La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) reunió este miércoles a 15 candidatos presidenciales en un debate para que expusieran sus propuestas sobre cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones costarricense y atender la deuda del Estado con los distintos regímenes.
No participaron Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO); Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional (PIN); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (UP); y David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora (PT).
La sesión de la mañana inició con un primer grupo, en el que participaron Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático Social (CDS); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional; y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (CR1).
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Álvaro Ramos señaló la necesidad de migrar a una pensión básica universal, que complemente las pensiones básicas contributivas, al tiempo que mencionó que el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) debe servir como ejemplo de buenas prácticas. Igualmente, se comprometió a reconocer la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a tomar las acciones necesarias para honrar los pagos.
Ana Virginia Calzada criticó la “criminalización” de las pensiones y defendió el respeto de los derechos adquiridos, en este sentido, alegó que toda reforma “debe respetar situaciones consolidadas”. Igualmente, destacó que el Estado debe cumplir con sus obligaciones financieras y actuar como gerente del sistema de pensiones. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de reforzar la cultura del ahorro.
Ariel Robles argumentó la importancia de “no manosear” los regímenes de pensiones, por ejemplo, dijo oponerse a cualquier propuesta de unificación. Reiteró el compromiso de su partido con el descongelamiento de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR). En cuanto a la deuda del Estado, destacó la importancia de girar los recursos, mediante un modelo gradual de pago.
Para el fortalecimiento del sistema de pensiones, enfatizó en la necesidad de combatir la informalidad, como medida para evitar incrementar la edad de retiro o los aportes.
Boris Molina declaró que “el mayor ladrón de este país es el Estado”, por lo que propuso sentar las responsabilidades jurídicas contra los jerarcas “que se niegan a pagar”, por considerar que estarían violentando el deber de prioridad. “¿Por qué no los procesamos, cuando la sanción inmediata es el despido? Despidámoslos", afirmó.
Claudia Dobles alegó que hay que mejorar la competitividad nacional para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De igual forma, destacó la necesidad de combatir la evasión y elusión fiscal; analizar la posibilidad de aportes extraordinarios al régimen de pensiones; así como mejorar las condiciones de las operadoras y los fondos de pensiones, para que eleven sus rendimientos. Se comprometió a que no haya atrasos en las transferencias a Jupema y a pagar, en un plazo de tres años, la deuda del Estado con este régimen. También señaló que descongelaría el aumento por costo de vida de las pensiones
Claudio Alpízar dijo estar en contra de la propuesta de una pensión universal, por considerar que debilita el espíritu de la colectividad. Defendió la posibilidad de utilizar recursos de la actividad minera, para financiar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y las del Régimen No Contributivo (RNC), ambos administrados por la CCSS.
Douglas Caamaño mencionó como primera propuesta, el impulso de un proyecto de ley para la protección del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) de Jupema. “Hay una guerra, lo primero que tenemos que hacer es protegerlos a ustedes”, manifestó. También defendió “respetar los derechos adquiridos”.
En el segundo grupo estuvieron Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG); Jose Aguilar, de Avanza; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL); Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM) y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC).
Eliécer Feinzaig expuso su propuesta de migrar el IVM de un régimen de reparto, a uno de cuentas individuales, en el que los aportes del Estado, patrono y trabajador, entren a una cuenta a nombre de la persona, de manera que cada cotizante le pueda dar seguimiento a sus recursos. Mencionó que si bien el PLP no apoya la minería a cielo abierto, la extracción ilegal del oro en Crucitas “nos va a obligar” a sacar ese recurso para “poder limpiar ese lugar y usar esos recursos para fondear las pensiones”. Se manifestó a favor de pagar la deuda de la CCSS, pero posterior a la realización de una auditoria, para determinar el monto. También dijo estar a favor de cerrar o vender instituciones para mejorar el funcionamiento del aparato estatal.
Fernando Zamora mencionó que como primera medida impulsaría una directriz y un proyecto de ley, para que todos los recursos del presupuesto que son subejecutados vayan directamente al pago de la deuda del Estado con la CCSS. Promovió el establecimiento de una pensión consumo, pero señaló que esta no conlleva ningún aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Jose Aguilar enfatizó en la necesidad de corregir las causas estructurales detrás de la caída en las cotizaciones como las barreras para la generación de empleo, entre ellas la exclusión educativa, las cargas regulatorias y la falta de opciones de crédito. Abogó por la explotación del gas natural y el oro, como una fuente para financiar “el desastre que tenemos en seguridad y, también, invertir en pensiones”.
Juan Carlos Hidalgo explicó que el primer elemento que se debe atacar es la alta informalidad, por lo que promovió la reducción de las cargas sociales. Si bien exceptúo de este plan las contribuciones que financian la CCSS, sí dijo que recortaría las destinadas a los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Otra de sus propuestas es la de separar la administración de los seguros de salud (SEM) y pensiones (IVM) de la CCSS, para que cada uno tenga su propia junta directiva. Igualmente, subrayó la importancia de fomentar el ahorro.
Luz Mary Alpízar hizo énfasis en la importancia de sostener la tasa de nacimiento para garantizar las cotizaciones y de brindar opciones de cuido a las mujeres, para que se puedan insertar al mercado laboral. Igualmente, llamó la atención sobre el deber del Estado de inspeccionar los centros de trabajo, para que se estén reportando las planillas como corresponde.
Marco Rodríguez destacó el fortalecimiento de la educación financiera y la consolidación de la inversión extranjera directa, como mecanismo para generar fuentes de empleo dignas. En cuanto a la deuda del Estado con la CCSS, indicó que los estudios actuariales son necesarios para determinar el monto específico de la deuda, pero se comprometió con saldar el faltante.
Ronny Castillo señaló que promovería un arreglo de pago con la CCSS y que los recursos los obtendría de la emisión de bonos respaldados por el Estado. La idea es que este bono sea perpetuo, que la deuda quede en cero y que tengamos la oportunidad, cada cinco años, de generar un proceso de amortización. Igualmente, defendió la posibilidad de que el IVM cuente con una junta directiva independiente del SEM.
Walter Hernández destacó que negociaría la deuda con la CCSS y abogó porque se destine un porcentaje de todos los empréstitos a cubrir la morosidad con la seguridad social. Dijo estar a favor de una pensión consumo, para que el 1% que se paga por IVA, se detine a una cuenta cedular, individualizada para cada persona, para que los recursos se vayan acumulando con el tiempo, para financiar una pensión futura.