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La celebración de los 204 años de la Independencia nos colocó frente a un espejo que reflejó con crudeza la violencia y la polarización en que se ahoga el país.
En Quepos, un desfile terminó con un policía baleado y otro herido por un botellazo, a pocos metros de los niños que marchaban con sus liras y banderas.
En Alajuelita, un joven fue asesinado a balazos a 500 metros del sitio donde se realizaba el desfile de faroles.
En Alajuela, varios estudiantes se enfrentaron a sillazos y patadas en un centro comercial después de los actos patrios.
En Peñas Blancas, en la carretera Interamericana, frente a familias que esperaban la Antorcha, un imprudente motociclista fue atropellado al hacer una fallida acrobacia.
Y en el acto oficial del 15 de setiembre en San José, la vicepresidenta Mary Munive sustituyó al mandatario ausente con un discurso cargado de hostilidad, en el que no dudó en tachar de “filibusteros” a los opositores, echando más leña a la confrontación política desde el poder.
La violencia ya no es un fenómeno confinado a las disputas entre narcotraficantes; se desbordó y permea todos los espacios de convivencia. Se reproduce en los hogares, donde la agresividad intrafamiliar sigue en aumento, con más de 20.000 denuncias por año, y los casos de abandono y agresión de menores superan por mucho los 100.000 al año.
Aparece en los vecindarios, donde un conflicto cotidiano puede escalar hasta tragedia, como en Escazú, cuando un condómino asesinó a otro por una paja de agua, en junio del año pasado. Penetra en escuelas y colegios, donde el bullying escala hasta golpizas y amenazas con armas. Se adueña de las carreteras, convertidas en escenarios de furia y peleas entre conductores atrapados en presas. Y hasta alcanza los actos cívicos que deberían unirnos bajo una misma bandera.
Esta crispación tiene nutrientes. La ola de homicidios causada por la gran penetración del narcotráfico y el sicariato es uno de ellos. En lo que va de este año, ya se contabilizan más de 600 asesinatos, con proyecciones que advierten de un cierre cercano a los 900, una cifra nefasta para un país que se enorgullece de su tradición pacifista. Esa violencia cala en la vida diaria y resulta un mal ejemplo, pues normaliza el resolver los conflictos con agresión.
Es necesario advertir, una vez más, que el lenguaje ofensivo y polarizante que emana desde la Casa Presidencial también actúa como combustible. La descalificación, el insulto, el odio y la grosería se han convertido en armas de poder para atacar públicamente a empleados públicos, sindicalistas, magistrados, jueces, fiscales, diputados, periodistas o cualquier voz crítica, con el claro efecto de sembrar la idea de que toda discrepancia es enemiga y un obstáculo por derribar.
Ese estilo se filtra en la sociedad y se legitima como forma válida de reacción frente al desacuerdo. El Informe de Naciones Unidas sobre discursos de odio confirma que, a agosto de 2025, Costa Rica superó los 2,1 millones de mensajes de odio en redes sociales, un aumento del 400% desde 2021. Crecieron los ataques contra instituciones públicas, mujeres en espacios de poder, población LGBTIQ+ y medios de comunicación.
El odio se convirtió en discurso cotidiano, amplificado por las redes sociales y replicado en la calle. Cuando el poder insulta, la sociedad lo imita. A diferencia de otras épocas, la violencia ya no queda en los testimonios o las versiones, sino que se graba y se viraliza.
Los disturbios en Quepos, los sillazos en Alajuela, la riña en el mall y los enfrentamientos en desfiles quedaron registrados por los celulares de los asistentes y fueron difundidos masivamente en redes sociales. Esos videos cumplen una doble función: por un lado, de denuncia, pero por otro, tienen el peligroso efecto de la normalización.
Las consecuencias son gravísimas. Una generación entera está creciendo con la violencia como parte natural de su entorno y con una preocupante pérdida de la capacidad de indignarse. Además, lo que debería ser motivo de alegría o convivencia, como asistir a un desfile de faroles, presenciar a las bandas estudiantiles o, simplemente, visitar un centro comercial, se transforma en un riesgo latente. Esa realidad nos condena a vivir con miedo, pendientes no solo de nuestra propia seguridad, sino también de la de nuestros seres queridos, y termina erosionando la confianza que sostiene la vida en comunidad.
Frente a esta violencia, debemos rescatar la proclama de nuestro Himno Nacional: “Bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz”. Ese es el espejo en el que debemos reconocernos como costarricenses. La paz no puede quedar reducida a una frase solemne, sino transformarse en un compromiso que prevalezca sobre la agresión y el odio.
Esa es la lucha tenaz que les corresponde a los padres inculcar en los hogares; a los maestros en las escuelas; a los ciudadanos en las calles, y a los gobernantes en cada discurso y decisión, para que de ese modo se cumpla el último verso de nuestro Himno. El más importante.
