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El Gobierno finalizará su mandato sin ver arrancar la sectorización del transporte público que lleva más de 26 años varada.
Si bien desde el 2022 se anunció que se retomaría el plan e incluso, ya se contaba con tramos donde arrancarían un piloto, actualmente no existe una fecha prevista para el inicio.
El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, alegó que aunque ya cuentan con los esquemas operativos, aún no se tienen las tarifas, una gestión que recalcó, le corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Es importante que la Aresep le ponga al acelerador por cuanto una integración de servicios va ligada directamente a una integración de tarifas y sin lo uno no vamos a lograr lo otro”, insistió Ávila.
Agregó además, que actualmente trabajan con la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, en una cooperación relacionada con la intermodalidad y la modernización del transporte público, a fin de integrarlo a otros planes como el tren eléctrico.
Esa iniciativa, dijo, incluye el diseño del plan de sectorización y, adicionalmente, ese organismo facilitaría la agilización del modelo tarifario.
Según Ávila, actualmente cuentan con los estudios técnicos para los cuatro sectores que se había anunciado el año pasado, serían los primeros en arrancar.
Interconexiones entre los distintos medios
Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el jerarca también reconoció la necesidad de trabajar en otros sistemas, que permitan a los usuarios realizar las interconexiones entre los distintos medios de transportes, a fin de lograr una intermodalidad efectiva.
La intención, precisó, es que esos modelos estén listos en un plazo máximo de dos años. La propuesta incluye el uso de aplicaciones donde los usuarios puedan saber cuáles son las rutas y los medios disponibles para ir de un punto a otro.
“Todo eso lo hemos estado trabajando a través del apoyo de la Unión Europea; GIZ nos está ayudando con el diseño, no solo de estaciones intermodales y los puntos de interconexión, sino también pensar en el prediseño de las rutas de transporte público para que esas sean alimentadoras, que es lo que el tren necesita”, agregó el viceministro.
En esa misma audiencia, el ministro de Obras Públicas, aseguró que la idea es que el tren eléctrico se convierta en la columna vertebral del transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM).
La Nación envió consultas a la Intendencia de Transportes de la Aresep, para conocer las razones por las cuáles no se ha logrado completar el esquema tarifario. Así como los plazos previstos para entregar dichos mecanismos de cobro, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo una respuesta.
Yerros en el camino
El plan de sectorización, por el que los usuarios llevan más de dos décadas esperando, pretende optimizar las operaciones, reducir la cantidad de buses que ingresan a la capital y mejorar los tiempos de viaje para los pasajeros, mediante la implementación de sistemas con rutas “alimentadoras” y “troncales”.
Las primeras son las que trasladarían a los usuarios desde los barrios en los cantones de San José hasta puntos llamados “nodos de alimentación” y las segundas las que los llevarían de ahí hasta el centro de la capital.
Para lograrlo se requiere unificar rutas, mediante la agrupación de las empresas de buses en consorcios y ajustes en esquemas tarifarios. Así como cambios en la infraestructura urbana y vial donde se deben construir las paradas de buses que servirán como intercambiadores.
A lo largo de más de dos décadas, el proyecto ha enfrentado problemas que incluyen desacuerdos con los autobuseros, cambios en las estimaciones de demanda necesarias para fijar las tarifas y el abandono de rutas por parte de empresas que aseguran que la operación dejó de ser rentable. Todo eso ha obligado a recalcular los estudios.
La Cámara de Transportes por su parte, aseguró a finales del año pasado que desde que se firmó el decreto han venido cumpliendo las etapas que establecía el proceso, como lo fue el agrupamiento de las compañías.
Sin embargo, reclamaron que de parte del Poder Ejecutivo no se han cumplido todas las “condiciones habilitantes” relacionadas con la infraestructura, que reflejen una priorización en el modelo de transporte público.
Asimismo, calificaron como urgente la necesidad de definir los esquemas de integración tarifaria para asegurar que los usuarios no deban hacer dos pagos a la hora de realizar los trasbordos.
