Ante la negativa de la Contraloría General de la República (CGR) de avalar un trámite expedito para ejecutar el proyecto de Ciudad Gobierno, el Poder Ejecutivo ha cuestionado dicha decisión, citando supuestas semejanzas entre la iniciativa que impulsan y otras obras de infraestructura pública que sí han prosperado.
Estos alegatos han sido debatidos por la misma Contraloría, al señalar que en materia de contratación pública, si bien los precedentes son importantes, “el sistema es esencialmente normativo y la viabilidad de los procedimientos depende del ajuste a las condiciones establecidas”.
Igualmente, descarta que en proyectos tan grandes, como el pretendido por el Ejecutivo con Ciudad Gobierno, se puedan ubicar “casos idénticos”.
“Cada caso tiene sus propias particularidades de contexto, estructuración, actores, fines, financiamiento, riesgos, objeto, de normativa aplicable, ejecución, etc. que definen su situación”, explica.
El Ejecutivo pretende desarrollar la obra sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto máximo de $450 millones, en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
Para ello, propone utilizar un procedimiento especial, que se encuentra regulado por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
Esto, porque el plan contempla que el BCIE cobre un arrendamiento al Estado, un vez que esté terminada la infraestructura.
Sin embargo, la Contraloría concluyó que el proyecto de Ciudad Gobierno, excede los límites de lo que es posible realizar mediante el artículo 67, por lo que es necesario cumplir con los procedimientos ordinarios de contratación de obra, previstos en la LGCP, la cual entró a regir en diciembre de 2022.
Estos procedimientos ordinarios incluyen, recibir aprobación de la Asamblea Legislativa, por considerar que el proyecto que se pretende desarrollar, según las misma manifestaciones del gobierno, no corresponde a un arrendamiento puro y simple, sino que se trata de un arrendamiento financiero, lo cual conlleva endeudamiento.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y su ministra de Planificación (Mideplán), Laura Fernández, cuestionan la postura del órgano contralor, porque aseguran que si bien la figura del artículo 67 se elevó a rango de ley con la LGCP, ya existía anteriormente a nivel reglamentario y, a su criterio, se había aplicado bajo la misma lógica pretendida con Ciudad Gobierno.
La planta geotérmica Las Pailas
Uno de los casos mencionados por el gobierno, es el contrato, que refrendó la Contraloría, entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el BCIE, para el arrendamiento con opción de compra de la Planta Geotérmica Las Pailas.
Durante la conferencia de prensa semanal del pasado 15 de noviembre, en un espacio dedicado a anunciar que la planta geotérmica pasaba a ser activo del ICE, Chaves equiparó Las Pailas con Ciudad Gobierno, comparación que fue apoyada por la ministra Fernández.
“¿Pailas no es lo mismo que Ciudad Gobierno?”, preguntó el presidente.
“Es muy parecido, sí señor”, procedió a señalar la jerarca de Mideplán.
Empero, la Contraloría en su resolución R-DC-00114-2023, del 27 de noviembre, aclaró que el proyecto Las Pailas, “presenta diferencias importantes”, como el hecho de que la figura de excepción que se usó en ese momento, ya no existe.
Se trata del artículo 2 inciso b de la Ley de Contratación Administrativa, que fue derogada con la entrada en vigencia de la LGCP.
Banco Central, Asamblea y Poder Judicial
La figura permitía exceptuar de concursos públicos las contrataciones con sujetos de derecho internacional público. En el proyecto, el BCIE participó en calidad de inversor, como parte de un esquema de financiamiento de la construcción y se dio un arrendamiento con opción de compra.
Posteriormente, en la conferencia de prensa del 29 de noviembre, Chaves manifestó que las construcciones de los edificios de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Banco Central (BCCR), “eran ilegales y esas sí las dejaron pasar”.
Ante una consulta de La Nación, Alfredo Aguilar de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, indicó que el contrato de fideicomiso inmobiliario suscrito entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica (BCR), para la construcción del nuevo edificio, “poco tiene que ver con el proyecto de Ciudad Gobierno”.
“Siempre vamos a encontrar una norma adicional, el artículo 67 por sí solo, no es fundamento suficiente, para encargar directamente a un tercero, el diseño y la construcción de obra pública en un terreno público, por iniciativa de la administración.
“Hay que sumarle algo más, en este sumarle algo más, normalmente vamos a encontrar un fideicomiso o algún tipo de figura, o bien la utilización de un procedimiento de excepción”, explicó.
Asimismo, en el refrendo del Contrato, la Contraloría señaló que la contratación específica con el BCR se amparó en lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, la cual habilitaba la celebración de contratos sin concurso, a dos o más entidades de derecho público.
El reclamo del Ejecutivo, respecto a la obra contratada por el Banco Central, tiene que ver con la denegatoria dictada por la Contraloría en 2017, por considerar innecesaria una autorización para contratar en forma directa el arrendamiento con opción de compra de infraestructura ubicada en Barrio Tournón.
La Contraloría mantuvo su criterio y destacó la advertencia de aquel momento, de que en caso de decidir comprar el inmueble, el BCCR tendría que presentar la solicitud al órgano.
Igualmente, descartó que las condiciones de este caso puedan aplicarse a Ciudad Gobierno, ya que este último, se pretende desarrollar en terrenos que son propiedad del Estado y en el proyecto existe una “indefinición por completo inaceptable”, respecto a si los bienes serán transferidos al patrimonio del país, una vez concluido el contrato con el BCIE.
“(...) la condición de no transferencia del bien al finalizar el contrato ni siquiera resulta jurídicamente viable, ya que implicaría otorgar a un sujeto de derecho internacional público un derecho permanente sobre una propiedad del Estado”, menciona el órgano contralor.
Contradicciones sobre la transferencia del complejo
Tanto el BCIE como el gobierno de la República, han indicado que el Estado arrendará las edificaciones de Ciudad Gobierno por un periodo de 25 años y que llegado ese momento, se procederá a la transferencia.
El modelo empleado se denomina BOLT (construir, operar, alquilar y transferir), por sus siglas en inglés, de acuerdo con un comunicado del BCIE, del 28 de febrero del presente año.
Empero, un memorando del 1 de setiembre del BCIE, analizado por la Contraloría, mediante el cual se remiten los términos y condiciones para ejecutar el Proyecto Ciudad Gobierno, no hace referencia a que las obras vayan a pasar a manos del Estado al terminar el contrato.
El documento de cinco páginas, según transcribe la Contraloría, indica que “(...) la transferencia de propiedad al final del contrato se determina que no se efectúa porque es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción de la contratación.
“Es decir, es una condición posible pero depende del contexto que el Gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario, sea porque se pueda impulsar mejoras al complejo, las prórrogas tácitas que permitan gestionar la operación y mantenimiento del complejo, o bien la transferencia de los inmuebles del contrato”, indica.
La Contraloría, en su resolución del 27 de noviembre, fustiga la decisión de suprimir la transferencia de bienes, por considerar que “le imprime incertidumbre” e “inseguridad” al proyecto.
“(...) lo aleja de la solución definitiva para resolver el pago de alquileres, objetivo que el Poder Ejecutivo califica de prioritario, porque mientras las construcciones no pasen a manos del Estado se tendría que seguir pagando sumas de dinero por la ocupación de los nuevos edificios”, advierte.
El complejo inmobiliario pretende agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes, las cuales abarcarán tres cuadras al oeste de plaza González Víquez, y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica, al sur de San José.