dólar frente al colón.
Déficit fiscal
Avance medio
El balance financiero del Gobierno Central fue equivalente al 2,4% del PIB a diciembre del 2022. Mientras que al cierre del año pasado finalizó en -3,4% de la producción.
Al mismo periodo, el superávit primario (los ingresos superaron los gastos sin intereses) pasó de un 2% del PIB a un 0,9% del producto interno bruto. La reducción ocurrió por un menor crecimiento de los ingresos tributarios y una aceleración de los egresos, según datos de Hacienda.
Cuellos de botella
Avance alto
Entre mayo del 2022 y hasta finales del 2025, el gobierno informó que eliminó 177 cuellos de botellas de trámites administrativos que el Estado solicita a los ciudadanos.
Por ejemplo, se amplió el horario de recepción de documentos en la Plataforma Ventanilla Digital del Registro Nacional de la Propiedad, o se eliminó la traba que impedía la falta de estandarización en el SICOP en las plantillas para requisitos comunes en procesos de contratación, entre otros.
Ciudad Gobierno
Avance nulo
El proyecto de Ciudad Gobierno era uno de los proyectos principales de la administración de Chaves, con el que pretendía construir un complejo que albergara instituciones públicas de distinta índole, con el objetivo de ahorrar millones en alquileres. Para su desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento de $450 millones desde el 28 de marzo de 2023.
No obstante, el Ejecutivo intentó desarrollar el proyecto sin concurso público y mediante la figura de “arrendamiento de inmuebles por construir”, lo cual fue calificado como ilegal por la Contraloría General de la República (CGR). La CGR advirtió que el BCIE no podía alquilar al país edificios construidos sobre terrenos estatales, que el expediente estaba incompleto y que el financiamiento constituía deuda pública, la cual debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
Ventas de INS, Bicsa y BCR
Avance nulo
Desde sus primeros 100 días, el gobierno de Rodrigo Chaves propuso la venta del Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y del 49% de la propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Según el mandatario, la intención de la venta era disminuir los niveles de endeudamiento público y abrir margen para una mayor inversión pública.
No obstante, luego de infructuosos envíos de proyectos, ninguna de las iniciativas fue aprobada en el Congreso y, más bien, se convirtieron en el centro de críticas de la oposición debido a la falta de transparencia del proceso planteado por el Ejecutivo.
Reforma de ministerios
Avance medio
Eficientizar el funcionamiento del aparato público siempre fue uno de los objetivos de la administración Chaves. De hecho, presentó un total de 16 proyectos de ley que pretendían corregir falencias en el aparato público para dar una mejor respuesta o disminuir costos para las finanzas públicas. De estas, 10 iniciativas se enfocaban en ministerios, ya sea para fortalecer sus competencias, cerrar el Ministerio de Gobernación o crear el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda.
Otras seis propuestas pretendían modificar aspectos claves en instituciones autónomas y órganos adscritos, como la transformación de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) o el traslado del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) del Ministerio de la Presidencia al lla cartera de Salud.
De estas iniciativas, tres fueron rechazas en comisión y otras tres no llegaron ni siquiera a esa etapa. El expediente que más avanzó fue el 24.808 que pretende establecer habilitaciones legales para el Ministerio de Cultura y Juventud, y sus órganos adscritos, el cual recibió aprobación en primer debate.
Carretera a San Ramón
Avance medio
A pocas semanas de asumir el poder en 2022, Chaves anunció que pondría fin al fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) destinado a la ampliación de la vía entre San José y San Ramón, alegando el elevado costo de la unidad asesora encargada del proyecto.
Dos años después, en noviembre del 2024, finalmente se presentó el nuevo plan que sería financiado con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $770 millones. Y no fue hasta finales del año pasado cuando el proyecto fue enviado a la Asamblea Legislativa.
Los créditos fueron aprobados en la Asamblea Legislativa, en segundo debate, a inicios de abril pasado. Ahora, el futuro gobierno deberá iniciar el proceso de licitación para el proyecto que incluye el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la vía.
La intención es que las obras se financien con tarifas de peaje que rondarían los ¢1.500 por recorrido y que se gestione mediante una concesión por 25 años. La promesa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que las obras inicien en el segundo semestre del próximo año y se entreguen en el 2031. El proyecto debe superar cerca de 500 expropiaciones.
Ruta 32
Avance alto
Durante su discurso de los primeros 100 días en el cargo, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que el proyecto completo para ampliar los cuatro carriles entre el cruce hacia Río Frío y Limón estaría concluido durante su mandato (recibieron la obra con más de 50% de avance).
En diciembre pasado, el MOPT anunció la puesta en servicio del tronco principal a cuatro carriles, quedando pendientes obras marginales que se mantienen en ejecución.
Por otra parte, el Ministerio deberá poner recursos adicionales para ejecutar las obras complementarias que quedaron fuera del contrato y comenzar el reemplazo de las rotondas que se construyeron en lugar de los pasos vehiculares y puentes peatonales que estaban incluidos en el diseño original.
Carretera a San Carlos
Avance medio
Terminar la carretera por la que los sancarleños llevan más de 50 años esperando fue una de las promesas más reiteradas por el mandatario al inicio de su gestión. Incluso, volvió a mencionarla cuando comenzó la construcción de la punta sur de dicha vía.
Sin embargo, a la fecha solo ese último tramo de 8,2 km se encuentra en obras.
Para retomar el tramo central, abandonado desde el 2018, el MOPT solo recibió una única oferta de la firma China Harbour Engineering Company (CHEC). Sin embargo, la adjudicación está pendiente de ser avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde mediados del año pasado.
Ampliación ruta 27
Avance nulo
En junio del 2022, el presidente y su entonces jerarca del MOPT, Luis Amador, comenzaron a externar dudas sobre la opción de continuar con el plan de ampliación de la ruta 27 que el gobierno anterior había iniciado, debido a que querían evitar la extensión del contrato con la empresa actual.
Las negociaciones no avanzaron durante dos años. A mediados del 2024, se anunció la reanudación de las conversaciones tras conocer el alto monto que implicaría romper el contrato.
Posteriormente, el MOPT anunció que se contrataría una firma para validar los montos propuestos por la concesionaria de la carretera a puerto Caldera. Esa gestión consumió todo el año anterior.
Ahora, el actual jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, confirmó que la intención es reducir la ampliación al tramo más crítico en una primera etapa, para bajar así el monto de la inversión, de $600 millones a $300 millones.
Aún no se ha definido la extensión en el plazo de concesión que sería necesaria para cubrir ese costo.
Tren eléctrico
Avance bajo
A inicios de la actual administración, Chaves “sepultó” el proyecto del tren eléctrico estructurado por el gobierno anterior.
Luego de dos años, decidió retomar el proyecto pero redujo su cobertura de cinco líneas a solo dos. Además, anunció que no habrá subsidio estatal y redujo la frecuencia de los viajes bajo el alegato de que el anterior plan tenía una demanda sobreestimada.
El financiamiento por $800 millones para este proyecto ya quedó aprobado en primer debate y deberá ser retomado por la nueva Asamblea Legislativa para que reciba segundo debate, de modo que se pueda iniciar el proceso de licitación.
No obstante, el trámite legislativo quedó en suspenso luego de que la anterior fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentara una consulta ante la Sala Constitucional para que determine si el proyecto tiene vicios de nulidad.
Modernización de puerto Caldera
Avance medio
El 20 de junio del 2022, Rodrigo Chaves anunció que el contrato con la empresa SPC, compañía chileno-costarricense encargada de operar el puerto de Caldera, sería extendido desde 2027 al 2031 para que la firma realizara inversiones sustantivas de medidas paliativas, porque el tiempo no daría “para tener soluciones permanentes”.
No obstante, el año pasado la administración publicó el cartel de la licitación para la concesión que permitirá la modernización de la terminal. A inicios de este año, se confirmó la adjudicación a un consorcio en el que participa el operador del Puerto de Moín y una de las empresas actuales.
Dicho proceso se encuentra impugnado ante la Contraloría General de la República, luego de que la empresa que quedó descalificada presentara una apelación contra de la escogencia realizada por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
Sectorización
Avance nulo
La promesa desde el inicio del gobierno era que para octubre del 2022 al menos una ruta de autobuses de cada uno de los 12 sectores del área metropolitana debía iniciar el proceso de sectorización.
A la fecha, no hay ni un solo sector operando. Tampoco hay una fecha definida para el plan piloto que se ha venido postergando durante los últimos dos años.
Sin embargo, dicha entidad afirmó que dicha estructuración se encuentra disponible desde octubre del año pasado y que, más bien, faltan por conformarse los consorcios operativos necesarios para que el servicio opere bajo el modelo de sectorización.
Nuevos acuerdos comerciales
Avance alto
Durante el gobierno de Rodrigo Chaves se suscribieron o concluyeron las negociaciones de tres acuerdos comerciales: con Ecuador, con Emiratos Árabes Unidos y con Israel. Mientras que el tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) se terminó de negociar.
Crecimiento económico
Avance alto
En diciembre del 2022, la administración Chaves Robles previó que el crecimiento de la producción de Costa Rica sería 3,5%, 3,2% y 3,0% para los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Para el 2025 no se planteó una meta específica.
Según las cifras más recientes del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real fue de 4,6% en 2022, 5,1% en 2023, 4,3% en 2024 y 4,6% en 2025. La meta del Ejecutivo se superó.
Exportaciones
Avance alto
La meta del gobierno era alcanzar exportaciones de bienes y servicios (excluye viajes) por $24.300 millones en el 2023, $25.600 millones en el 2024 y de $34.000 millones en el 2025. Según los datos del Banco Central, las ventas de bienes y servicios ascendieron a $23.287 millones en el 2023, $21.815 millones en el 2024 y $35.243 millones el año pasado.
En el caso de la inversión extranjera directa (IED), el objetivo del Poder Ejecutivo sí se alcanzó. Para el 2023, la meta era de $3.000 millones, para el 2024 de $3.150 millones y para el 2025 de $3.000 millones.
La información del BCCR muestra que la IED fue de $3.788 millones en el 2023, $5.113,5 millones en el 2024 y $5.121,8 millones en el 2025.
Hacienda Digital
Avance bajo
El Plan Nacional de Desarrollo 2023‑2026 fija como meta que el proyecto Hacienda Digital alcance el 100% de implementación al cierre del periodo 2023‑2026, con un despliegue gradual de sus sistemas entre 2023 y 2026.
Sin embargo, el proyecto avanza con retrasos sobre el plan original. A inicios del 2026, seguía en fase de implementación gradual de sus principales sistemas (TRIBU‑CR para tributación y ATENA para aduanas), con niveles de ejecución cercanos a un tercio del proyecto total.
Reducción de exoneraciones
Avance bajo
El Plan Nacional de Desarrollo 2023‑2026 fija como objetivo explícito reducir el peso de las exoneraciones (gasto tributario) como parte de la consolidación fiscal, pero el plan no publica una cifra específica.
Costa Rica mantiene un número elevado de exoneraciones, cerca de 1.469 vigentes según el Estado de la Nación, con un alto porcentaje sin plazos ni controles claros, lo cual se considera una debilidad estructural.
Control de violencia: Reducción de homicidios
Avance nulo
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 3.314 personas fueron asesinadas durante los cuatro años de la administración Chaves Robles.
Durante este periodo, el 2023 se convirtió en el año más sangriento desde que la Policía Judicial registra los datos. Ese año, un total de 905 personas fueron víctimas de homicidio.
El año siguiente fue el segundo más violento de la historia con 876 víctimas y el 2025 cerró con tres casos menos en comparación con el año anterior.
Antes del 2022, la cifra de 600 homicidios anuales solo había sido superada una vez, en 2017.
Tal como sucede con el número de homicidios, el actual periodo presidencial también culmina con el número más alto de víctimas colaterales de la violencia.
Entre 2022 y el 27 de abril del 2026, un total de 259 inocentes murieron en medio de pugnas entre bandas criminales. La cifra prácticamente se triplicó entre 2023, cuando hubo 18 muertes de este tipo, y el 2025 que cerró con 86.
Asimismo, el año pasado pasó a la historia como el más violento para las mujeres. La Policía Judicial reportó que 85 de las 873 víctimas de homicidios fueron femeninas.
De esos crímenes, el OIJ catalogó 34 como casos de violencia doméstica y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial registró 36 femicidios.
Instalación de escáneres
Avance medio
Según el último informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría sobre la gestión del control no intrusivo para la inspección de mercancías en el país, del 31 de marzo del 2025, aún se presentan incumplimientos en al menos cuatro disposiciones en esa materia.
Tales señalamientos están relacionadas con el establecimiento de una instancia de coordinación interinstitucional permanente; la implementación de un protocolo interinstitucional para la gestión del control no intrusivo en los puestos de ingreso, salida y tránsito de mercancías; la instalación y funcionamiento del equipo de control no intrusivo e implementación de un mecanismo para el seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos del control aduanero mediante el control no intrusivo, respectivamente.
El Ministerio de Seguridad reportó que se instalaron escáneres en Peñas Blancas, Paso Canoas, la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), puerto Caldera y tres en la TCM de Moín.
Legalización de la marihuana
Avance medio
El gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana y así lo hizo con el expediente 23.383.
No obstante, ante una consulta de la Asamblea Legislativa, la Sala IV declaró que el proyecto es inconstitucional, porque se contrapone a los tratados firmados por Costa Rica para combatir el uso de drogas. De hecho, el artículo 7 de la Constitución Política establece que los acuerdos internacionales están por encima de las leyes.
Chaves cumplió con impulsar la iniciativa legal, pero criterios de legalidad impidieron su avance.
Rezago educativo
Avance bajo
Durante la segunda ronda electoral, en el 2022, el entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves aseguró a La Nación que si llegaba al poder declararía emergencia nacional educativa para mover recursos con mayor facilidad.
Sin embargo, la declaratoria nunca llegó y la educación costarricense no mostró mayores avances durante los últimos cuatro años. Según el X Informe del Estado de la Educación, la crisis educativa más bien se profundizó.
Hoy, existen grandes vacíos en áreas como matemáticas y lectoescritura.
No fue hasta junio del 2025, cuando Leonardo Sánchez Hernández asumió como jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), que el país conoció por primera vez un plan de trabajo con la estrategia para fortalecer los aprendizajes.
No obstante, tras un año de ejercicio, el ministro señala que los cambios implementados podrían dar frutos en los próximos años.
El Estado de la Educación reveló, basado en las pruebas PISA 2022, que los estudiantes de Costa Rica, de 15 años, leen y tienen razonamiento matemático como niños de nueve años.
Asimismo, las universidades públicas y privadas señalaron en forma reciente que, al igual que en años anteriores, los estudiantes de primer ingreso arrastran deficiencias de aprendizaje en razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora y lectoescritura.
Órdenes sanitarias en centros educativos
Avance medio
En su discurso de los 100 días, Rodrigo Chaves aseguró que la entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, debía “priorizar el arreglo de la infraestructura educativa y solventar ese problema heredado”.
Sin embargo, el curso lectivo del 2025 terminó con 872 órdenes sanitarias, de ellas 101 fueron catalogadas como rojas, lo que significa que esos centros educativos tienen la medida del cierre parcial o total del inmueble debido a las condiciones ruinosas de las instalaciones.
A inicios de ese año, se reportaban 885: 89 eran rojas. En el 2024, las órdenes sanitarias ascendían a 849.
Según el MEP, durante este gobierno se han intervenido y finalizado 701 centros educativos. Además, el ministro Leonardo Sánchez había afirmado que para el 2026, el presupuesto para infraestructura sería de unos ¢39.000 millones, ¢19.000 millones más que en el 2025. El 85% de ese dinero, según prometió, se destinaría a la atención de órdenes sanitarias.
Listas de espera de CCSS y crisis de especialistas
Avance bajo
A inicios de mayo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que para abril, había 204.622 casos en lista de espera quirúrgica y que el promedio de tiempo que aguardan los pacientes es de 441días. A esto se suman 851.693 citas pendientes para procedimientos médicos ambulatorios, con un promedio de espera de 206 días.
La institución reportó que hay 362.356 personas en lista de espera para atención de especialidades en consulta externa. Asimismo, en noviembre un informe de auditoría evidenció que la CCSS carece de 439 médicos especialistas. Entre las áreas más afectadas están Radiología e Imágenes Médicas, Anestesiología y Medicina del trabajo.
Incentivos y protección de denunciantes de actos de corrupción
Avance completo
Durante la campaña electoral del 2022, Chaves habló sobre su intención de promover un proyecto para incentivar las denuncias de actos irregulares en el sector público y privado. El entonces aspirante añadió que se podría promover incluso el pago de incentivos económicos, como ocurre en Estados Unidos.
El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley 23.449 a la Asamblea Legislativa en noviembre del 2022, el cual se aprobó en segundo debate en diciembre del 2023.
Dicho texto creó varias medidas de protección para denunciantes, aunque se eliminaron los incentivos monetarios para denunciantes de casos de corrupción.
En abril del 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que Costa Rica muestra un desempeño sólido en áreas clave para prevenir la corrupción, como el control de conflictos de interés y el financiamiento político, aunque mantiene espacios de mejora en regulación y límites específicos.
Recorte a pensiones de lujo
Avance medio
En su mensaje con motivo de sus primeros 100 días en el gobierno, Rodrigo Chaves anunció que consultaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la constitucionalidad de las “pensiones de lujo” en Costa Rica. Sin embargo, no presentó su solicitud hasta enero del 2026.
El presidente hizo la gestión dos meses después de que una comisión legislativa emitiera un dictamen negativo al proyecto de ley 24.786, denominado Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público, que Chaves impulsó, junto con el abogado Juan Diego Castro, desde enero del 2025.
El objetivo de la reforma era imponer un tope de ¢1,7 millones a las pensiones tanto de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, como a los del Poder Judicial y el Magisterio Nacional. La Corte IDH tiene en estudio la recepción de esa solicitud de opinión consultiva.
Derogar tarifas mínimas de colegios profesionales
Avance bajo
En su plan de gobierno, Chaves propuso la “disminución de costos en los servicios profesionales con tarifas reguladas (asesoría jurídica, servicios médicos, por ejemplo)”.
Los intentos del presidente fueron frenados por la vía judicial. La Sala Constitucional anuló en el 2024 el decreto que eliminaba tarifas mínimas obligatorias de contadores públicos y el reglamento de tarifas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
En el 2023, un proyecto del gobierno fue rechazado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
Reducción de la pobreza
Avance alto
El plan de gobierno no estableció metas numéricas en materia de reducción de la pobreza. Según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el INEC, la pobreza en el 2025 afectó al 15,2% de los hogares, una reducción de 7,8 puntos porcentuales con respecto al 2022.
Redes 5G
Avance medio
Cuatro años después de que el presidente Chaves ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) devolver frecuencias 5G al Estado para subastarlas a empresas privadas, Costa Rica sigue sin esa tecnología para usuarios finales.
La subasta se realizó en enero del 2025, pero el gobierno tardó dos meses más en publicar los acuerdos ejecutivos necesarios para que las firmas ganadoras pudieran operar.
En paralelo, el ICE perdió cuatro años sin desplegar su propia red. El decreto que excluía a China como proveedor —emitido en setiembre del 2023— motivó al sindicato FIT-ICE a obtener una medida cautelar en febrero del 2024 que frenó tanto ese decreto como la licitación interna del Instituto.
La medida cautelar se levantó en febrero del 2025. El 28 de abril de 2026, el ICE adjudicó finalmente su red 5G a la empresa sueca Ericsson, que la desplegará bajo la marca Kölbi en los próximos 12 meses.
Concesiones de radio y TV
Avance nulo
El gobierno anunció en diciembre del 2022 que enviaría en 2023 un proyecto para reformar la Ley de Radio —vigente desde hace casi 70 años— y actualizar el canon que pagan los concesionarios de radio y televisión.
No lo hizo. En cambio, en junio del 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) extendió por 15 meses las concesiones que estaban por vencer, mientras el Ejecutivo instruía a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) preparar una licitación para reasignar frecuencias a, al menos, 98 empresas cuyos contratos estaban próximos a expirar.
Esa subasta tampoco prosperó. El 26 de febrero del 2025, la Sala Constitucional la anuló al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Paraíso de Cartago.
El alto tribunal determinó que fijar el precio más alto como único criterio de adjudicación es incompatible con el deber del Estado de garantizar el pluralismo de medios y contenidos que exige un Estado democrático de derecho.
Proyectos de ley en seguridad / Extradición de Nacionales
Avance medio
Rodrigo Chaves presentó cinco proyectos de ley sobre seguridad en abril del 2023. De ellos, cuatro fueron archivados por múltiples defectos de técnica legislativa, legalidad y constitucionalidad encontrados en el trámite de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
Solo la iniciativa para permitir las escuchas telefónicas en investigación de homicidio simple y femicidio, logró avanzar para convertirse en la ley 10.500.
Lo que sí avanzó fue la reforma a la Constitución Política para autorizar la extradición de costarricenses requeridos por autoridades del extranjero, por casos de narcotráfico y terrorismo.
Si bien esta iniciativa no fue presentada por Chaves, por ser reforma constitucional, la presentó la ahora exjefa oficialista, Pilar Cisneros, y se convirtió en la ley más importante de las 681 aprobadas por el Congreso en el periodo 2022-2026.
Incautación de drogas
Avance alto
Los decomisos de cocaína entre 2024 y 2025 pasaron de 20,6 toneladas a 42 respectivamente, una diferencia del 104% entre ambos periodos, según datos del Ministerio de Seguridad.
Mientras, las incautaciones de marihuana aumentaron de 14 toneladas hace dos años y 15,8 toneladas el año pasado, para un aumento del 12%.
Estos datos corresponden a los decomisos que reportan Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas y otros cuerpos que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública; no incluye información del OIJ.
