Las debacles de los fondos de pensiones del IVM y el Poder Judicial sucederán prácticamente en el mismo periodo e implicará, en caso de que no se realicen reformas en los próximos años, que el Estado costarricense ―los contribuyentes― cubran el hueco de ambos sistemas.
Entre 2047 y 2050, la reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se agotarán, según los más recientes estudios actuariales de ambos sistemas de jubilación.
Si se materializa ese escenario, corresponderá al Ministerio de Hacienda aportar el dinero necesario para el pago de pensiones. En el caso del IVM, el primer año de déficit actuarial ascendería a ¢2,36 billones. Mientras que el monto en el Poder Judicial rondaría los ¢173.564 millones.
Después de ese primer momento, el desequilibrio actuarial se profundizará rápidamente en ambos regímenes, según muestran las estimaciones. Por ejemplo, al cuarto año de caer en un resultado negativo, el requerimiento de recursos del IVM, fondo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sería equivalente a la mitad de la producción actual del país, o sea, ¢21,3 billones.
En el caso de las pensiones judiciales, el desbalance ascendería a ¢1 billón el cuarto año, según el estudio actuarial del 2023. En el informe del 2024 no se hizo pública la proyección tal como lo ordena la Superintendencia de Pensiones (Supén).
El requerimiento de dinero extra ocurre porque el aporte de los trabajadores, patronos y el estatal no alcanzan para pagar a las personas jubiladas.
La obligación estatal de respaldar estos fondos de jubilación se dicta en el artículo 177 de la Constitución Política. Si se produce el déficit, el Poder Ejecutivo deberá incluir los recursos en el Presupuesto Nacional.
Medidas urgentes
La Supén explicó a La Nación que los estudios actuariales identifican los riesgos de sostenibilidad y brindan orientación para la toma de decisiones de reformas para garantizar el pago de prestaciones a los actuales y futuros.
La entidad fiscalizadora consideró de forma urgente afrontar cambios en el IVM porque las reformas “no tuvieron el impacto requerido o no resultaron suficientes”. El último cambio empezó a regir en enero del 2024 y eliminó el adelanto de pensión para los hombres y lo elevó en las mujeres de 60 a 63 años.
La Superintendencia discrepa de la posición de la Junta Administradora de las pensiones judiciales de valorar la salud del régimen como si fuera el IVM. Sin embargo, este es un sistema universal y solidario, mientras que el del Poder Judicial es un régimen institucional, precisó la Supén.
Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, comentó que ningún sistema de pensiones debería pasarle la factura de su desbalance a la población en general mediante una mayor carga de impuestos o mayores tasas de interés para financiar la deuda pública.
“El caso del fondo de pensiones del Poder Judicial es aún más preocupante pues quienes se benefician de ese régimen son un puñado de trabajadores, comparado con el IVM. Esto significa que este régimen (Poder Judicial) no debería ser deficitario a menos de que se le retire la garantía estatal”, recalcó el exfuncionario.
Robles agregó que las reformas en ambos fondos de jubilación se han quedado cortas o incluso fueron en contra del mismo régimen, como es el caso de autorizar la pensión anticipada o reducir la edad de retiro sin indicar de dónde saldrán los recursos para financiar los beneficios.
Al cierre del 2024, las pensiones de la Corte tenían un déficit actuarial de ¢787.151 millones, es decir un 24% más frente al 2023. Además contaba con 4.236 personas pensionadas y 13.983 empleados activos, ambos grupos cotizan en el sistema.
En el caso del IVM, el hueco actuarial es de ¢74,6 billones. Tiene 378.309 jubilados, 1,7 millones de trabajadores y 78.000 patronos.
‘Es imposible’
¿Puede el Estado costarricense aportar el faltante de dinero para ambos regímenes? Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, fue enfático: “Es imposible, sin un aumento de ingresos importante, poder cubrir esos montos“.
El funcionario agregó que es fundamental para el país gestionar una reforma integral a los regímenes básicos. A la vez, criticó a la Asamblea Legislativa por aprobar una reforma para el anticipo de la pensión, a los 55 años, para los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta iniciativa fue vetada por el mandatario Rodrigo Chaves.
Pese a la crítica de Acosta, la actual administración no ha impulsado cambios legales en los fondos de jubilación y, de hecho, dejaron de participar en la mesa de diálogo para fortalecer las pensiones convocada por la Supén, en agosto del 2024.
En marzo pasado, el informe Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2030, hecho por Hacienda, advirtió de que la materialización de los déficits en el IVM y el régimen del Poder Judicial resultaría en una situación bastante crítica para el país.
“Es urgente que los órganos encargados de su administración tomen las medidas necesarias para dotar a los regímenes de equilibrio financiero en el mediano y largo plazo”, se indicó.
Acciones a medias
Sobre la posibilidad de impulsar cambios legales, la Junta Directiva de la CCSS acordó, a mediados de abril, la formación de un equipo técnico intersectorial que planteará propuestas para fortalecer el IVM. El grupo se reúne de forma mensual y el objetivo es finalizar el análisis en octubre próximo.
En febrero pasado, trascendió un documento elaborado por la CCSS que plantea elevar la edad de pensión de 65 a 70 años.
Además, se propone modificar el monto de la pensión para que las personas reciban un monto equivalente al 40% del promedio salarial de su vida laboral, en vez del rango actual, que va del 43% al 52,5%.
En el caso del régimen del Poder Judicial, la Junta Administradora no ha impulsado ninguna de las reformas planteadas por estudios actuariales entre 2019 y 2024 porque iban en contra del ordenamiento jurídico, informó la entidad por escrito a este diario.
El órgano aseguró que actualmente se analiza una iniciativa legal a lo interno de la institución.
“Es importante destacar que días atrás, este cuerpo colegiado estimó oportuno realizar otro tipo de modificaciones al régimen, las cuales se encuentran en análisis a lo interno de Corte Plena”, indicó el órgano sin ahondar en los cambios.
Además precisó que uno de los cambios más profundos ocurrió en la política de inversiones. La entidad decidió, desde el 2021, invertir parte de los recursos administrados en el mercado internacional.