El proyecto Ciudad Gobierno sigue sin registrar avances en su ejecución, pese a que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento de $450 millones, desde el 28 de marzo de 2023, para que la Administración realice las obras. Marta Esquivel, ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán), confirmó que el plan se encuentra en un punto muerto.
“Detenido y sin avance”. Así describió Esquivel el estado del plan en un oficio enviado al fiscal general de la República, Carlo Díaz, el 6 de febrero. La iniciativa tampoco está registrada en el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas (BPIP) del Mideplán.
La ministra envió la información luego de que el jefe del Ministerio Público solicitara al Mideplán un “informe respecto al estado actual del proyecto Ciudad Gobierno, impulsado por el Poder Ejecutivo”.
Así lo indicó Díaz en una nota (FGR-024-2025) dirigida Silvia Artavia Zamora, directora ejecutiva de la institución. El fiscal dio un plazo de cinco días hábiles para cumplir con el requerimiento.
El fiscal general hizo la solicitud en el marco de una causa penal (24-000027-0033-PE), en la que se investiga al presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de los deberes de la función pública.
No obstante, Esquivel se limitó a señalar que el plan se encuentra detenido. Alegó que esta situación se debe a la advertencia que hizo la Contraloría General de la República (CGR), el 4 de setiembre del 2023.
La CGR había prevenido al gobierno que era ilegal la idea de desarrollar la obra sin concurso público, mediante un trámite expedito, bajo la ejecución del BCIE.
El Poder Ejecutivo proponía utilizar un procedimiento especial, que se encuentra regulado por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
El acuerdo con el BCIE contemplaba que el ente regional cobraría un arrendamiento al Estado, un vez que esté terminada la infraestructura.
Sin embargo, la Contraloría concluyó que el proyecto de Ciudad Gobierno, excede los límites de lo que es posible realizar mediante el artículo 67, por lo que es necesario cumplir con los procedimientos ordinarios de contratación de obra, previstos en la Ley General de Contratación Pública, la cual entró a regir en diciembre de 2022.
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Estos procedimientos ordinarios incluyen recibir aprobación de la Asamblea Legislativa, porque el proyecto no corresponde a un arrendamiento puro y simple, sino que se trata de un arrendamiento financiero, lo cual conlleva endeudamiento.
Ante la advertencia de ilegalidad emitida por la Contraloría, el gobierno promovió tres iniciativas para convocar a referéndum y modificar la ley, pero estos esfuerzos fracasaron. Paralelamente, las propuestas de ley presentadas ante la Asamblea Legislativa con el mismo propósito tampoco prosperaron.