La Junta de Adquisiciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó el martes 28 de abril de 2026 la implementación de su red de quinta generación (5G) a la empresa sueca Ericsson, quien asumirá el desarrollo de esta tecnología que la marca Kölbi comercializará de forma masiva en el país.
Según el ICE, el costo final de la adjudicación se situó $100 millones por debajo del presupuesto planeado originalmente, el cual el ente estimó en $250 millones.
Por su parte, la compañía Coasin-Nokia recibió la adjudicación para proveer los equipos y servicios de conectividad de las radiobases institucionales. El Instituto proyectó que este nuevo despliegue tecnológico se implementará de manera total en los próximos 12 meses.
La nueva infraestructura contará con una arquitectura denominada Open-Ran Stand-Alone.
Este sistema permite la participación de múltiples fabricantes para brindar servicios y equipos, con el fin de eliminar la dependencia hacia una sola empresa, según el ICE.
Marco Acuña, presidente de Grupo ICE, informó que la inversión total en el ecosistema de telecomunicaciones superó los $220 millones. El jerarca señaló que también aumentaron 23 veces la conectividad internacional mediante el cable submarino TAM-1.
El ICE resaltó que este proceso acata lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo de 2023 respecto al Convenio de Budapest.
Amplio antecedente de polémicas con China
La adjudicación se ha visto influenciada por las tensiones entre China y Costa Rica. El gobierno de Rodrigo Chaves se ha mostrado completamente afín a Donald Trump.
Uno de los episodios más polémicos fue el decreto del Ejecutivo que condicionó la participación en el despliegue de redes 5G a empresas de países firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, excluyendo a China.
- Comando Sur
En agosto del 2023, la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, manifestó en una visita a Costa Rica su preocupación por el eventual uso militar que China podría dar a inversiones en infraestructura estratégica en América Latina.
La militar mencionó proyectos vinculados con puertos de aguas profundas, redes 5G, cibertecnología y cooperación espacial, además de que cuestionó las intenciones del país asiático al involucrarse en ese tipo de iniciativas en la región.
La reacción china no se hizo esperar. Su embajada en Costa Rica respondió que los países latinoamericanos “no son el patio trasero de Estados Unidos”y criticó la histórica influencia de Washington en la región bajo la llamada Doctrina Monroe.
- Convenio de Budapest
Las tensiones continuaron cuando el gobierno de Rodrigo Chaves emitió un reglamento, vía decreto ejecutivo, que condiciona la participación en el despliegue de redes 5G a empresas provenientes de países firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.
China no forma parte de ese tratado, lo que en la práctica excluye a empresas de ese país.
El debate en Costa Rica giró rápidamente hacia la empresa tecnológica china Huawei, uno de los principales proveedores globales de equipos de telecomunicaciones.
En diciembre de 2024, el presidente Chaves anunció una denuncia penal contra Huawei por supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
La denuncia también incluyó a Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica.
- Visas
El debate sobre la red 5G también habría desembocado en el retiro de visas a figuras políticas. Los primeros en sufrir esta medida fueron las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, entonces integrantes del Partido Liberal Progresista (PLP), y posteriormente Francisco Nicolás y Vanessa Castro, de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Las cuatro figuras tienen en común que el presidente Rodrigo Chaves los ha acusado públicamente de favorecer los intereses de Huawei en el debate sobre la implementación de la red 5G.
El 4 de setiembre de 2025, Washington oficializó una política para restringir la entrega de visas a ciudadanos centroamericanos —incluidos costarricenses— que colaboren con el Partido Comunista Chino.
Meses antes, la embajadora china en Costa Rica, Wang Xiaoyao, había denunciado que Estados Unidos utilizaba la cancelación de visas como un mecanismo de presión política.